Caos político y embrollo jurídico en la Comunidad de Madrid. Las horas de infarto que se vivieron en la mañana de este miércoles y que terminaron con la convocatoria de unas elecciones autonómicas y la posterior admisión de la moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso han abocado a un panorama de incertidumbre cuya resolución solo parece factible en los tribunales. La decisión de la Mesa de la Asamblea de tramitar las mociones presentadas por PSOE y Más Madrid hace que irremediablemente todas las vistas se fijen en el Ejecutivo regional que es el que tendría que mover ficha si quiere mantener los comicios señalados para el 4 de mayo.
La luz verde en la tramitación de las mociones choca de frente con la disolución de la cámara regional que acordó la presidenta madrileña minutos antes para anunciar las elecciones. Por ese motivo, una de las alternativas que se plantea es recurrir al Tribunal Constitucional por ser el que ostenta la competencia. Fuentes jurídicas consultadas por La Información explican que el tribunal de garantías es la vía por la que tiene que optar Ayuso si quiere recurrir la decisión de la Mesa. Cuestión diferente hubiera sido si los grupos parlamentarios quisieran llevar a la Justicia el decreto de disolución de legislatura que firmó a las 12.00 horas del miércoles ya que, entonces, las formaciones de la oposición se tendrían que dirigir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM).
Desde el Ejecutivo regional descartan actuar por el momento. Las fuentes consultadas por este diario insisten en defender la validez del decreto que provocó un auténtico cisma en la coalición con Ciudadanos. Alegan que la disolución es efectiva desde el mismo momento en que se firma el decreto, hecho que se produjo antes de la deliberación del Gobierno. Sin embargo, la oposición se ampara en la Ley Orgánica 3/1983 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid que determina en su artículo 21 que no podrá disolver la Asamblea mientras se esté tramitando una moción de censura. La duda surge en relación a si es válido el decreto firmado para disolver las cortes teniendo en cuenta que entonces todavía no se había publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM).
Los comicios, en el aire
Aunque la Ley parece respaldar a Ayuso en lo que a la disolución de la Asamblea se refiere, el movimiento de la Mesa del Parlamento dando luz verde al trámite de las mociones provoca un nuevo cambio en el tablero político. Por ello, la que tendría que actuar al respecto es la presidenta madrileña. Desde los grupos parlamentarios de la oposición prefieren esperar al movimiento del Gobierno del PP, si bien desde éste último se lo toman con cautela. Las fuentes jurídicas consultadas por este medio apuntan al artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El mismo advierte que se pueden recurrir ante este órgano las decisiones de las asambleas de las comunidades autónomas que pudieran violar derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional.
Así pues, y teniendo en cuenta que la Mesa de la Asamblea se regula por un reglamento que tiene rango de Ley, el tribunal de garantías sería el órgano correcto al que acudir. Ahora bien, el mismo artículo determina que el recurso se puede interponer en un plazo de tres meses. Si Ayuso quisiera acelerar en esta vía para garantizar la celebración de comicios el próximo 4 de mayo, podría pedir la suspensión del acuerdo de la Mesa solicitando una tramitación de urgencia. Así se recoge en el artículo 56 de la misma ley que desglosa en su último punto que en supuestos de "urgencia excepcional" la adopción de la suspensión y de las medidas provisionales podrá efectuarse en la resolución de la admisión a trámite.
Onda expansiva
Mientras tanto, la contienda política sigue su curso. La decisión de Ayuso se produjo después de conocerse la moción de censura que presentaron en Murcia a primera hora de la mañana PSOE y Ciudadanos provocando la ruptura de la formación que lidera Inés Arrimadas con el Partido Popular en aras a sacarle del Gobierno. Madrid no tardó en reaccionar y contraatacó en un movimiento que pilló por sorpresa al ya exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que llegó a decir que a su socia de Gobierno había "perdido la cabeza". "PSOE y Ciudadanos querían derrocar nuestro gobierno", justificó 'la lideresa' en rueda de prensa posterior a su comparecencia, la cual a su vez, precedió al cese de todos los miembros de la formación naranja que formaban parte del Ejecutivo de coalición.
La onda expansiva del caos político -que derivó también en una tercera moción de censura en Castilla y León- se dejó sentir en las negociaciones para renovar el CGPJ. Fuentes de los equipos consultadas por este medio apuntaron a un bloqueo total a tenor de los vaivenes políticos en Murcia, Madrid y Castilla y León. Esto devuelve la casilla al punto de salida pese a que el consejero de Justicia, Enrique López, y el ministro del ramo, Juan Carlos Campo, habían cogido de nuevo las riendas para desatascar unas conversaciones en punto muerto por las desavenencias en relación a la candidatura de José Ricardo de Prada. El magistrado progresista, propuesto por el Gobierno, sigue vetado por los populares al haber integrado el tribunal que condenó al Partido Popular como responsable civil subsidiario por los negocios de la trama Gürtel.
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