El 21 de noviembre de 2018, Valladolid acogió la 30ª Cumbre Hispano-Lusa. Era un lunes. Casi seis meses antes, Pedro Sánchez había arrebatado el bastón de mando a Mariano Rajoy mediante una moción de censura y pocos de los participantes en el encuentro intuían el período de densa inestabilidad política al que se enfrentaría España en 2019. La reunión, con los fantasmas todavía muy lejos, discurrió con buena sintonía entre el presidente español y Antonio Costa, su homólogo portugués, también socialista. Lo que entonces no sospechaban es que sería ese vaivén electoral futuro (con comicios generales, municipales, autonómicos y repetición de los generales) el enésimo enemigo del progreso económico y social en 'La Raya', "la frontera más larga y antigua de la Unión Europea (UE), pero también la más rígida y hermética", en palabras de José Luís Gurría, catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Extremadura. Una vez más, las soluciones iban a tener que esperar.
El profesor Gurría es uno de los tres académicos españoles que, a partir de aquel 21 de noviembre, formaron parte del grupo de trabajo que preveía el 'Memorando de entendimiento para adoptar una estrategia ibérica frente a la despoblación y el envejecimiento en la zona fronteriza', un documento firmado por ambos Gobiernos y que fechaba en el día 30 de abril (más tarde se convocarían elecciones para el 28 del mismo mes) el límite para entregar las conclusiones extraídas de las reuniones que habrían mantenido los expertos. Además de José Luís Gurría, también pertenecían al equipo el catedrático de la Universidad de Salamanca Juan Ignacio Plaza; Ignacio Molina, doctor en la Universidad de Valladolid y enlace con el Ejecutivo; así como varios colegas portugueses. Se constituyó, entonces, un grupo que "trabajó muy bien" y que, según afirma a 'La Información' Ignacio Molina —actualmente asesor ministerial para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico— tenía la misión de otorgar "consistencia técnica a las decisiones políticas".
Ignacio Molina: "La misión del grupo de trabajo era dar consistencia técnica a las decisiones políticas"
Pero la voluntad gubernamental y académica no fue suficiente. Si algo necesita un proyecto para el que se unen dos países con tal de dar respuesta a un problema común es estabilidad institucional. Las reuniones entre los expertos se diluyeron en el terremoto político y, aunque "se llevaron a cabo diagnósticos demográficos y territoriales", tal y como apunta Molina, no se tradujeron en ningún tipo de medida tangible que facilitara la vida de los habitantes de los pueblos fronterizos. La pandemia, por su parte, no ha hecho otra cosa que retrasar todavía más la 31ª Cumbre, que estaba prevista para este verano y que debía ser el escenario en el que vieran la luz por fin la ristra de "medidas propositivas" y "también otras más concretas" para dar sentido al estudio llevado a cabo por el grupo. Molina pone el acento en que "el trabajo técnico está hecho": ahora solo falta una nueva fecha.
Carreteras, internet y trabajo
"Gran parte de los problemas fronterizos entre España y Portugal se deben al conflicto permanente que han tenido hasta muy recientemente. Ni siquiera las dictaduras llegaron a ponerse de acuerdo", desliza José Luis Gurría. "Las vías de comunicación españolas no tienen continuidad en Portugal y al revés pasa lo mismo". Es solo un ejemplo de la remodelación total que precisa el territorio fronterizo. No se trata de una mano de pintura, sino de un nuevo planteamiento. Para Gurría, hasta hace algunas décadas existió entre ambos estados una voluntad de no-cooperación que llegaba hasta el punto de situar barreras comerciales con tal de no facilitar el progreso al país vecino: en 'La Raya' ha terminado por levantarse una "frontera psicológica". Molina, en cambio, cree que la falta de inversión en la frontera tiene más que ver con la condición centralista de los países, que a menudo "marginan la periferia".
Sin embargo, los problemas entre Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía con Portugal no se reducen a las comunicaciones por vías o carreteras. El acceso a internet, por ejemplo, es otro reto que ambos estados, una vez superadas las diferencias seculares, se proponen solventar. Esas dos mejoras son las que deberían de dinamizar la oferta laboral en los territorios, tratados hasta ahora como "fondos de saco de España y Portugal", en palabras de Gurría, y, como consecuencia positiva, lograr que la gente que queda en los pueblos colindantes con la frontera no se vaya. El mismo Gurría lamenta que hablar de repoblación es muy complicado: "más vale intentar, primero, que no se marchen los que todavía viven aquí". Para él, la inmigración podría ser una solución para repoblar esas tierras, pero antes sería necesario "asegurar unas condiciones mínimas".
José Luís Gurría: "Hasta ahora, los territorios fronterizos se han tratado como fondos de saco de España y Portugal"
Cambio de relación con Portugal
En conversación con este diario, Raúl Rodríguez, alcalde de Bermillo de Sayaco, una población zamorana ubicada muy cerca de 'La Raya', habla de las dificultades a las que se enfrentan pueblos como el suyo y, sobre todo, de la importancia de que los avances —por ejemplo, la banda ancha— lleguen a sus tierras con la misma agilidad que al resto. Al hilo de las reclamaciones de los afectados, Ignacio Molina divide los problemas que sufren los habitantes de la frontera España-Portugal en dos orígenes distintos: por un lado, los debidos al modelo de poblamiento de cada país y, por otro, los "costes de contexto". Mientras que los primeros tienen que ver con la naturaleza de algunas zonas de los estados (deprimidas de forma endémica por el paro y la despoblación) y "existirían aunque no estuviera ahí la frontera"; los segundos son los que podrían evitarse con una mejor relación fronteriza.
"Los costes de contexto son los que hacen más difícil la vida a las personas por el mero hecho de vivir cerca de la frontera", especifica Molina. Aparecen por una falta de entendimiento entre los países que normalmente obedece a una disparidad entre las prioridades o intereses de ambos, o bien a una mala relación histórica o puntual. "Por otra parte está la transposición de las normativas europeas a esos territorios", recuerda. "Es importante ajustar las disposiciones de la UE a las características particulares de los pueblos y ciudades fronterizas". Esto es: facilitar los intercambios comerciales, las infraestructuras, etc., pero siempre sin interferir en la soberanía nacional y las competencias de las estructuras políticas de cada uno de los estados (el propio Ejecutivo, las CCAA, las diputaciones o los Ayuntamientos).
Esos "costes de contexto" son los que España y Portugal tratarán de eliminar en los próximos tiempos, lo cual se evidencia en los proyectos que emanan de las Cumbres Hispano-Lusas. Además, los equipos bilaterales, en palabras de Molina, "tendrán que considerar todas las pequeñas fisuras, como la adaptación de las normativas de la UE a esos territorios". Antes no se tenían en cuenta tales desajustes, toda vez que en ninguno de los dos países existía una voluntad de apertura al otro, pero ahora la situación es bien distinta. De todos modos, con tal avanzar a un mejor ritmo que en el año 2019 y que la población experimente las mejorías, los expertos coinciden en la relevancia de que tanto España como Portugal aseguren un ambiente político estable. Si no, los análisis, las proposiciones y las voluntades se quedarán de nuevo en el papel, y en 'La Raya', una vez más, tocará seguir esperando.
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