El Ministerio del Interior sigue escondiendo la información sobre las heridas y las bajas médicas de los policías nacionales y los guardias civiles que trabajaron en Cataluña para evitar que se votara durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, más de un año después.
La información detallada sobre todos los policías heridos, los días de sus bajas médicas y la gravedad y los motivos de sus heridas fue solicitada a través de una petición de acceso a la información realizada por la agencia de noticias Servimedia. La petición, al amparo de la Ley de Transparencia, fue desoída por el ministerio, pero el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resolvió el pasado mes de mayo, hace ya más de medio año, a favor de Servimedia.
El Consejo es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia y defendió que Interior debía facilitar los datos de los policías y guardias civiles y sus bajas médicas. A pesar de ello, el Ministerio de Interior no ha aportado los datos a esta agencia ni al propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Baile de cifras
Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior, informó en el Senado, el 18 de enero de 2018, de algunos datos sobre los policías heridos. Zoido aseguró que 10 policías recibieron la baja médica y que hubo otros 413 heridos por contusiones.
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno por aquel entonces, en cambio, redujo la cifra esta semana durante el juicio a los políticos independentistas por el 'procés', en el que intervino como testigo. Santamaría cifró en 93 los policías heridos que fueron atendidos tras las cargas del 1-O, cuando fue interrogada en el Tribunal Supremo.
La petición de acceso a la información pretendía arrojar luz y poder aclarar realmente cuántos policías nacionales y guardias civiles fueron heridos realmente, pero iba más allá y también solicitaba el motivo, la gravedad y los días que duró cada una de las bajas médicas. También se pidió un desglose detallado de todos los heridos: tipo, motivo y gravedad de la herida y si eran policías nacionales o guardias civiles.
El ministerio, ahora dirigido por Fernando Grande-Marlaska, sigue amparándose en los datos aportados por Zoido en el Senado y da por satisfecha la petición con esa información.
La Ley de Transparencia y Buen Gobierno entró en vigor en diciembre de 2014, pero aún tiene problemas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, casi cuatro años después, sigue sin contar con capacidad sancionadora, hecho que impide que pueda obligar realmente a la Administración a cumplir sus resoluciones.
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