La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha firmado este martes un decreto por el que se acuerda la incoación de diligencias de investigación para poder canalizar todas las actuaciones que a partir de este momento puedan surgir relacionados con la invasión de Ucrania por las tropas rusas. Así, ha encomendado al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, la dirección de las diligencias necesarias para concretar la entidad delictiva de los hechos, ya que "nadie puede dudar de la existencia de víctimas de nacionalidad española".
Delgado, que este sábado mantuvo una reunión con la fiscal general de Ucrania y analizaron una posible cooperación jurídica, recuerda en el decreto que el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial otorga la competencia de los tribunales españoles para conocer los distintos hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, haciendo hincapié en la reforma que hizo el PP en 2014 de dicho precepto relativo al acceso a la Justicia Universal -avalada por el TC en 2018- "supuso una restricción a las facultades" de los órganos judiciales "para luchar contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional".
Así, la fiscal general subraya que, desde entonces, la LOPJ prevé la competencia de la jurisdicción española para "conocer de los delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas". No obstante, advierte de que no se hace referencia expresa al "carácter nacional de las posibles víctimas", lo que "no deja de ser, en el fondo, una ausencia o laguna que debe integrarse de conformidad con el espíritu de la norma y, sobre todo, de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por España".
"En el presente caso nadie puede dudar de la existencia de víctimas de nacionalidad española, y es precisamente por ello que su identificación y la determinación y concreción de los hechos que les afecten", afirma Delgado, que no ve obstáculos que impidan una posible investigación preprocesal. Y es que, según indica, "la tutela y defensa de sus intereses, solo se puede realizar a través de los cauces que las normas nos otorgan: las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal". En este sentido, la máxima responsable de la Fiscalía señala que esta vía es el "instrumento idóneo para asegurar y canalizar la asistencia a las autoridades ucranianas y la de otros países afectados por la guerra y en similar situación, permitiendo recopilar elementos de prueba que puedan ser usados en investigaciones de todo tipo".
Las diligencias de investigación incoadas tendrán como objeto fundamental, explica, "comprobar los aspectos determinantes de la jurisdicción; preservar los elementos del delito; poder señalar en su caso, a las personas responsables y a las víctimas; garantizar la integridad de los elementos de prueba; constituir la vía adecuada para canalizar la cooperación internacional y la asistencia mutua que pueda ser demanda, así como transmitir y recibir información".
Violación de tratados internacionales
En el decreto dado a conocer este martes, Delgado también recalca que "la agresión que padece la nación soberana de Ucrania no solo es un acto de guerra injustificada y, por tanto, no amparado en normativa internacional alguna, sino que además de la violación de su soberanía se están originando otras violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario", como los Convenios de la Haya, de Ginebra, así como la Carta de las Naciones Unidas. "De lo visto hasta el momento presente, como hecho notorio que no requiere mayor justificación, no existe legítima defensa en el ilícito actuar de la Federación de Rusia, como tampoco autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", añade.
Por todo ello, la Fiscalía asegura que es competente para conocer los hechos que se están produciendo en Ucrania "a consecuencia de la agresión que este país está sufriendo por parte de la Federación de Rusia (...) y ello por cuanto en el país agredido residen ciudadanos españoles que están siendo víctimas, al igual que los ucranianos, del ilegal actuar de la Federación de Rusia". Cabe destacar que esta es la segunda actuación que el Ministerio Público ha puesto en marcha en relación al conflicto. Según informaron fuentes fiscales, ya se encuentra recopilando información de las causas de corrupción y organización criminal en los que se podrían haber visto involucrados ciudadanos rusos.
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