Rodrigo Rato (73 años) era detenido en la tarde del 16 de abril de 2015 tras el registro de su vivienda, situada en el barrio madrileño de Salamanca, y de su despacho. Ahí se iniciaba la investigación sobre la fortuna del exvicepresidente del Gobierno, que ahora cumple siete años a la espera de que se celebre el juicio, en el que se enfrenta a 70 años de cárcel por la presunta comisión de una decena de delitos contra la Hacienda Pública entre 2004 y 2015, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. No obstante, su periplo judicial no comenzaba con este hecho, pues ya se encontraba bajo el foco de la Audiencia Nacional, que unos años después le juzgó por el uso fraudulento de las tarjetas 'black' de Caja Madrid -el cual le llevó a prisión- y por la salida a bolsa de Bankia.
El conocido como 'caso Rato' tuvo su origen en una alerta de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) al Ministerio Público sobre la existencia de una serie irregularidades en el patrimonio del exdirigente 'popular'. La denuncia de Antifraude se producía apenas 24 horas después de que trascendiera que el exvicepresidente estaba siendo investigado por la unidad de inteligencia financiera, el Sepblac (dependiente del Ministerio de Economía), por un posible delito de blanqueo tras acogerse en 2012 a la amnistía fiscal.
Desde entonces, la investigación judicial ha tenido innumerables idas y venidas, al estar protagonizado por la ingente cantidad de recursos que han presentado los investigados, entre ellos el propio Rato, contra prácticamente todas las decisiones que ha tomado el juez instructor, Antonio Serrano-Arnal. El que fuera 'súperministro' de Economía durante los Gobiernos de José María Aznar siempre ha cuestionado las tesis de la Fiscalía, contra quien ha arremetido duramente por dirigir contra él una acusación "prospectiva" y dar rienda a las "disparatadas" conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha tratado de averiguar cuánto dinero ocultó a la Agencia Tributaria y cómo lo hizo.
Inicialmente, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid entendió este procedimiento como una macrocausa, dividida en una decena de piezas separadas. Así, el magistrado decidió en 2019 enviar a juicio a Rato, junto a otras 11 personas, por una parte de la investigación, la relativa al presunto cobro de 835.000 euros de comisiones por contratar la publicidad de Bankia con las agencias Publicis y Zenit. Por estos hechos, la Fiscalía llegó a solicitar cuatro años de prisión. Sin embargo, todo quedó en nada, ya que unos meses más tarde la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente un recurso del Ministerio Público y consideró que lo acertado era acumular todas las líneas de investigación abiertas en un único proceso para evitar que se produzcan "pronunciamientos contradictorios". De este modo, el procesamiento quedó sin efecto.
Repatriación de 8 millones
Esta decisión retrasó dos años más la conclusión del procedimiento. Los investigadores hicieron una intensa labor de reorganización de todas las pesquisas que se habían practicado a lo largo de, entonces, más de cuatro años, así como de concreción de todos los indicios delictivos que existen contra cada investigado. Finalmente, el juez Serrano-Arnal consiguió poner fin a la instrucción en marzo de 2021 y propuso juzgar a Rato, y a casi una veintena de personas, por los delitos fiscales, corrupción en los negocios y blanqueo de capitales por, presuntamente, haber repatriado a España casi ocho millones de euros desde paraísos fiscales mediante un entramado societario. Así, se abrió el trámite para que las acusaciones hicieran sus peticiones de pena de prisión; pero también para que los encausados pudieran usar su última baza para librarse del juicio, al recurrir dicha decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Tras la petición de 70 años de cárcel que ha formulado la Fiscalía contra Rato, además de apuntar que éste ocultó al fisco mucho más dinero del que indicó el juez, y tras resolver todos los recursos contra los procesamientos, lo que se denomina como 'fase intermedia' se logró cerrar. En este sentido, el pasado mes de junio el magistrado Serrano-Arnal sentó definitivamente en el banquillo de los acusados al exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y acordó el embargo de sus bienes, después de que el exbanquero no hiciera frente a la fianza impuesta de 65,1 millones de euros.
Con ello, parecía que la celebración de la vista oral estaba cada vez más cerca, si bien se abrió un nuevo debate jurídico sobre los delitos por los que debía ser juzgado Rato y sobre las cantidades que los acusados debían afianzar, que en conjunto ascendían a 220 millones de euros. De hecho, el propio Rato lamentó que el juicio se vaya a celebrar por delitos distintos a los que motivaron su detención hace siete años. Así las cosas, según han explicado fuentes jurídicas, mientras no se resuelvan todos estos últimos flecos, los magistrados encargados de juzgar los hechos no pueden señalar una fecha en el calendario para ello. En este sentido, las mismas fuentes apuntan que la Audiencia Provincial de Madrid ya está fijando vistas orales para finales de este año, por lo que no confían en que el 'caso Rato' se ponga ante un tribunal hasta, mínimo, la primavera de 2023.
Otros frentes judiciales
Rodrigo Rato fue condenado, en febrero de 2017, por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio de cárcel por el caso de las tarjetas 'black' de la extinta Caja Madrid. Una sentencia que fue confirmada por el Tribunal Supremo en octubre de 2018, lo que le obligó a entrar en la prisión madrileña de Soto del Real. En dicho centro penitenciario estuvo hasta febrero de 2021, cuando se le concedió la libertad condicional por ser mayor de 70 años, haber pagado íntegramente la responsabilidad civil a la que se le condenó, y tras realizar un programa de justicia restaurativa. No obstante, se encontraba en régimen de semilibertad desde cuatro meses antes, cuando se aprobó su progresión al tercer grado.
Justo un mes después de entrar en prisión, en noviembre de 2018, comenzó el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en 2011, por el que se enfrentaba hasta 12 años de prisión. Sin embargo, la Audiencia Nacional determinó en septiembre de 2020 que no se cometió ningún delito de estafa ni de falsedad contable, pues el folleto sobre la operación que se entregó a los inversores contenía una "amplia y certera" información financiera y no financiera. La sentencia también destacó que todo el proceso fue "intensamente supervisado" por los organismos reguladores. Por ello, acordó la absolución de la treintena de acusados, entre ellos Rato, que despejaba así uno de los frentes judiciales más duros.
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