La Junta Única de Resolución (JUR) aprobó la resolución del Banco Popular el 7 de junio de 2017. Cuatro meses después, en octubre, la Audiencia Nacional admitía a trámite varias querellas presentadas contra los dos expresidentes de la entidad Ángel Ron y Emilio Saracho y contra el Consejo de Administración, dando así inicio a una de las causas más complejas y que más esfuerzos concentran. Con la nueva prórroga de la instrucción hasta enero de 2023, el procedimiento para indagar qué fue lo que provocó la desaparición del banco cumplirá cinco años con varias líneas de investigación abiertas.
Las pesquisas se centran principalmente en dos partes: una en las presuntas irregularidades contables de Banco Popular con la ampliación de capital en 2016, bajo el mandato de Ron, así como las operaciones de financiación con el entramado societario Thesan Capital en Luxemburgo; y una segunda para esclarecer si en los 108 días de mandato de Saracho se cometió un posible delito de manipulación del mercado a través de la filtración de noticias para hacer caer el valor de la cotización.
Fuentes jurídicas consultadas por La Información señalan que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama -que llegó a la Audiencia Nacional un año después de iniciarse el caso, en diciembre de 2018, para sustituir al ahora magistrado de la Sala de lo Penal, Fernando Andreu-, ha demostrado conocer la causa y que no quiere dejar cabo sueltos. Por ello, apuntan, ha llamado a declarar a tantos testigos de relevancia para tener todos los puntos de vista y versiones sobre los hechos y ha requerido numerosa documentación. Si bien, otras fuentes critican que todo ello ha alargado las pesquisas más de lo necesario para intentar encontrar pruebas que puedan cargarse sobre los investigados.
Durante los casi cinco años que lleva el 'caso Popular', se ha ido acumulando numerosos informes de los peritos del Banco de España, incluso del Banco Central Europeo, para aclarar cada uno de los hilos que conforman las líneas de investigación. Asimismo, han comparecido testigos de prestigio que conocieron de primera mano la situación del banco y su resolución, como la presidenta de la JUR Elke König; el expresidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) Jaime Ponce; o el exministro de Economía Luis de Guindos.
Todo ello hacía apuntar que el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción contaban con suficiente material para decidir si los expresidentes y exdirectivos del Banco Popular deben ir a juicio, o no, por los hechos por los que están imputados. Sin embargo, el juez Calama considera que la investigación debe mantenerse abierta, debido a que aún quedan más informes por aportarse al sumario y que los expertos que los han elaborado tienen que ratificarlos en sede judicial.
Informes periciales
Así las cosas, el instructor acordó en julio ampliar la causa otros seis meses -sin perjuicio de que pueda quedar finiquitada antes, tal y como advirtió en su resolución- y ha citado para mediados del próximo mes de septiembre a los funcionarios del organismo que dirige Pablo Hernández de Cos para que ratifiquen el último informe que presentaron el pasado 13 de junio, que era ampliatorio de otro que elaboraron en abril de 2019. Los peritos en un primer momento señalaron que el Banco Popular "no era inviable" antes de la ampliación de capital de mayo 2016, si bien en su último documento precisaron que la entidad extinta debió declarar pérdidas en el ejercicio de 2015 por más de 1.000 millones de euros en lugar de beneficios de 106 millones de euros.
Al respecto, Ángel Ron ha presentado recientemente dos informes periciales, uno de ellos rebatiendo estas conclusiones del Banco de España, para desmontar la tesis acusatoria del Ministerio Público y aportar pruebas de que no tuvo "participación directa, indirecta o residual" en las decisiones que llevaron a la entidad a la resolución. Asimismo, el expresidente de Banco Popular ha interesado la citación de los dos peritos que elaboraron los documentos que ha aportado a la causa para que puedan despejar cualquier duda que exista, una diligencia que todavía no ha recibido respuesta del magistrado Calama.
Justo antes de conocerse la prórroga de las actuaciones, el magistrado indagó en la financiación de clientes del Banco Popular para que participaran en dicha ampliación de capital por 2.500 millones de euros y averiguar si "de forma deliberada" no restó esta operación del capital regulatorio. Así, formó una pieza separada -que estuvo poco más de un mes secreta- para habilitar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a que recopilara el testimonio de más de 1.400 personas repartidas por toda España. La conclusión a la que llegó la Policía Judicial fue que existió "una política comercial uniforme muy agresiva en la captación de fondos por parte de Banco Popular para con sus clientes".
Por otro lado, entre los informes que quedan pendientes de ratificar se encuentra otro del Banco de España en el que se analiza las operaciones que se realizaron entre 2011 y 2014 a través de la sociedad de capital riesgo Thesan para la financiación de empresas en crisis. Asimismo, el juez recuerda en su resolución que aparte hay otro examen pericial a punto de finalizar y que el Banco Santander -que compró la entidad extinta por el valor simbólico de un euro- está teniendo dificultades para hallar y remitir la documentación que le ha sido requerida.
Situación procesal de Santander
Precisamente, la entidad de Ana Botín ha jugado un papel importante en los últimos meses, pues tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 5 de mayo, que cierra la puerta a los afectados por la ampliación de capital de 2016 a reclamar una indemnización al Santander como 'heredera' del Popular, solicitó su exclusión del procedimiento como posible responsable civil subsidiario. Sin embargo, el juez Calama rechazó esta pretensión al considerar que es prematuro resolver su situación procesal antes de finalizar la investigación.
Además, el magistrado dio un 'toque' a la entidad cántabra y advirtió que no puede esgrimir la resolución del TJUE para quedar fuera de la causa porque lo que ha sentenciado el tribunal con sede en Luxemburgo es una cuestión que deriva de "un procedimiento de naturaleza estrictamente civil ajeno por completo al ámbito penal", que es lo que se ventila en la Audiencia Nacional.
Con todo ello, cabe destacar que esta causa no es la única que la Audiencia Nacional tiene abierta sobre el Banco Popular. El pasado mes de junio, el juez Santiago Pedraz admitió dos querellas la entidad desaparecida y su expresidente Ángel Ron, entre otros, por un presunto delito de estafa de inversores o incumplimiento de los deberes de información en la ampliación de capital del ejercicio 2012. Unos hechos que fueron descartados inicialmente de ser incluidos en la causa que dirige el magistrado Calama, pero que finalmente se investigarán por otra vía. En este caso, el Banco Santander ya ha quedado excluido como posible responsable civil.
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