El Gobierno aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros el decreto antidesahucios, según confirman fuentes gubernamentales a La Información. El texto, a la espera de pulirse los últimos flecos, prevé superar esta tarde el trámite de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y llegar al próximo cónclave, en Moncloa o por videoconferencia por la cuarentena de Pedro Sánchez, la próxima semana. Con esta decisión PSOE y Unidas Podemos cierran sus diferencias por uno de los asuntos clave en las últimas semanas y que ha copado una de las discusiones en el seno de la coalición.
El decreto verá luz verde pero aún queda por definir uno de los puntos más importantes, según las fuentes consultadas: cuál será la compensación del Estado a los propietarios de viviendas por impagos de los alquileres. La medida, que ha sido puesta encima de la mesa por la Vicepresidencia económica, chirría a la parte de Unidas Podemos en el Ejecutivo, que quiere establecer una diferencia entre los pequeños propietarios y los grandes tenedores de vivienda, es decir, bancos y fondos de inversión.
Ese 'subsidio' llegaría a los propietarios de vivienda que no puedan cobrar el alquiler mientras se prolongue la suspensión de los desahucios, es decir, hasta el final del estado de alarma que, en principio, será el 9 de mayo. La decisión afectaría tanto a los contratos de alquiler como a las viviendas okupadas que sean propiedad de grandes tenedores, esencialmente bancos y fondos de inversión. En este caso, según el acuerdo inicial de PSOE y Unidas Podemos, se establecerá un plazo de tres meses a las comunidades autónomas para busquen un nuevo alojamiento a los okupas que acrediten una situación de vulnerabilidad.
El Ministerio de Justicia y el de Transportes están de acuerdo con Economía en poner en marcha esta medida y que el Estado compense tanto a pequeños particulares como a los grandes tenedores, sin distinción. Los propietarios, en definitiva, podrían solicitar a la administración pública que les abone una parte sustancial del alquiler que el inquilino no puede pagar sobre una vivienda de la que tampoco se le va a poder desahuciar. Esto permitiría, por tanto, que todos los propietarios pudieran cobrar una parte del arrendamiento, aún por concretar, hasta que finalice el estado de alarma.
Pero Unidas Podemos, como decimos, discrepa de la medida que lidera Economía y está haciendo ver, esencialmente, al equipo de Nadia Calviño y de Juan Carlos Campo que no es lo mismo compensar económicamente a un particular con uno, dos o tres propiedades alquiladas, que a una firma que posea más de diez viviendas, bancos y fondos de inversión, en definitiva. Los morados plantean que los segundos actores deberían ser más 'solidarios' en una época como la actual, de grave crisis económica. La respuesta del ala socialista: el objetivo es evitar reclamaciones judiciales a la administración.
Ya se han superado, no sin dificultades, algunas discrepancias entre socios. Por ejemplo, y probablemente esta fuera la principal diferencia hasta la irrupción de las compensaciones por impagos, por el papel que deben jugar los servicios sociales a la hora de certificar la vulnerabilidad de una familia de cara a un posible desahucio. El PSOE ha aceptado que sean los profesionales asistenciales de comunidades autónomas y ayuntamientos quienes certifiquen al juzgado, a través de un informe preceptivo, que los afectados por el alzamiento se encuentran en una situación límite. Los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente ese informe en el caso de que los afectados/as aleguen vulnerabilidad.
Para Unidas Podemos también era esencial que exista en el momento efectivo del desahucio una alternativa habitacional para poder realojar a los afectados. Es decir, que la familia tiene que estar ubicada en otra vivienda antes de ejecutar el desahucio. El Ministerio de Transportes ha aceptado clarificar mejor esta situación y serán las Comunidades Autónomas las que ofrezcan esta alternativa habitacional. Será siempre una vivienda considerada "digna", no un albergue, por ejemplo.
Lo que todavía no ha decidido el Gobierno es cuándo se aprobará la prohibición del corte de suministros básicos. La discusión sigue abierta en la coalición. En este momento no está contemplado que la "disposición adicional" que ha propuesto la vicepresidencia cuarta, de Teresa Ribera, se incluya en el decreto antidesahucios.
En el Consejo de Ministros del próximo martes también se aprobará el prometido plan de ayudas a la hostelería y el comercio, incluido el turismo. La previsión del Ejecutivo es que este decreto también pase el trámite de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios de este jueves, previsiblemente, y vea la luz la próxima semana.
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