"En el año 2023 se continuará persiguiendo el objetivo fundamental de transformar y modernizar la Administración de Justicia y acercar la Justicia a los ciudadanos". Así comienza el apartado sobre las partidas destinadas al Ministerio que dirige Pilar Llop en el 'Libro Amarillo' del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, la 'guía' que detalla las cuentas públicas. Aún así, el Gobierno dotará a este sector con 2.291 millones de euros, pero en verdad supone dejar congelada la inversión, ya que el incremento es solo del 0,3% con respecto al año 2021.
En términos de presupuesto nacional, sin incluir los fondos asociados al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, se ha dotado a este Ministerio de 2.234 millones de euros, 160 millones adicionales con relación a 2022, lo que supone un incremento del 7,7%. No obstante, de los fondos europeos se destinarán únicamente 58 millones de euros al próximo ejercicio, una cantidad muy inferior frente a los 210 millones que se emplearon este año en Justicia.
En este sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez destaca que uno de los principales retos que abandera el Ministerio de Justicia es la "eficiencia", lo cual se pretende llevar a cabo con tres propuestas normativas para mejorar la actividad procesal, organizativa y digital. Así, para este objetivo, los PGE contemplan 15 millones de euros, a lo que se unirá la creación de 54 unidades mediación, en el marco de la ejecución de la nueva Ley de Eficiencia Procesal. Asimismo, las cuentas públicas estiman una inversión de 180 millones de euros para "avanzar de forma decidida y eficaz en el proceso de modernización tecnológica" y progresar en la interconexión entre los juzgados de toda España.
Sin embargo, los representantes de los funcionarios de Justicia no comparten esta postura entusiasta, tras conocer el proyecto presupuestario, que se ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados, y destacan que el plan 'estrella' del Ministerio de Justicia para la modernización de la Administración "siempre sigue igual", sin grandes avances. "El dato del 0,3% es demoledor. La Justicia no interesa al Gobierno. Mucha Ley de Eficiencia pero ni un euro para poner en marchar las reformas que pretenden imponer, además, sin negociar con los sindicatos", señala Javier Jordán, presidente del sector nacional de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) –sindicato mayoritario en este ámbito-, en una conversación con La Información. "El servicio público se resentirá aún más y los derechos laborales del personal de Justicia también", ha avisado.
Opinión similar manifiestan desde otras organizaciones sindicales, que también han sido preguntadas al respecto. "Creemos que es un engaño a la ciudadanía el discurso de que las reformas organizativas, procesales y tecnológicas, sin dotar de más medios personales, va ser la solución a los graves problema de retraso en las resoluciones judiciales y su ejecución", ha indicado el secretario general de la Administración de Justicia de CCOO, Luis Calero.
Inversión en recursos humanos
"Es miserable. Siempre somos el penúltimo Ministerio", ha lamentado la responsable nacional de Justicia de UGT, Victoria Carrero, que además ha tildado de "humo" todo el plan normativo que pretende impulsar el Ministerio de Justicia. En este sentido, critica que "más de la mitad (del presupuesto) se va a pagar sueldos de magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y personal, pero la inversión para la mejora de la Administración de Justicia y la digitalización es igual". En concreto, los medios económicos que se destinan a financiar los gastos de personal de Justicia en 2023 ascienden a los 1.804 millones de euros, lo que supone el 78,7% del total del presupuesto para este Ministerio.
Asimismo, para "contribuir a agilizar y acelerar la reactivación de la actividad judicial ordinaria", los presupuestos prevén también la creación de 70 nuevas unidades judiciales, 70 plazas en la Fiscalía y 300 plazas de ingreso en las carrera judicial y fiscal. Sin embargo, desde el ámbito sindical esta medida se ve como una "ayuda" que "servirá de poco". Desde CCOO no se "entiende" la escasez de fondos en la Administración de Justicia después de que "todos los Tribunales Superiores de Justicia en sus memorias anuales han reclamado la creación de más juzgados y cuando es evidente el retraso o casi colapso de muchos de los existentes".
Los medios económicos que se destinan a financiar los gastos de personal de Justicia en 2023 ascienden a los 1.804 millones de euros, lo que supone el 78,7% del total del presupuesto para este Ministerio.
"Estamos seis puntos por debajo de la media europea de jueces y juezas por cada 100.000 habitantes y esa escasez de medios personales y no otro motivo es la causa del retraso en la justicia", ha agregado Calero, que reclama una partida para el desarrollo de la carrera profesional del personal de la Administración de Justicia. Según recuerda, se trata de "un derecho reconocido" desde la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), pero incide en que es "imposible de aplicar sin dotación presupuestaria". Por ello, anuncia que el sindicato instará a los grupos parlamentarios a que introduzcan enmiendas, durante la tramitación del proyecto de los Presupuestos, para que se incluyan dichos fondos.
Por su parte, la portavoz del sector judicial de UGT advierte de que el aumento de la plantilla judicial no tiene sentido si no hay recursos humanos. En este sentido, recuerda que existen juzgados especializados en varias materias o jueces de adscripción territorial -conocidos como JATs- "para salvar incendios", que al final se ven "colapsados" al no contar con refuerzos. "Al final, los ciudadanos no ven que la justicia vaya más ágil", ha concluido Carrero.
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