El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, encargado de investigar las presuntas irregularidades del Canal Isabel II en el marco del caso 'Lezo', ha acordado sentar en el banquillo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, al empresario Javier López Madrid, y otras cuatro personas por delitos de tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento mercantil y fraude a las Administraciones Públicas por la presunta adjudicación irregular a OHL del tren de Navalcarnero (Madrid).
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dictado un auto de apertura de juicio oral, con fecha del pasado 4 de junio y al que ha tenido acceso La Información, en el que envía a la Sala la pieza separada número 3 del caso 'Lezo' para que proceda a juzgar estos hechos por los que también están acusados el empresario Adrián de la Joya; el exconsejero de OHL Rafael Arturo Martín de Nicolás; el exdirector de control de Gestión de la constructora Felicísimo Damián Ramos; y el exgerente del Canal Isabel II Ildefonso de Miguel. Asimismo, el juez García Castellón ordena realizar una "investigación de la capacidad económica de los acusados, a los efectos de la posible multa interesada y/o de la indemnización solicitada".
La Fiscalía Anticorrupción dio a conocer el pasado mes de diciembre su escrito de acusación provisional por el que solicita seis años y medio de cárcel para López Madrid, yerno del expresidente de OHl Juan Miguel Villar Mir -para quien la causa quedó archivada después de que el Ministerio Público le exculpara-, Rafael Arturo Martín Nicolás y Felicísimo Damián Ramos. En el caso del expresidente madrileño, el Ministerio Público solicita cuatro años de prisión, al igual que para Idelfonso de Miguel; mientras que para Adrián de la Joya interesa la pena de tres años y seis meses de cárcel.
El juez manda a juicio esta pieza tercera del caso 'Lezo' una semana y media después de que procesara al expresidente de la Comunidad de Madrid -imputado también en la pieza sobre la presunta financiación irregular en el PP de Madrid que se investiga en el caso 'Púnica'- por los presuntas amaños en las adjudicaciones asociadas a Canal Golf "con el fin de obtener comisiones ilegales". Además, también será juzgado por la adquisición de la empresa brasileña Emissao por la empresa pública de aguas en 2013, hechos por los que se enfrenta a otros ocho años de cárcel.
El "plan ideado" para conseguir la adjudicación
El juez García Castellón relata en su auto la "actuación conjunta" de los acusados que permitió que la constructora OHL "destinara importantes fondos para retribuir a cargos públicos con el fin de beneficiarse indebidamente con la adjudicación y posterior ejecución del contrato de concesión de construcción", en el año 2007, de la línea de transporte ferroviario que uniría los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero. Un proyecto que nunca llegó a culminarse.
Según explica el magistrado, López Madrid y Martín de Nicolás "idearon un plan" cuyo objetivo era "asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual con el que compensarían la merma de ingresos que suponía esa oferta". Para lograr ese propósito, ambos acusados destinaron 2,5 millones de dólares -aproximadamente 1,8 millones de euros‒ al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban los entonces responsables del Canal Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodríguez e Ignacio González para que ejercieran su influencia sobre Jesús Trabada Guijarro, entonces consejero delegado de Mintra, órgano de contratación de la entidad.
El juez señala además que para ejecutar ese plan y llevar a cabo el pago de la citada comisión, todos ellos contaron con la colaboración esencial de Felicísimo Damián Ramos Ramos y Adrián de la Joya "quienes se avinieron a desarrollar las actuaciones necesarias para ello".
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