La estrategia de reclutamiento de rastreadores del Gobierno de la Comunidad de Madrid salta de problema en problema. Si el primer motivo de polémica fue la decisión del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de recurrir a una empresa sanitaria privada, Quirón, para gestionar la puesta a disposición de operarios para esta tarea a cambio de 200.000 euros después de haber racaneado en la incorporación de rastreadores durante semanas, la controversia ha surgido ahora por su maniobra de requerir también a las mutuas de accidentes de trabajo - entidades dependientes de la Seguridad Social - para que pongan a disposición de la administración madrileña parte de su personal sanitario para realizar tareas de rastreo de contactos de afectados por Covid.
La Comunidad de Madrid se considera amparada para ello por una Orden emitida el pasado 28 de julio por la Consejería de Sanidad en la que se establece que "en caso de que como consecuencia de la evolución de la emergencia sanitaria no se pudiera atender adecuadamente la asistencia sanitaria de la población con los medios materiales y humanos adscritos a la Comunidad de Madrid, las autoridades sanitarias autonómicas podrán acordar la puesta a su disposición de los centros y establecimientos sanitarios privados, su personal, y el de las mutuas de accidentes de trabajo", según informa Europa Press. Sin embargo, el asunto no está tan claro. Fuentes del sector de las mutuas deslizan que por su dependencia orgánica debe ser la Seguridad Social la que autorice este movimiento y desde el Ministerio que dirige José Luis Escrivá se limitan a decir que hasta la fecha sólo ha habido un aproximación inicial que no ha ido más allá.
La vaguedad de la respuesta ministerial contrasta con lo preciso de la planificación que la Comunidad de Madrid ha trasladado a las mutuas. Según fuentes del sector, lo que el Gobierno regional ha trasladado a la patronal AMAT es su intención de contar esta misma semana con un listado de los profesionales -Madrid ha solicitado médicos, fisioterapeutas y enfermeros- disponibles para trabajar como rastreadores en el sistema sanitario regional, realizar el próximo lunes una formación de formadores, para que el martes éstos impartan un cursillo formativo al personal disponible con el horizonte de que el mismo miércoles 19 de agosto se incorporen ya al equipo de más de 400 profesionales de los que la Consejería de Sanidad dice disponer en el dispositivo de estudio y seguimiento de contactos que lideran los epidemiólogos de Salud Pública del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
El apretado 'planning' diseñado por la Comunidad de Madrid deja un margen de maniobra más bien escaso al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para evaluar la petición y decidir sobre la misma. Según las fuentes consultadas, el mismo día - el pasado viernes - que la Consejería de Sanidad trasladó su intención de disponer del personal de las mutuas de accidentes de trabajo a la patronal del sector AMAT también lo hizo a la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Fuentes ministeriales consultadas por La Información hablaban este miércoles de contactos preliminares y que éstos no había desembocado en ninguna concreción formal.
Las mutuas, entre la espada y la pared
La audacia de la Comunidad de Madrid y la falta de posicionamiento sobre el asunto del Ministerio de Seguridad Social han dejado a las mutuas en una posición desairada. Por una parte tienen un requerimiento formal del Gobierno de la Comunidad de Madrid, amparado en una orden de la Consejería de Sanidad, para que pongan a disposición de las autoridades regionales el personal sanitario que tengan disponible para atender lo que desde el Gobierno autonómica se consigna implícitamente como una 'emergencia sanitaria'. Por otro, se saben entidades colaboradoras de la Seguridad Social y, por tanto, tributarias de las decisiones que se tomen desde el Ministerio del ramo. En medio de esta indefinición, sobre la que eluden opinar, las fuentes del sector consultadas se inclinan por esperar a una autorización explícita del Ministerio antes de poner su personal a disposición del Servicio Madrileño de Salud.
Mientras tanto, eso sí, la patronal ha decidido ir circulando una plantilla a todos sus asociados para que éstos identifiquen en la misma el personal que estaría disponible para realizar las funciones que requiere la Comunidad de Madrid y dar respuesta al requerimiento realizado desde la Consejería de Sanidad. Si nada cambia, antes de que finalice la semana el Gobierno de Madrid dispondrá de una foto del personal que las mutuas aseguran tener disponible para operar como rastreadores al servicio del Sermas.
No es la primera vez que el sector se ve en esta situación en el contexto de esta crisis sanitaria. En el peor momento de la pandemia, la Comunidad de Madrid -al igual que otras comunidades autónomas- utilizó los centros hospitalarios de las mutuas de accidentes de trabajo para alojar a los enfermos que ya no tenía capacidad para atender en los hospitales de la red sanitaria pública. En ese momento, sin embargo, el Real Decreto gubernamental que regulaba las condiciones del 'estado de alarma' habilitaba a los gobiernos de las comunidades autónomas a requerir del apoyo de todos los recursos hospitalarios disponibles en el caso de que fuera necesario, tanto los del sector privado como los de los centros de las mutuas. Un marco legal excepcional que ahora no existe.
La iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido recibida con duras críticas por los sindicatos. El sindicato CCOO acusa al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de "requisar recursos ajenos" para no realizar las inversiones a las que se comprometió y de "buscar tarde y mal personal a coste cero sin ninguna garantía en las condiciones de trabajo". Desde CCOO consideran también imprudente recortar la disponibilidad de recursos de las mutuas en un momento como éste en el que la seguridad en el trabajo se ha convertido en un asunto crítico. UGT denuncia, por su parte, que la Comunidad de Madrid recurra a las mutuas para tratar de obtener "trabajadores gratis después de meses en que los expertos han estado advirtiendo de que era necesario contar con más rastreadores suficientemente formados".
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