El juez envía a juicio a Rodrigo Rato y pide una fianza de 65 millones de euros

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha acordado la apertura de juicio oral al expresidente de Bankia Rodrigo Rato por 11 delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2004 y 2015, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares relacionado con el presunto origen ilícito de su patrimonio e impone una fianza de 65 millones de euros. Asimismo, el magistrado entiende que no procede juzgarle por la supuesta comisión de los delitos de falsedad continuada e insolvencia punible, rechazando así el criterio de la Fiscalía, que pide una pena de 70 años de cárcel.

El juez instructor, que comenzó a investigar el conocido 'caso Rato' en 2015, envía a juicio al ex vicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a otras 17 personas, físicas y jurídicas, tres meses después de que cerrara la instrucción y afirmara que existe indicios de que Rato presuntamente habría repatriado a España 8,5 millones de euros desde paraísos fiscales mediante un entramado societario. 

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Por otro lado, el juez Serrano-Arnal ordena al que fuera vicepresidente económico en el Gobierno de José María Aznar que "en el plazo de un día preste fianza" para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele en una futura sentencia, cuya cuantía asciende a  65.132.961 euros. Además, le cita el próximo 11 de junio en el juzgado, entre las 11.00 y las 13.00 horas, para que notificarle personalmente dicha resolución.

Comisiones en contratos de publicidad

El magistrado ya apuntó en su auto por el que propuso juzgar a Rato que el origen presuntamente ilícito de su patrimonio podría ser "las ganancias obtenidas por la adjudicación de contratos publicitarios" de Bankia y por los que le atribuye el delito de corrupción en los negocios.  Según relató en dicha resolución, al llegar a la Presidencia de Bankia, el exministro y su secretaria personal, Teresa Arellano -también acusada-, "fueron vaciando de contenido la Dirección de Comunicación y Marca" hasta provocar la marcha de su directora para que la sustituyera la propia Arellano .

Fue entonces cuando comenzaron a adjudicarse contratos a las empresas  Zenith y Publicis -que serán juzgadas como personas jurídicas-.  Tanto el juez instructor como la Fiscalía sospechan que las facturas giradas por estas mercantiles en verdad no correspondía a la contraprestación de servicios reales, sino que eran un conducto para dar cobertura legal al abono de comisiones a Rato.

Por su parte, la Fiscalía subraya en su escrito de acusación que el expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato, desde 1999, utilizó diversas sociedades para realizar continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares, y ocultar así su patrimonio a la Hacienda Pública. 

Otros frentes judiciales ya resueltos

El origen presuntamente irregular del patrimonio de Rato es el único frente judicial que le queda abierto al exministro de Economía, después de que el Tribunal Supremo confirmara en octubre de 2018 la condena impuesta por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio de prisión por el caso de las tarjetas 'black' de la extinta Caja Madrid, lo que le obligó a entrar en la prisión madrileña de Soto del Real, que abandonó el pasado mes de octubre.

Un mes antes de salir del centro penitenciario, el expresidente de Bankia conoció la absolución dictada también por la Audiencia Nacional en relación a su responsabilidad -y la de todos los acusados- en presuntas irregularidades en la salida a Bolsa de la entidad financiera. Ahora, sin fecha de juicio aún, Rato tendrá que hacer frente a una nueva vista oral sobre un procedimiento en el que, a lo largo de seis años, ha defendido su inocencia, asegurando que el Ministerio Público basa su acusación en las conclusiones "disparatadas" que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.