BBVA ha decidido guardar silencio. El representante legal de la entidad financiera, Adolfo Fraguas, ha acudido este miércoles a la Audiencia Nacional, donde había sido citado por el juez del 'caso Villarejo' para aclarar si siguió trabajando con personas afines al comisario jubilado José Manuel Villarejo tras su detención en noviembre de 2017. La comparecencia del directivo, que pone voz a al banco como persona jurídica imputada, ha sido breve, pues se ha acogido a su derecho a no declarar, al igual que han hecho anteriormente otros investigados que han sido llamados por este mismo asunto, al entender que las actuaciones que se siguen sobre estos nuevos encargos son nulas.
Según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración a La Información, Fraguas ha explicado que no iba a contestar a ninguna pregunta, debido a que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene pendiente de resolver el recurso que interpuso BBVA contra la ampliación de las pesquisas para esclarecer si en 2018 se realizó una serie de encargos a Anbycol, propiedad del exinspector jefe Antonio Bonilla, un policía cercano al agente encubierto y que trabajó para éste como director de Operaciones en el Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo y que realizó numerosos 'proyectos' para el banco entre 2004 y 2017.
Con la última prórroga de la investigación, a finales del pasado mes de julio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, acordó una nueva ronda de interrogatorios, después de que Anticorrupción advirtiera de sus sospechas acerca de que BBVA habría seguido realizando ciertos encargos de obtención de información privada sobre determinadas personas a una empresa que tenía la "misma dinámica" que Cenyt. Asimismo, se ofreció la personación como perjudicados a 67 particulares, de los cuales 21 de ellos fueron 'espiados' por Anbycol.
Y todo ello después de que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) presentara un oficio el pasado mes de abril, en el que se constatan los intercambios de correos electrónicos entre un empleado de la entidad financiera, Óscar Santos Tuche, y Antonio Bonilla. Tanto el exinspector -que ha sido juzgado en el primer juicio del 'caso Villarejo'- como el trabajador de BBVA (también imputado), que habría sido el encargado de hacer las peticiones de información reservada, se negaron a declarar.
Y así lo ha hecho también el representante legal del banco este miércoles, que ha subrayado que estas pesquisas se encuentran impugnadas por su posible nulidad. Según indicó BBVA en su recurso de apelación, estos "nuevos hechos" que se investigan en la pieza separada abierta sobre los 'negocios' que hizo Villarejo con la entidad vasca han surgido "a sus espaldas", ya que proceden de la línea de investigación relacionada con el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. Según recalcan fuentes jurídicas, estos indicios derivan del volcado del teléfono móvil de Bonilla en el marco de la pieza separada sobre la 'operación Kitchen', donde no ha estado investigado. Por ello, tanto la defensa de la entidad que dirige Carlos Torres como otros investigados, entre ellos el propio expolicía, denuncian que estos nuevos indicios no tienen validez legal.
Críticas de Anticorrupción
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción criticó esta postura del banco. En un escrito de oposición al recurso, al que tuvo acceso este diario, afeó que BBVA estuviera intentando "evitar la investigación de unos presuntos hechos delictivos", cuando siempre defiende que está colaborando con la Justicia. "Obviamente tal directriz, es lógica y totalmente respetable desde la perspectiva de un investigado, pero no de un investigado que afirma colaborar con la investigación", afirmaron los fiscales.
La comparecencia de BBVA cierra la ronda de investigados acordada por el magistrado instructor con el objetivo de, por un lado, indagar sobre estos nuevos trabajos que se habrían realizado tras la detención de Villarejo y, por otro, para averiguar si el comisario jubilado tuvo un trato de favor para la apertura de una cuenta. Este miércoles, ante el juez Joaquín Gadea -que ejerce como refuerzo del magistrado titular García Castellón-, el representante del banco, Adolfo Fraguas, ha manifestado, ante el intento de Anticorrupción de preguntar, que se remite a todo lo que ya había declarado previamente en noviembre de 2019, cuando la causa se mantenía bajo secreto de sumario, según han indicado las fuentes consultadas.
Más interrogatorios
Se da la casualidad que el juez ha agendado otra ronda para el mes que viene, donde interrogará como testigos a varios empleados de BBVA, que han sido citados después de que un extrabajador del banco afirmara la semana pasada que confirmó que no se comprobó que Villarejo estaba detrás de Cenyt hasta que llegó una alerta del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) en 2017. Aún así, afirmó que nunca detectó ningún tipo de irregularidad en la contratación de dicho grupo.
Por otro lado, ha citado al expresidente del banco Francisco González el próximo 15 de diciembre -tras cambiar la fecha de la comparecencia hasta en dos ocasiones- para poder escucharle. El que fuera máximo responsable de la entidad solicitó su declaración el pasado mes julio para poder aclarar todas las dudas que han surgido en los últimos años de investigación. 'FG', como se le conoce en el mundo financiero, declaró en noviembre de 2019, cuando las diligencias se encontraban bajo secreto de sumario.
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