La Fiscalía Anticorrupción sigue sin estar de acuerdo con la decisión del juez Manuel García Castellón de archivar el 'caso Villarejo' con respecto a Repsol, CaixaBank, Antonio Brufau e Isidro Fainé. Tal y como hizo hace casi un año, el Ministerio Público ha impugnado la última resolución del magistrado de la Audiencia Nacional por la que se exonera a los dos compañías del Ibex 35 y a los máximos responsables de las mismas en el momento de la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo. En esta ocasión, los fiscales asignados a la macrocausa reprochan al instructor que haya asumido los argumentos de los representantes de ambas empresas sin comprobar que realmente sus controles internos de prevención de delitos no funcionaron y que los presidentes de la petrolera y del banco estuvieron al tanto de los trabajos de espionaje que en 2011 realizó al agente encubierto para frenar el pacto alcanzado entre Sacyr Vallehermoso y la mexicana Pemex.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, acordó -por segunda vez- el pasado 2 de junio el cierre de la pieza separada número 21 de la macrocausa 'Tándem', dejando la responsabilidad de la contratación del Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo, en los que fueran jefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank. El magistrado llegó a esta misma conclusión el verano pasado, si bien la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ordenó reabrir el procedimiento y volver a imputar a Brufau y Fainé, debido a que faltaban una serie de diligencias por practicar, que solicitaron Anticorrupción y las acusaciones ejercidas por Podemos y el expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero.
Gran parte de esas diligencias se centraban en la toma de declaración de los jefes de Auditoría Interna de Repsol y CaixaBank, así como al 'compliance' de la petrolera, encargado de velar por el cumplimiento normativo de la empresa. Tras escucharles, el juez García Castellón retomó su intención inicial y volvió a decretar el fin de la instrucción manteniendo sus decisiones: archivó la investigación con respecto Brufau, Fainé, Repsol y CaixaBank; y procesó al comisario jubilado Villarejo; a su socio, Rafael Redondo; a los responsables de Seguridad Corporativa de la dos empresas, Rafael Araujo, Rafael Girona (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank); y al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) -encargado de hacer seguimientos y vigilancias policiales- Enrique García Castaño, quien ha solicitado el sobreseimiento de todo el 'caso Villarejo' tras sufrir un ictus.
El magistrado apoyó su resolución en las declaraciones de los últimos testigos y aseveró que lo manifestado por los responsables de auditoría y cumplimiento normativo de las empresas imputadas no permitía mantener la imputación del presidente de Repsol, Antonio Brufau, y del actual presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé. Según el juez instructor, "no hay indicios ni sospechas", ni soporte documental, que acredite que la orden de contratar con Cenyt partiera de los 'primeros espadas' de las compañías o que ambos hubieran sido informado de los detalles y resultados de los encargos. Asimismo, destacó que no hay "género de dudas" de que tanto la petrolera como el banco contaban, en el momento de la contratación de las empresas de Villarejo en 2011, con un modelo de prevención de delitos, cumpliendo así con los requisitos previstos en el artículo 31 bis del Código Penal.
Información sobre "cuestiones personales"
Anticorrupción no comparte las tesis del juez instructor. En el recurso con fecha del pasado 10 de junio, al que ha tenido acceso La Información, los fiscales -que solo impugnan los archivos de las compañías del Ibex, de sus presidentes, y del exsecretario del Consejo de Administración de Repsol Luis Suárez de Lezo- aseguran que tanto Brufau como Fainé fueron informados de los trabajos desarrollados por el polémico policía para obtener datos relativos al pacto sellado entre Sacyr y la empresa pública mexicana Pemex con el objetivo de hacerse con el control del Consejo de Administración de Repsol. No obstante, según destaca la Fiscalía, esta información excedió de los "aspectos económicos, financieros o mercantiles" del acuerdo y se extendió a "otras cuestiones personales de Luis del Rivero que a priori nada tenían que ver con el movimiento empresarial realizado junto a Pemex". Cabe recordar que en el sumario de la causa consta el tráfico de llamadas del expresidente de Sacyr, así como de su círculo más cercano.
