El Gobierno de la Generalitat se rompe con solo año y medio de andadura. El apoyo mayoritario de las bases de JxCat a abandonar el Govern en su última consulta con un apoyo 55% de los votos, ha precipitado una salida anunciada en la que ERC está dispuesto a tomar las riendas en solitario del Gobierno con una economía sumida en la incertidumbre. Pere Aragonés ha mostrado su intención de continuar gobernando "por responsabilidad" y tenderá la mano a otros grupos parlamentarios. "Se trata de que quien gane sea el país y la ciudadanía de Cataluña", ha recalcado en respuesta a la presidenta de JxCat, Laura Borràs, que ha afirmado minutos antes que, con los resultados de la consulta de su partido, "Junts gana y Pere Aragonès pierde".
Con ese objetivo, Aragonès ha asegurado que en próximos días renovará el Consejo Ejecutivo con seis nuevos consejeros, "personas comprometidas con su país y su gente, dispuestas a dar un paso adelante en un momento de máxima complicidad y que representan los consensos del 80% del país y Cataluña en su plenitud". El presidente ha hecho hincapié en las dificultades económicas y sociales en el horizonte, siendo los Presupuestos de 2023 su principal quebradero económico a corto plazo, y el reto de encontrar una solución al conflicto catalán en forma de votación pactada, cinco años después del 'procés'. La crisis de Gobierno llega en un momento delicado para la comunidad, que no ha levantado cabeza desde del referéndum independentista, ilegalizado por el Tribunal Constitucional.
A la pérdida de confianza por parte del tejido empresarial como uno de los principales núcleos de actividad de España, se unen unas cuentas debilitadas tras la pandemia. Cataluña es la comunidad más endeudada de España, según el último informe publicado del BdE, con 84.486 millones de euros, pese a ser una de las regiones con los impuestos más altos, sobre todo en IRPF, al contar con uno de los tramos autonómicos más elevados de España. Sin intención de mover ficha en lo que a bajadas fiscales se refiere, además del impuesto sobre la renta, su piedra angular es Patrimonio, con un total de 77.000 contribuyentes que lo abonan allí.
Este motivo le fuerza a no entrar en la pugna fiscal que se ha promovido desde las comunidades autónomas capitaneadas por los líderes del PP, pese a que puede ser una de las peor paradas de producirse el fenómeno de migración hacia Madrid o Andalucía. Precisamente, el Ejecutivo liderado por Juanma Moreno ha abierto una guerra con Cataluña en busca de canalizar inversores y empresarios catalanes con una fiscalidad más favorable para el emprendimiento.
A esta situación se une un nivel de actividad, que todavía se encuentra un punto por debajo de los niveles preCovid, después de crecer un 4,8% interanual durante el segundo trimestre del año. Pese a ello, su PIB pér capita a cierre de 2021 estaba 6.000 euros sobre la media española y algo más de 1.000 euros por encima de la cifra registrada hace cinco años, en los 31.509 euros.
Cataluña es la comunidad más endeudada de España
El 1-O y la declaración unilateral de independencia proclamada por el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que huyó del territorio español, supusieron una fractura en todos los niveles de la sociedad catalana, que todavía perdura. La declaración de independencia 'anulada' poco después desembocó en el mayor terremoto empresarial de las últimas décadas, con un volumen de cambios de sedes sociales a otras comunidades inédito hasta esa fecha. De los 555.000 grupos domiciliados en Cataluña, la patronal Foment de Treball estima que se fueron unos 5.000, mientras que la Generalitat reducía un año después esta cifra en alrededor de 2.500.
La alta tensión, que crecía al calor del miedo a un corralito, desembocó en una fuga de depósitos y la creación de cuentas bancarias en otras CCAA, forzando a entidades como CaixaBank y Sabadell al traslado de sus sedes sociales a Valencia. Más tarde se unirían Banco Mediolanum y Arquia Banca. Esta huida masiva fue en parte gracias al decreto ley aprobado por el Gobierno central, que por aquel entonces estaba encabezado por Mariano Rajoy, y que permitía a las compañías poder trasladar su domicilio legal sin necesidad de obtener la aprobación de la junta de accionistas. Con ello, Cataluña pasó de tener una decena de cajas instaladas a quedarse solo con Caja de Ingenieros, lo que evidencia la pérdida de peso en el PIB nacional frente a su rival natural por excelencia: Madrid. Por el momento, la batalla empresarial está perdida porque la ruptura del Govern no parece que vaya a relajarla.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios