La situación de BBVA y Repsol en el 'caso Villarejo' no se puede comparar. Esta es la conclusión que expone el expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero en un reciente escrito presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el procedimiento abierto por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo por parte de la entidad financiera vasca durante más de una década. Según señala, el banco no puede alegar que en el momento de los hechos contaba con un plan de prevención de delitos "robusto" al igual que la petrolera para intentar levantar la imputación por pagar al agente encubierto en total 10,3 millones de euros por los servicios prestados porque, en su opinión, no lo ha podido acreditar en los tres años que lleva investigado.
Del Rivero se encuentra personado como víctima de los espionajes realizados por Villarejo en dos líneas de investigación de la treintena que conforman la macrocausa, en concreto las relacionadas con los encargos que realizaron, por un lado, BBVA y, por otro lado, Repsol y CaixaBank. En la primera de ellas, el expresidente de Sacyr ejerce la acusación conjunta con el antiguo consejero de BBVA José Domingo de Ampuero; y el exdirector general adjunto de BBVA y consejero y secretario del Consejo de Sacyr, Vicente Benedito, a quienes el agente encubierto bautizó como 'Grupo Hostil', durante el 'proyecto Trampa' (o Trapa), desarrollado en 2004 con el objetivo de frenar el intento de asalto de la constructora en el Consejo de Administración del banco. En cuanto a la petrolera, las empresas de Villarejo fueron contratadas en 2011 -con la ayuda de CaixaBank, que en ese momento era el primer accionista- para un objetivo similar: intentar frustrar el pacto alcanzado entre Sacyr y la mexicana Pemex.
Así, en el marco de la novena pieza separada del 'caso Tándem', centrada en BBVA, el abogado de estos tres empresarios ha presentado un escrito, al que ha tenido acceso La Información, para insistir en que el banco que preside Carlos Torres mantenga la calidad de investigada como persona jurídica en la última fase de la instrucción. Aunque el documento tiene fecha de este martes, un día después de que el juez instructor rechazara desimputar a la entidad financiera, hace énfasis en que un representante del banco tiene que acudir a declarar, otra vez, el próximo 26 de octubre.
El objetivo de esta comparecencia es despejar todas las dudas existentes sobre si, durante la época en la que se trabajó con Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo, existía un sistema de cumplimiento normativo de prevención de delitos eficaz. Todo ello después de que la Fiscalía Anticorrupción comunicara sus sospechas sobre la posibilidad de que los 'negocios' con el 'clan Villarejo' continuaran después de que el comisario fuera detenido en noviembre de 2017, tras hallar indicios de que el banco contrató servicios similares a Anbycol, una mercantil encabezada por Antonio Bonilla, el exinspector situado en el entorno del agente encubierto y que actuó como director de Operaciones del Grupo Cenyt.
A juicio del 'Grupo Hostil', BBVA no puede intentar lograr el sobreseimiento invocando la 'doctrina Repsol y CaixaBank', empresas del Ibex 35 cuya responsabilidad por contratar a Cenyt ha sido archivada -aunque pendiente de que la Sala de lo Penal resuelva los recursos, por segunda vez-, o la que se siguió previamente con Indra para sacarle del 'caso Púnica', si no demuestra que tenía "un sistema de cumplimiento de la legalidad penal previo a los hechos que permitiera prevenir y reaccionar razonablemente frente a los delitos de cohecho y contra la intimidad que están siendo investigados". "La entidad no ha acreditado, a nuestro humilde entender, nada", añade.
"Delito corporativo"
El abogado de los tres perjudicados, Carlos Gómez Jara, recuerda que el artículo 31 bis del Código Penal, que regula la responsabilidad de las personas jurídicas, se introdujo en 2010 y que cinco años después se configuró la exigencia a las empresas de modelos de cumplimiento normativo. Con esta línea temporal establecida, el letrado señala que las relaciones entre BBVA y Cenyt son anteriores a la entrada del mencionado artículo, si bien apunta que las mismas se prorrogaron al menos hasta 2017. En este sentido, sostiene que "en los primeros meses de 2011", tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, el sistema de gestión de 'compliance' de BBVA no sufrió "cambios sustanciales", lo que sí ocurrió "a partir de 2017".
Así las cosas, el 'Grupo Hostil' afirma que "no estamos ante una infracción puntual que obedezca a la motivación personal de algún empleado, sino ante un caso paradigmático de delito corporativo". Y muestra de ello es, dice, que "la instrucción se ha centrado en la intervención del presidente de la compañía -en referencia a Francisco González, antecesor del actual máximo responsable de BBVA- y de directivos de alto nivel, incluyendo el máximo responsable de Seguridad Corporativa de la entidad -en alusión a Julio Corrochano-. De un comportamiento que no fue detectado o investigado durante 14 años hasta que se inició un procedimiento judicial".
Sin procedimiento normados
Por último, el abogado de Del Rivero, De Ampuero y Benedito advierte que, según se desprende del informe 'forensic' que BBVA encargó para depurar responsabilidades internas, y que fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, no se hacía distinción entre las "facturas logísticas y financieras". Es más, según indica, la mayor parte de los abonos a las empresas de Villarejo "no estaban ligadas a procedimientos normados, no estaban asociadas a un pedido u orden de compra dentro de la plataforma de gestión", sino que se hacían los pagos "no como proveedor, sino como acreedor (como se hacía por ejemplo, con las deudas tributarias, de la Seguridad Social o para el cumplimiento de obligaciones con la Administración)". Por todo ello asevera que "las facturas no estaban sujetas a controles y mecanismos auditables que aseguraran la transparencia en el proceso de selección de proveedores, negociación y facturación".
"Lo relevante no es si BBVA ha conseguido acceder o usar finalmente información obtenida ilegítimamente, sino para qué contrataba el BBVA con Cenyt saltándose la normativa de contratación y selección de proveedores".
"Teniendo esto en cuenta, no explica la representación del BBVA por qué se elegía a Cenyt para realizar estos trabajos (¿por qué se recurría siempre a Cenyt para determinado tipo de trabajos?), ni por qué se abonaron 10.284.689,30 euros por unos trabajos que podrían haber realizado otras empresas a un precio bastante inferior en condiciones de legalidad, ni por qué era necesaria tanta confidencialidad con respecto a los trabajos de Cenyt. Lo relevante no es si BBVA ha conseguido acceder o usar finalmente información obtenida ilegítimamente (cosa que, de nuevo, en relación con nuestros patrocinados se encuentra absolutamente acreditado), sino para qué contrataba el BBVA con Cenyt saltándose la normativa de contratación y selección de proveedores. Estas cuestiones siguen sin respuesta en el escrito de BBVA", concluye el escrito presentado ante el juez.
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