La investigación se extendió a "otras cuestiones personales de Luis del Rivero que a priori nada tenían que ver con el movimiento empresarial realizado junto a Pemex", señala Anticorrupción.
En este sentido, Anticorrupción subraya que el jefe de Seguridad de Repsol -quien en su última declaración admitió la responsabilidad de la contratación de Villarejo- fue comunicando de todos los detalles del encargo a Suárez de Lezo y a Brufau. "Por lo tanto, cabe razonablemente entender, ya en esta fase procesal, que Antonio Brufau Niubó y Luis Suárez de Lezo no quedaron al margen -sino que tuvieron una activa participación- del encargo realizado al investigado José Manuel Villarejo Pérez, cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, para llevar a cabo la investigación sobre Luis del Rivero", remacha.
Para sostener esta afirmación, el Ministerio Público destaca que de uno de los documentos de Villarejo, que obra en el sumario de la causa, denominado 'Charla 2.11.11', se desprende el interés que Brufau tenía sobre el desarrollo de lo que Villarejo denominó como 'proyecto Wine' y por el que se le abonó un total de 413.600 euros. Dicho informe sería una especie de acta de una reunión celebrada el 2 de noviembre de 2011 entre los jefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank con un representante de Cenyt "para examinar cómo marchaba la investigación" que se centró en Del Rivero. "Pues bien, en dicho documento se hace constar cómo Antonio Brufau se mostraba interesado por el contenido de la investigación contratada al Grupo Cenyt, informándose de manera directa a través del investigado Rafael Araujo", relata la Fiscalía.
Lo mismo apunta Anticorrupción sobre Fainé, a quien le atribuye un "seguimiento personal" del encargo a las empresas del comisario jubilado, según también se deduce del mismo documento, que fue intervenido en el domicilio de Rafael Redondo, la 'mano derecha' de Villarejo en Cenyt. Con todo ello, los fiscales enfatizan que "en la génesis de la contratación conjunta de Cenyt se encontraba el acuerdo de los presidentes" de Repsol y CaixaBank, esta última entidad como primer accionista de la petrolera en el momento de los hechos investigados. Por todo ello, la Fiscalía solicita a la Sala de lo Penal que ordene continuar el procedimiento contra Brufau, Fainé y las empresas contratantes.
Incumplimiento de la normativa
Por otro lado, a lo largo de 83 páginas, la Fiscalía también analiza los argumentos expuestos por García Castellón sobre la responsabilidad de las empresas como personas jurídicas y afea que el juez instructor se haya limitado a "hacer suyas, de manera acrítica, las manifestaciones realizadas por las personas encargadas de defender el modelo de prevención de delitos de la compañía, algunas de las cuales, además, resultan contradictorias". En este punto, los fiscales destacan que efectivamente ambas compañías tenían implantado en 2011 un sistema de cumplimiento normativo, si bien, a su juicio, los controles no funcionaron con la efectividad esperada, en contra de lo que afirmaron los auditores de Repsol y CaixaBank y el 'compliance' de la petrolera.
Según los representantes del Ministerio Público, que además sospechan de que los servicios de Villarejo se pagaron de manera fraccionada, señalan que tanto Repsol como CaixaBank incumplieron su respectiva normativa interna de contratación y compras. En el caso de la petrolera, indican que el contrato de Cenyt "fue aprobado por quien, atendiendo al importe, no tenía el nivel adecuado para hacerlo". Asimismo, recalcan que el procedimiento se concentró en una "única persona", incumpliendo así los planes de prevención; sin la intervención de la unidad de compras; y realizando una adjudicación de un servicio a un proveedor que no estaba "previamente calificado". En cuanto a CaixaBank, Anticorrupción señala que tampoco hay pruebas que demuestren que se cumplimentara "adecuadamente" la "necesaria" verificación de los servicios prestados por las empresas del agente encubierto para que el departamento de gestión financiera pudiera autorizar su pago.
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