Anticorrupción archiva la investigación las comisiones en el AVE a La Meca

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca (Arabia Saudí), adjudicada en 2011 a un consorcio de doce empresas españolas, tras casi cuatro años de pesquisas, que se abrieron a raíz del caso Villarejo. El departamento que dirige el fiscal Alejandro Luzón no ha encontrado suficientes indicios de un delito de corrupción en las transacciones internacionales y ha acordado en un informe el cierre de las diligencias preprocesales abiertas en 2018.

En concreto se abrieron tras el hallazgo de una conversación en la que la empresaria alemana Corinna Larsen, la que fuera amiga íntima del rey Juan Carlos, hablaba con el excomisario José Manuel Villarejo sobre el pago de comisiones por empresas españolas "para el tren" por unos 80 millones de euros, abonados a la mujer de un empresario saudí, quien habría entregado la mitad a un empresario español y este, a su vez, le habría dado todo o parte al rey emérito. Esta investigación ha discurrido en paralelo a las diligencias que mantuvo abiertas casi dos años Anticorrupción al rey emérito y que archivó también el pasado mes de marzo.

Una de ellas se refería al supuesto cobro de 64,8 millones de euros por intermediar en la construcción del tren de alta velocidad Medina-La Meca. El fiscal no encontró vinculación entre ese ingreso y la adjudicación, ni que estuviese relacionado con comisiones, y señaló que en todo caso estaría prescrito y que el rey emérito entonces estaba protegido por la inviolabilidad. En relación a estos hechos, el informe recoge unas manifestaciones de Corinna Larsen, que señaló que el anterior jefe del Estado habría dicho en su presencia que "50 millones de euros de las comisiones pagadas por la adjudicación del AVE Medina-La Meca eran para él", aunque no pudo asegurar que lo hubiese cobrado.

En este caso, lo que el fiscal Luis Pastor ha tratado de dilucidar es si por parte de las compañías españolas, integrantes del consorcio adjudicatario de las obras del AVE Medina-La Meca, se realizó algún pago a funcionarios o autoridades de Arabia Saudí que hubiera facilitado la adjudicación. La segunda fase de esta construcción fue adjudicada en 2012 al consorcio Al Shoula Group, compuesto por doce empresas españolas y dos saudíes, una de las cuales figuraba como titular un príncipe saudí que habría fallecido en 2017, según el informe. La Fiscalía ha analizado su papel como comisionista, así como el de otra consultora saudí, tomando declaración a diferentes testigos, entre ellos los embajadores de España en Arabia Saudí entre 2005 y 2017, que coincidieron en su carácter de "agentes mediadores o comisionistas".

Al fiscal le llama la atención este tipo de contratos de consultoría pero afirma que, dados los escasos frutos que ha dado la comisión rogatoria a Arabia Saudí, cualquier planteamiento que conduzca a "sostener unos posibles pagos a funcionarios o autoridades saudíes por parte de ambos comisionistas no es más que una mera especulación o conjetura". Señala que las comisiones que pactaron, aunque importantes en cuantía -100 y 120 millones de euros-, no superaron el 2 % del precio del proyecto y que Arabia Saudí ha informado de que no ha encontrado "transacciones derivadas de actividades sospechosas". Todo ello le hace concluir que los elementos con los que cuenta el fiscal son "claramente insuficientes" y que no permiten construir "una tesis inculpatoria".

Esta decisión viene a reforzar el archivo anterior que la Fiscalía del Supremo y el propio fiscal jefe Antocorrupción, Alejandro Luzón, realizaron sobre la presunta implicación del rey Emérito en todo ese proceso. Este último fleco que quedaba por cerrar de las comisiones del AVE se abrió en el año 2018 a raíz de las investigaciones del caso Villarejo, concretamente en la pieza ‘Carol’, que analizaba las conversaciones del policía con la aristócrata alemana. Pero después de cuatro año desde aquellas revelaciones, la conclusión de los fiscales anticorrupción es que no hay indicios que permitan judicializar el caso.