Los aires de reencuentro anunciados apenas un mes con la ampliación del Aeropuerto de El Prat se han desvanecido. Tras meses de conversaciones más o menos fluidas entre el Govern y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el Gobierno ya celebraba -supuestamente- los nuevos puentes con la Generalitat con un plan de negociación e inversión. Los contactos habían dado un giro a la gestión de la 'crisis catalana' por pasos: desde el pistoletazo de salida de los indultos a los presos del 'procés' hasta la primera reunión presencial entre ambos lideres en junio y que despejaba dudas sobre la viabilidad de la mesa del diálogo. Salvo algún desliz, como la ausencia de Pere Aragonès en la Conferencia de Presidentes, la sensación de acercamiento se imponían sobre las divergencias. Sin embargo, la joya de la agenda 'sanchista' en Cataluña ha fracasado debido, principalmente, a la presión que ha ejercido sobre el 'president' En Comú -que tiene la llave de la aprobación de los presupuestos catalanes- y un calendario imposible.
El bloqueo del proyecto tiene cronología. A finales de julio, el 'conseller' de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, de JuntsxCat, aseguraba un acuerdo con Aena para ampliar El Prat. El anuncio no se hizo esperar: el 2 de agosto la comisión bilateral acordó lanzar la inversión y ceder todos los servicios de Rodalíes a Cataluña. Ya por aquel entonces, a principios de mes, algunas voces internas dentro de ERC como la delegación del partido en el Baix Llobregat se oponía a la ampliación. Se sumaban al rechazo frontal al proyecto de la CUP y En Comú por el impacto ambiental del mismo. Entonces, tanto Aragonès como Puigneró templaban los ánimos aludiendo a que el entendimiento con Aena pasaba por no alargar la tercera pista y daban margen a un proyecto que contara con la aprobación medioambiental de la Comisión Europea.
La campaña de la CUP y En Comú contra la ampliación se extendió durante todo agosto, con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (de Barcelona En Comú), erigiéndose como una de las voces más críticas por el impacto del plan en cuanto a las emisiones de CO2. Mientras, Junts aplaudía "un proyecto que afronta los retos económicos del siglo XXI" y descongestiona El Prat pero recalcaba también que debía seguir criterios ambientales. Finalmente, todo estalló el pasado viernes con la presentación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA II) ante la Generalitat, los ayuntamientos afectados y el Ministerio de Transportes. Un documento que recoge todas las actuaciones en las infraestructuras aeroportuarias según las previsiones en las cifras de viajeros para los próximos cinco años. En él, Aena describía que la ampliación "del campo de vuelos" de la tercera pista "afectaría a zonas de la Red Natura 2000", un punto inaceptable para En Comú y CUP, ya que afecta a la reserva de La Ricarda.
Así, a poco menos de tres semanas para que la DORA II se apruebe en el Consejo de Ministros para su aplicación hasta 2026, parte de la inversión quedaba en el 'aire' por desencuentros en el seno del Govern y entre el Ejecutivo central y el autonómico. Ya el pasado viernes al saberse las consecuencias del proyecto para la reserva, Junts se seguía mostrando favorable ante un Aragonés que se quedó 'in albis' por la difusión en los medios de los efectos que tendrían que las obras y la enorme polémica generada. Una información que, en principio, era confidencial. A estas alturas, el Gobierno de Sánchez -que comparte la posición de Aena: cualquier ampliación afectará a La Ricarda- tiene un calendario imposible de cumplir para reformular el proyecto antes del 'deadline' del 30 de septiembre, fecha límite para su aprobación en el Consejo de Ministros.
Aragonés, acorralado, no resistió la presión. Se opuso al plan de Aena exigiendo una negociación 'de cero' para desarrollar un proyecto más sostenible, que sumará a los ayuntamientos afectados a su diseño, y condicionado a la preservación del Delta. La posición que siempre ha defendido Aragonés a nivel oficial hasta que los efectos de la ampliación se hicieron públicos. Como explican fuentes de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) a La Información, "la Generalitat era consciente de ese plan, Aena había hecho presentaciones públicas en la Cámara de Comercio de Cataluña". Es el mismo argumento del Ejecutivo de Sánchez y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quienes defienden que el proyecto lleva tres años de trabajos y nunca ha habido críticas por parte del Govern.
Finalmente, el pasado miércoles el Ejecutivo central decidió cancelar la operación ante la imposibilidad de encontrar una solución realista en el plazo acordado. Al día siguiente, Yolanda Díaz -acompañada de Ada Colau- visitaba La Ricarda para mostrar su apoyo a los ayuntamientos afectados. Como admitió Díaz, "he trabajado en silencio para impedir la ampliación del aeropuerto". Mucho que hacer en muy poco tiempo y un cóctel insalvable: división en el Gobierno de coalición, una nueva brecha con Cataluña y un proyecto millonario que condiciona la gestión de los aeropuertos nacionales durante cinco años. Barcelona se llevaba la mayor partida, con 1.704 millones de euros previstos para la ampliación de la T1 y T1S, además de la expansión de campo de vuelos, cuya finalización iba a ser en 2029. Madrid, la segunda más beneficiada, tendrá una inversión de 1.464 millones para la mejora de la T4 y T4S recogidos en el DORA II.
Aún así, teniendo en cuenta la incertidumbre provocada por la pandemia y la Ley 18/2014 -que regula las tarifas aeroportuarias-, la inversión representa el 10% de las partidas destinadas al sector recogidas en el DORA II. Aena ya estudia cómo recolocar esos millones a otro proyecto. Por su parte, Pere Aragonès se ha centrado en reclamar el traspaso de los aeródromos catalanes tras hablar de "chantaje" por parte del Gobierno de Sánchez. Mientras, el vicepresidente Puignerò se lamenta del fracaso y fuentes de El Prat en Comú (la filial de la formación en El Prat) subrayan que creen posible reconducir la negociación. "ERC no ha podido soportar la presión social, mediática y de los partidos de los que depende para aprobar los Presupuestos y ha tenido que ceder. Su postura es marcar un perfil ecologista para diferenciarse de Junts. La lejanía entre los partidos por El Prat es obvia", declaran.
En cuanto a los próximos capítulos de la crisis 'catalana', tras el bloqueo a la ampliación los focos se posan ahora sobre la Mesa de Diálogo. Aragonès evitó este viernes concretar si la suspensión de la inversión afectará a la mesa, pero ha avisado de que "no es gratis ni inocua esta maniobra". El 'president' se limitó a afirmar que sigue comprometido con la defensa de un referéndum "irrenunciable" en el tradicional mensaje institucional con motivo de la Diada del 11 de septiembre. Recalcó que en el Parlament sigue habiendo una mayoría independentista, que debe estar unida frente a la próxima negociación con el Ejecutivo español: "Una mayoría todavía más amplia a favor del final de la represión y de un referéndum".
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