El Gobierno está estudiando suspender algunos impuestos sobre la luz para intentar abaratar el recibo. La decisión ha sido anunciada por la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante el pleno en el Congreso de este miércoles. El proyecto, aún por definir, busca rebajar la factura que se encuentra en precios históricos durante este mes de junio, coincidiendo con el tercer día más caro. El Gobierno de coalición negocia otras medidas urgentes para conseguir el objetivo de que consumidores y empresas paguen menos, como prometió.
Ribera ha explicado que la medida supondría dejar en suspenso de forma temporal determinadas tasas, "buscando facilitar a los consumidores abonar una factura que es computable a un incremento del precio de los combustibles fósiles". Esta decisión ya la tomó el Gobierno en 2018 cuando, ante una escalada de precios, suspendió durante seis meses el impuesto a la generación eléctrica del 7%. Fuentes de Hacienda aseguraban ayer que bajar el IVA del 21% actual no se encuentra, por el momento, sobre la mesa.
El Gobierno de coalición poco más puede hacer a corto plazo para atajar la escalada del precio de la luz. Este miércoles 16 de junio alcanza el tercer registro más alto de la historia, situándose en 94,63 euros por megavatio/hora (MWh), según los datos del Operador del Mercado Eléctrico (OMIE). El dato sólo ha sido superado por los 94,99 euros/MWh que alcanzó el 8 de enero, durante el temporal Filomena, y del máximo histórico diario, registrado el 11 de enero de 2002, que fue de 103,76 euros.
La clave principal que explica esta escalada de precios de la electricidad es la carestía de los derechos de emisión de CO2 que tienen que comprar las centrales de ciclo combinado (fuel y gas) para producir, en un 'pool' en el que el precio más alto de cuántos tipos de producción se presentan cada día es el que se establece como base para que lo pagan los consumidores en sus diferentes tipos de tarifas. Mientras ese sea el modelo y el mercado de derechos del CO2 siga disparado, desde el sector tienen pocas esperanzas de que la factura de la luz baje, mucho menos con unas empresas productoras de energía enfrentadas a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. En este momento, se da la coincidencia, además, de que hay dos centrales nucleares en parada (en el calendario previsto), con lo que la aportación de esa fuente barata de energía no llega a tanto nivel como sería deseable y deja hueco para que tomen parte en el mix los ciclos combinados más caros.
La parte media de los precios la marcan las renovables y la muy baja las centrales hidráulicas y las centrales nucleares, que no necesitan derechos de emisión y que son quienes se ven directamente beneficiados de producir a 15 o 20 euros el megavatio y venderlo (por obligación) a más de 94. Voces autorizadas del sector energético, tanto del ámbito público como del privado, han reclamado un cambio urgente del sistema de fijación de precios, aunque para ello haya que negociar en Europa, dado que es un modelo similar para toda la UE.
¿Qué se está negociando para abaratar el recibo de la luz? Quien lleva la voz cantante es la Vicepresidencia cuarta que dirige Teresa Ribera. Unidas Podemos ha conseguido, por fin, negociar de forma conjunta varias medidas. Una de las modificaciones que han planteado los morados en este sentido pasa por limitar el precio que las compañías, a través de sus centrales nucleares e hidroeléctricas, pueden cobrar por la electricidad que producen. De esta forma, el Ejecutivo fijaría por contrato el coste concreto de estas tecnologías, como ya se hace en las subastas de renovables, y así se evitarían las oscilaciones actuales. La diferencia entre el precio de mercado y ese límite fijado a través de un contrato de referencia se consideraría un ingreso del sistema eléctrico que se podría destinar a abaratar la factura final. En la práctica supondría una intervención directa de la factura para evitar subidas como las actuales. Podría ser una medida temporal, apuntan las fuentes consultadas.
Otra opción que plantea Podemos al PSOE pasa por poner en marcha un mecanismo similar al Arenh francés: un instrumento para que, en el caso de la energía nuclear, las comercializadoras independientes puedan tener acceso a la cuarta parte de la producción eléctrica de EDF (en el caso del país vecino) a un precio fijo.
Frente a las voces que reclaman una especia de vuelta al "marco legal estable" que había en España hace más de dos décadas, con precios máximos de referencia y un sector cuasi intervenido desde el Gobierno, hay quienes defiende la creación de un modelo que tenga en cuenta los costes de cada tipo de energía. En ese caso, cabría la opción de agrupa por un lado a hidráulicas y nucleares, con sus activos históricos casi amortizados; en un segundo paquete de precios se puede incluir a la producción renovable (fotovoltaica, eólica, etc…); y en un tercer grupo cabrían las de mayores costes, que dependen del carbón, el gas y el coste de los derechos de emisión para producir energía. Fuentes del sector aseguran que sólo si se hace una media ponderada de los tres niveles en virtud de lo que aporten cada día al sistema, el precio de la luz sería más bajo que ahora y, seguramente, más acorde con la realidad de los costes.
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