El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha denegado la petición del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli de archivar las actuaciones que se dirigen contra él en el conocido como caso 'Odebrecht', la investigación que se centra en presunta trama de corrupción sobre la adjudicación de una serie de obras públicas a un consorcio encabezado por la constructora brasileña que da nombre a esta causa y en el que participó la firma española FCC. El político solicitó el sobreseimiento después de declarar el pasado mes de diciembre como imputado, si bien el magistrado instructor no ve razones para acordar tal decisión.
Así lo acordó el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 en un auto dictado el pasado 24 de enero, en el que, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), desestimó la petición que realizó la defensa de Martinelli. Según han informado fuentes jurídicas conocedoras de la causa a La Información, el magistrado entiende que aún no se dan los requisitos para descartar su presunta implicación en la comisión de delitos de blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales en relación a la adjudicación de la construcción de las líneas 1 y 2 del Metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá.
Martinelli declaró el pasado 17 de diciembre por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional. Una comparecencia muy breve, que se resolvió en apenas media hora, ya que solo aceptó responder a las preguntas de su abogado. Durante este tiempo, el que fuera presidente del país centroamericano entre 2009 y 2014 negó haber cobrado algún tipo de comisión por la concesión de los mencionados proyectos y aseguró que desconoce la existencia de varias empresas que, según los investigadores, son de carácter instrumental, ya que su único objetivo parecía ser el movimiento del dinero sospechoso.
De este modo, se desvinculó de la tesis acusatoria de Anticorrupción, que se apoya en gran parte en las dos denuncias que la propia FCC presentó en mayo y junio de 2019 ante dicho organismo. En ellas confesaba la participación de algunos de sus exdirectivos en el desvío de hasta 82 millones de euros en comisiones ilegales, inflando los "precios y la cantidad" de la adquisición del tonelaje de acero. Es más, la constructora española aportó una de documentación sobre los acuerdos comerciales que suscribieron sus filiales con Mauricio Cort -considerado presunto testaferro del expresidente panameño-, que puso a disposición de la operativa su entramado societario para canalizar los pagos irregulares.
Facturas falsas y transferencias bancarias
FCC también entregó 38 facturas falsas que acreditarían servicios ficticios y detalles de transferencias bancarias que desde la compañía se hicieron por el importe total de 82.768.849 euros entre los años 2010 y 2014 por servicios no prestados, lo que facilitó el reparto de mordidas entre altos directivos de las empresas del consorcio y autoridades del país centroamericano. No obstante, debido a que la constructora "no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa", el magistrado de la Audiencia Nacional consideró necesario, en octubre de 201,9 imputar como personas jurídicas a tres filiales: FCC Construcción S.A., FCC Construcción Centroamérica S.A. y Construcciones Hospitalarias S.A.
La causa se inició en 2017 a raíz de una querella contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht, si bien el expresidente panameño no fue imputado hasta abril de 2021, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó un recurso de la acusación que ejerce FIBGAR contra la decisión inicial del juez instructor de instruir la causa sin imputar a Martinelli. Casi un año después de esta orden y tras tomarle declaración, el magistrado instructor ha cambiado su criterio y entiende que no procede el archivo del procedimiento contra el expolítico porque aún quedan varios flecos relacionados con su presunta responsabilidad sin esclarecer.
Las fuentes jurídicas consultadas recuerdan que el juez también trata de aclarar si la familia de Martinelli desvió a cuentas en España y a la compra de una vivienda de lujo en Madrid un total de 6 millones de euros vinculados a los fondos que manejaba Cort, tal y como sospecha la Policía Judicial en unos de los informes incorporados a la causa, según informó 'Vozpópuli'. De hecho, el magistrado instructor tiene previsto celebrar en los próximos días una ronda de declaraciones testificales y se encuentra a la espera del resultado de dos comisiones rogatorias: una en Panamá -que ya se está ejecutando, según indican las mismas fuentes- sobre movimientos bancarios de FCC; y otra en Uruguay.
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