"Nunca he hecho ni he consentido, ni he conocido, ni he dejado de ejercer la diligencia necesaria para evitar ningún hecho que fuera una irregularidad y, mucho menos, una ilegalidad en el supuesto en que se hubiera cometido", afirmó la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre a su salida de la Audiencia Nacional, el 18 de octubre de 2019, tras declarar ante el juez del caso 'Púnica'. Un caso en el que lleva investigada desde ese mismo año por la presunta existencia de una caja 'b' para costear las campañas electorales del partido regional que lideró y del que parece que va a salir indemne. La Fiscalía Anticorrupción, que solicitó su imputación, considera que la exdirigente 'popular' no puede ser procesada en esta macrocausa porque no hay pruebas de que supiera cómo se llevaba la financiación y, además, el delito ha prescrito. No obstante aún falta por conocer el criterio del magistrado instructor.
La 'Púnica', que estalló en 2014 con la detención de uno de los que fue su 'mano derecha', el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, no ha sido el único caso judicial que le ha salpicado. Varias causas de corrupción que afectan a los 'populares' madrileños se encuentran relacionadas entre sí, pero sólo ésta ha hecho que Aguirre se vea bajo la 'espada de Damocles' de la Justicia. Por ejemplo, su nombre salió una y otra vez durante la instrucción y el juicio por la primera época de actividades de la trama 'Gürtel'. "La señora presidenta opinaba y muchas veces" sobre los diversos eventos que organizó la red corrupta liderada por Francisco Correa para la Comunidad de Madrid, aseguró la administradora de varias empresas de la trama, Isabel Jordán.
No obstante, la exdirigente solo ha comparecido en este asunto -que salió a la luz en febrero de 2009- como testigo. Desde entonces, ha insistido en que ella "destapó" la 'Gürtel' "sin saberlo" cuando el extesorero del PP Álvaro Lapuerta le advirtió sobre las irregularidades que se estaban cometiendo en los municipios madrileños de Majadahonda y Arganda del Rey. Y así lo repitió también el 20 de abril de 2017 cuando fue llamada a testificar en la vista oral por este caso. Allí, sentada ante el tribunal de la Audiencia Nacional, negó todo lo que se había dicho sobre ella y enfatizó que "nunca" se ocupó de nada relacionado, ni económico ni logístico, con la organización de eventos ni actos de campaña. Sólo decidía a cuáles iba y a cuáles no por razones "políticas y de oportunidad".
Sin embargo, un día antes otra sospecha sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid había surgido, pues su 'número dos' y sucesor en la Presidencia autonómica, Ignacio González, había sido detenido como el presunto 'cabecilla' de una trama para desviar fondos del ente público de aguas Canal Isabel II. Este fue el origen del bautizado como 'caso Lezo'. Preguntada por esta noticia a su salida del juicio de 'Gürtel', Aguirre frenó las ganas de llorar y expresó ante la prensa que si González "es culpable sería un palo verdaderamente muy, muy duro". Las diligencias que conforman el sumario de esta causa -donde la acusación popular ejercida por Adade, cercana al PSOE, ha solicitado (sin éxito) en reiterada ocasiones la imputación de Aguirre- recogen la existencia de una presunta caja 'b' en la formación política regional, nutrida de las donaciones de empresarios, a cambio de adjudicaciones, muy similar a la que existió a nivel nacional en el partido, gestionada por el extesorero Luis Bárcenas.
Por ello, todas las pruebas relativas a este punto se enviaron al caso 'Púnica', donde ya se había abierto una línea de investigación al respecto, tras analizar los apuntes manuscritos del entonces gerente del PP de Madrid, e investigado, Beltrán Gutiérrez. Así, a petición de Anticorrupción, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, acordó en septiembre de 2019 imputar a los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes -ésta última exonerada desde abril de 2021-, entre otros, por la presunta financiación ilegal de las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
Sin pruebas de su "conocimiento"
En su auto, el juez García Castellón afirmó que existían "indicios racionales" de que Aguirre fue quien "ideó la búsqueda de recursos" para financiar sus campañas con el objetivo de "fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid". Ello se habría llevado a cabo con la inclusión de una cláusula para el pago de trabajos publicidad en determinadas adjudicaciones públicas. Asimismo, situó a la expresidenta en reuniones clave y le atribuyó el papel de "supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza", destacando que Beltrán Gutiérrez, Ignacio González y Francisco Granados fueron los que se encargaron de ejecutar las decisiones de su entonces jefa.
Casi tres años después, la Fiscalía Anticorrupción considera que hay pruebas que acreditan que se negoció la 'cláusula del 1%' de publicidad, pero que ello sería una cuestión a dirimir en la vía contencioso-administrativa más que en la penal. Asimismo, cree que Aguirre tenía el "control absoluto" del PP de Madrid, pero ello no es suficiente para proponer que la sienten en el banquillo de los acusados, ya que no hay indicios que demuestren que era "conocedora" de que se estarían llevando a cabo actuaciones ilegales. En este sentido, el Ministerio Público hace referencia a una charla que la expresidenta mantuvo con Ignacio González sobre "la posibilidad de haber superado el límite del gasto electoral electoral", si bien, en su opinión, ello solo permite afirmar que la exlíder de los 'populares' madrileños podía "sospechar o intuir" que se había sobrepasado el 'tope', pero que "no tenía conocimiento de cómo" sucedió. A ello, añade que en cualquier caso los presuntos delitos electorales asociados a las elecciones comprendidas entre el año 2007 y 2011 estarían prescritos.
Así las cosas, Anticorrupción subraya la declaración que prestó otra de las investigadas -y que ha manifestado su intención de colaborar con la Justicia- la cual, precisamente, años antes había apuntado directamente hacia la exdirigente madrileña. Se trata de la administradora de la 'Gürtel', que con ocasión de la 'Púnica' llegó a 'salvar' a Aguirre. Según recuerda el escrito que presentó la Fiscalía ante el juez -que solo firma uno de los tres fiscales asignados a esta macrocausa-, Isabel Jordán no incriminó a la expresidenta, sino todo "lo contrario", ya que precisó que la entonces responsable regional "nunca asistió a ninguna" de las reuniones relacionadas con las empresas de publicidad, donde "se concretaba a qué actos iría", pero no cómo se sufragarían los gastos.
Hospital Puerta de Hierro
Cabe destacar que no solo las macrocausas de corrupción han sobrevolado sobre Aguirre. En noviembre de 2021, la Fiscalía Anticorrupción solicitó en los juzgados de instrucción de Madrid la imputación de la exmandataria por la reducción "ilegal" de 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro sin el necesario procedimiento administrativo, causando así un supuesto quebranto económico a las arcas públicas superior a 10 millones de euros.
Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, Mónica Aguirre, siguió la doctrina del Tribunal Supremo, y rechazó, en tan solo unos días, incluir a a Esperanza Aguirre en este procedimiento al considerar que la posición o cargo que ostentaba en una administración, "por muy alto que este sea", no justifica la atribución de la condición de investigada por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
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