Un día ha tardado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en pararle los pies a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, después de que anunciara un nuevo permiso de siete días retribuidos para el cuidado de familiares. "El Consejo de Ministros no lo ha valorado todavía", aseguraba hoy Escrivá que sí ha querido defender un modelo de crecimiento inclusivo y sostenible.
En concreto, Belarra quiere que este permiso permita "quedarse en casa cuidando a los hijos cuando han pasado una mala noche vomitando o con fiebre", poder "pedir el día para llevar al médico a tus padres o que puedas estar con tu pareja si está enferma". "En definitiva, un permiso que dé tranquilidad a las familias cuando necesiten estar cerca de los suyos", ha indicado. Por ello, Belarra y la ministra de Igualdad, Irene Montero, proponen incluir en la Ley de Familias un permiso por cuidado retribuido de al menos 7 días y hasta 9 días al año para atender a un familiar o conviviente. En estos momentos, la legislación española contempla dos jornadas, lejos de lo planteado desde la Unión Europea, que recomienda un permiso de este tipo de 5 días al año en la Directiva 2019/1158.
Además, la propuesta elimina la exigencia actual de que se trate de una enfermedad grave para poder hacer uso de este permiso retribuido, de tal forma que podría aplicarse en los casos de la Covid. La otra medida que incluyen Derechos Sociales e Igualdad es la extensión de este permiso para cuidar a cualquier conviviente, que se sumaría al reconocido actualmente para personas en segundo grado de consanguinidad. Pero por ahora el ministro Escrivá ha declinado pronunciarse sobre el mismo.
Sí ha insistido en que para lograr un modelo de crecimiento inclusivo y sostenible el Gobierno de España llegó con "una agenda reformista muy ambiciosa" que después se ha visto afectada por la pandemia, a pesar de lo cual se han firmado seis acuerdos con empresarios y sindicatos que han dado a las partes "experiencia" y "confianza". Así, con "el énfasis en el esquema de protección de trabajadores y autónomos, lo que ha supuesto un esfuerzo fiscal considerable" pero "muy bien invertido", ha defendido el "consenso" en la reforma de las pensiones y la laboral porque "generan una dinámica muy positiva".
En el caso de la reforma laboral ha justificado la necesidad de actuar ante "una tasa de paro persistente" y "superior en 4 ó 5 puntos a la media de la UE", además de tener "enormes oscilaciones", con tasas de desempleo en ocasiones por encima del 20%, lo que genera "efectos indeseables", a lo que ha sumado un índice de temporalidad "muy superior" también al del entorno europeo.
Escrivá ha aludido además a la experiencia acumulada sobre el papel que han desempeñado los ERTE en la pandemia para la protección de los trabajadores y una recuperación del empleo más rápida, una figura que la reforma laboral mantiene con tres modalidades: de empresa, sectoriales y para una perturbación sistémica como la pandemia. Ha aseverado así que los objetivos de la reforma laboral son reducir las altas tasas de temporalidad y de precariedad laboral, que conduce a la salarial y con ella a un aumento de la desigualdad, por lo que ha considerado el SMI un mecanismo importante para la redistribución de rentas. El ministro ha destacado asimismo que la reforma laboral pretende fomentar la formación de los trabajadores para mejorar la calidad del empelo y rebajar un uso desproporcionado del despido como herramienta de ajuste. "Al final de lo que se trata es de tener mejores trabajos con mejores salarios, más productivos" y "con mecanismos de flexibilidad alternativos a los que se han utilizado", lo que se traduce en una reforma laboral "muy sustantiva", ha dicho. Del mismo modo ha valorado la reforma de las pensiones aprobada para "traer certidumbres y eliminar inquietudes" cuando las pensiones "habían perdido un 30% de su poder adquisitivo", una pérdida "extraordinaria" que solo se justifica por un problema de sostenibilidad "que no existe", ha afirmado. De ahí que el reto haya sido, ha comentado, garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, la equidad y la sostenibilidad del sistema público y para eso se ha utilizado la referencia de la inflación media del año anterior, salvo en las no contributivas que suben algo más, y se liberará a la Seguridad Social de los "gastos impropios" que hasta ahora asumía, en total 22.000 millones de euros, lo que sanea las cuentas del "fondo de reserva" y permitirá "eliminar el déficit".
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