La Comisión parlamentaria de Investigación del accidente de Spanair, que en 2008 costó la vida a 154 personas y dejó 18 heridos, ha aprobado este jueves, con 210 votos a favor y los votos en contra del PSOE, el dictamen que se elevará al Pleno, en el que se responsabiliza del siniestro a los gestores que entonces estaban al frente del Ministerio de Fomento. Una decisión que motivará que los socialistas presenten un voto particular. debido a que consideran que el dictamen establece responsabilidades que competen a la justicia y no a una comisión de este tipo y que esta atribución podría ser inconstitucional. Entienden que en este tipo de comisiones "se puede señalar, pero no se puede acusar".
El dictamen señala los nombres de quienes en la fecha del accidente ocupaban puestos de responsabilidad, empezando por la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez; el secretario general de Transportes, Luis Fernando Palao; el director general de Aviación Civil, Manuel Bautista; y responsables del aeropuerto de Barajas, de Aena y de la Agencia de Seguridad Aérea.
El dictamen que sale de esta comisión difiere del borrador inicial en dos cuestiones: por un lado se ha excluido del listado de responsables a representantes de empresas privadas, como la propia Spanair, el constructor del avión, Boeing, y la aseguradora Mapfre, y por otro precisa las cuestiones que, entienden, debe analizar la Fiscalía General del Estado. En el borrador de dictamen había una mención genérica a "conductas negligentes" en el accidente, por lo que apelaba a que lo analizara la Fiscalía General del Estado para que, en su caso, realizara las actuaciones que considere pertinentes.
El documento aprobado este jueves precisa y detalla los puntos que creen debe analizar la Fiscalía: un informe de Aviación Civil, la documentación de la Comisión de Investigación de Accidentes, los datos técnicos del modelo de avión que Boeing no remitió a la Comisión, la posible comisión de un delito de revelación de secretos por el jefe de gabinete de la ministra de Fomento de entonces y el trato dado por Mapfre a las víctimas del accidente.
Esta Comisión se creó en febrero de 2018 a instancias de los grupos parlamentarios Unidas Podemos y Esquerra Republicana para determinar las causas y posibles responsabilidades del siniestro del Vuelo JK5022 de la compañía aérea Spanair el 20 de agosto de 2008. Ha celebrado 48 comparecencias. Después de 13 años de ocurrido el accidente, la Comisión demoró sus trabajos por la convocatoria en 2019 de dos elecciones generales, que paralizaron las investigaciones.
El vuelo JK5022 se estrelló a los pocos minutos de su despegue en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Murieron 154 personas y resultaron heridas otras 18, todas ellas con secuelas, según el informe de la Comisión. En el dictamen, la Comisión recomienda la creación de un cuerpo propio de inspectores de aviación que vele por la seguridad aérea de forma directa y sin dependencias externas. A la vez, considera que se deben revisar los protocolos de asistencia sanitaria de Aena -cuyo Plan de Emergencia para Barajas no funcionó durante el accidente-, de las administraciones autonómicas, de las compañías aéreas y de Protección Civil.
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