Casi un 60% de españoles reniega de la jornada laboral de 4 días si gana menos

Se asomaba el mes de diciembre y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, daba carta de naturaleza a un debate que ya se había esbozado en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a raíz de una propuesta de Iñigo Errejón y Más País. ¿Está España preparada para trabajar cuatro días a la semana? “Nosotros siempre hemos sido partidarios de la reducción de la jornada laboral y el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ya está estudiando y trabajando en ello para presentarlo en el marco del diálogo social porque favorecería sin duda la generación de empleo”, argumentó el líder de Podemos. Claro que la puesta en marcha de esa disposición también plantearía contraindicaciones que no dejan de esgrimir sus detractores, algunos de los cuales habitan el Consejo de Ministros.

Y es que según una encuesta elaborada por Dym para La Información, un 58,2% de los españoles estaría poco o nada de acuerdo con la reducción de la jornada laboral si su implementación implicara una rebaja salarial. Un desacuerdo que es especialmente evidente entre las personas que se posicionan en la derecha (51,8%) y centro-derecha (48,2%) del espectro político. Es más, apenas un 22% de las personas consultadas se revela totalmente o bastante de acuerdo con el planteamiento. De hecho, el sentir general es que eliminar un día de la jornada laboral o trabajar 32 horas semanales tendría efectos perniciosos sobre la productividad así como las pensiones, que se verían reducidas en paralelo al recorte de los sueldos.

“Las personas encuestadas en España -expone el sondeo de Dym- consideran que, si se redujese la jornada laboral, los impuestos no se reducirían, al igual que la desigualdad, que se mantendría o incrementaría. Con respecto al paro, las opiniones están equilibrada entre los que creen que aumentaría y los que creen que se reduciría”. Una reflexión que enlaza con la posición del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que no ve margen para acometer una cambio tan ambicioso, al punto de concluir que España, con sus niveles de productividad y competitividad, no debiera considerar como prioritario ese movimiento dentro de sus políticas sociales. Otro asunto de controversia para el gabinete ministerial, que ha pasado el último mes del año enfrentado -con luz y taquígrafos- por cuestiones como los desahucios o el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Precisamente sobre el SMI también busca respuestas el sondeo, con un resultado más equilibrado. De hecho, el 48,9% de los encuestados estima que sí es un buen momento para una subida de ese indicador en España, frente a un 42,7% que no está de acuerdo. Paradójicamente, quienes actualmente trabajan son los que muestran un mayor apoyo a ese incremento (50,6%). Del mismo modo, los principales respaldos a la medida se encuentran entre los votantes de Unidas Podemos (79,6%) y PSOE (51,7%), frente a la opinión contraria de los potenciales electores de PP (53,7%), Vox (63,9%) y Ciudadanos (64,5%). Con el foco puesto en los 1.000 euros, el SMI se ha elevado más de un 30% en el último trienio, hasta alcanzar los 950 euros.

De hecho, tampoco el SMI ha escapado de las discrepancias en el Ejecutivo. “Si no hay acuerdo entre los agentes sociales, a lo mejor lo que nos están diciendo es que hay que dejar un poco más de tiempo para tomar esa decisión en un contexto en el que tengamos ya enfilada la recuperación económica”, subrayaba hace apenas días la vicepresidenta del ramo, Nadia Calviño, echando un jarro de agua fría los intereses de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. No por casualidad el porcentaje de votantes de Podemos contrario a un gesto con el salario mínimo apenas alcanza el 17,6%. Hasta un 36,3% de los votantes socialistas en las últimas elecciones prefiere aguardar con ese alza, con más de 700.000 trabajadores hibernados en ERTE.

El Banco de España ya alertó en 2019 del impacto que una subida del SMI puede tener en términos de empleo. En concreto, estimó que el aumento del salario mínimo hasta los 900 euros podría suponer una pérdida de 125.000 puntos de trabajo, de comportarse el mercado laboral de forma similar a como lo hizo en 2017 tras el anterior incremento del 8% aprobado por el Gobierno de Mariano de Rajoy. El barómetro de Dym, elaborado entre los pasados días 15 y 17 de diciembre, se realizó a partir de 1.000 entrevistas llevadas a cabo de forma online, aplicando otras específicas por sexo, edad, hábitat, región y ocupación.