Vodafone presentará un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional para pedir la revisión del procedimiento de contratación en el que el Ministerio de Defensa adjudicó a Telefónica por casi 34 millones de euros la creación e implementación del 'Centro de desarrollo, adiestramiento y pruebas para operaciones militares en ciberdefensa con tecnología 5G' debido a la exclusión de la oferta que presentó a esta licitación.
Si bien el contrato fue adjudicado a Telefónica el pasado 6 de junio, a mediados de mayo el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) emitió una resolución en la que se recoge que Vodafone dio acceso a Indra a información clasificada, motivo por el que fue excluida de la adjudicación debido al carácter reservado del contrato.
"La licitadora (Vodafone) aportó declaración responsable del fabricante de cumplimiento de los requisitos técnicos por los cuales se ha solicitado aclaración, cuestión que llama especialmente la atención a este órgano de contratación, pues en este caso el fabricante (Indra) es un tercero ajeno a la presente contratación, el cual no debiera tener acceso a información clasificada en ningún caso, por lo que bien se entiende que han accedido a la misma sin autorización", señala la resolución.
En este contexto, Vodafone ha explicado que solicitó la colaboración de Indra para que le proporcionase una solución técnica con determinados requisitos y especificaciones como proveedor para su participación en el concurso. "Respetando el carácter de información reservada, Vodafone España no dio acceso, ni compartió los pliegos de contratación del Ministerio de Defensa con Indra", ha asegurado el operador británico a Europa Press.
"Indra ya disponía con anterioridad de los pliegos del concurso de contratación directamente facilitados por el órgano de contratación y contando todas las homologaciones necesarias para la obtención de los pliegos y el tratamiento de la información clasificada de Defensa", ha agregado la compañía.
Asimismo, Vodafone ha señalado que solicitó al TARC la posibilidad de hacer alegaciones complementarias, una vez que el Ministerio de Defensa autorizara al TARC a acceder a la información, si bien el TARC no ha dado esa oportunidad a la empresa, algo que, a su juicio, le causa "indefensión" en el proceso.
Por su parte, Indra ha señalado que en el acceso al expediente relativo a la creación e implementación de este centro "cumplió rigurosamente todos los requisitos administrativos y los protocolos de seguridad aplicables a este procedimiento, que, además, tenía carácter de abierto", han indicado fuentes de la firma tecnológica y de defensa a Europa Press.
Un plazo mínimo de 36 meses
Según figura en el portal de contratación pública del Estado, Telefónica se hizo con la licitación a través de una unión temporal de empresas (UTE) conformada por Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España y Telefónica Móviles España. El contrato recibirá financiación por parte de la Unión Europea con fondos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el plazo de ejecución del mismo será de 36 meses.
En ese sentido, el pliego de prescripciones técnicas del contrato, en el que se suelen recoger las características del mismo y las condiciones que tiene que cumplir el adjudicatario, entre otros aspectos, ha sido clasificado como "reservado" debido a la sensibilidad de los datos que contiene.
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