La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) no consigue mudarse. Las obras de su nueva sede, paralizadas por la licitación del proyecto entre los años 2015 y 2018 por parte del entonces Ministerio de Fomento en manos de Ana Pastor primero, e Íñigo de la Serna después, han obligado a este organismo público a mantener el alquiler de su actual emplazamiento, lo que ha conllevado, según reconoce la propia compañía, en un coste adicional de más de 14 millones de euros.
Este organismo se constituyó en octubre de 2008 y tuvo como sede inicial las dependencias del Ministerio de Fomento en el Paseo de la Castellana. Apenas unos meses después de su puesta en marcha, "por problemas de espacio", tal y como asegura la institución, se propuso el cambio de sede a dos plantas del edificio de General Perón 40, en manos de Mapfre.
Fue en diciembre de 2009 cuando se formalizó este contrato de arrendamiento con una duración de diez años, lo que situaba la fecha de vencimiento el 31 de diciembre de este año. Pese a ello, el contrato garantizaba al arrendador una duración mínima de cinco años que venció en 2014. Mediante este acuerdo, se establecía una renta anual de 2,6 millones de euros más IVA que se revisaría con el IPC cada año.
En 2014, cuando se cumplía el periodo mínimo de permanencia en esta sede, se decidió trasladar las oficinas a un edificio de titularidad pública con el fin de ahorrar costes. La ubicación elegida fue el antiguo Ministerio de Vivienda en época de Zapatero y con anterioridad sede del Iryda -Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario- ubicado en el Paseo de la Castellana 112.
En cambio, para efectuar la mudanza, antes debían realizarse unas obras de adecuación y acondicionamiento del espacio para las que se licitaron varios contratos. Servicios de estudios previos, redacción de proyectos de obras de demolición y los de acondicionamiento... todo iba correctamente, incluso las obras de derribo. En cambio, con las de adecuación comenzaron los problemas.
En primer lugar, el Ministerio de Fomento a través de la propia Aesa licitó y adjudicó el contrato de obras de acondicionamiento parcial del interior del edificio el 22 de junio de 2015 a Corsan-Corviam Construcción SA, filial del Grupo Isolux, por 5,9 millones de euros. Sin embargo este contrato fue resuelto por diversos problemas.
No fue hasta 2018 cuando se adjudicó un nuevo contrato de obras, esta vez a la compañía Vías y Construcciones SA, dependiente de ACS, por valor de 7,51 millones de euros más IVA y con un plazo de ejecución de hasta 217 días que debían haber terminado en diciembre de 2018. Según señala la propia AESA, en la fecha de finalización del informe de anual de cuentas, el pasado mes de julio, estas obras aún no habían terminado, por lo que también se habrían retrasado con respecto a lo previsto.
Según señala AESA, de hacerse cumplido los plazos previsto para la ejecución de las obras, las oficinas se debían haber trasladado a la nueva sede en febrero de 2016. Ante la imposibilidad de hacerlo, Seguridad Aérea se ha visto obligada a aumentar el periodo de alquiler en su ubicación actual lo que, según reconocen, ha supuesto unos costes de 14,38 millones de euros si se tiene en cuenta desde el momento en que debían haberse mudado hasta el cierre de este ejercicio.
Además, desde la formalización del contrato de arrendamiento en 2009 y contando con los pagos hasta final de este ejercicio, Aesa habrá desembolsado 37,3 millones al propietario del inmueble, Mapfre Vida.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios