La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia respalda a Vodafone y decide no sancionar a la operadora británica por el caso de la cancelación irregular de portabilidades. Algo más de un año después de abrir un expediente opta por no imponer ningún castigo tras una denuncia presentada por el grupo Euskaltel. El organismo presidido por Cani Fernández descarta las medidas después de que no haya quedado acreditado que los procedimientos los ejecutara la propia compañía dirigida por Mario Vaz.
Fue en diciembre de 2019 cuando Euskaltel, sin estar aún bajo el paraguas de Másmóvil y con el fondo de inversión británico Zegona como máximo accionista, presentó una denuncia contra Vodafone al entender que había llevado a cabo conductas de competencia desleal. En la resolución firmada en septiembre por la Sala de Competencia, consultada por La Información, se explica que la Dirección de este área inició una información reservada.
En junio de 2022, dos años y medio después, la Sala de Supervisión acordó la incoación de un expediente sancionador como presunto responsable directo de una infracción grave. Entendían que había indicios de que la teleco o su agente representante pudieron suplantar la identidad de clientes para cancelar los procesos de portabilidad. Además había grabaciones de llamadas de clientes aportadas por Telecable, una filial del grupo vasco, en la que se desprendían indicios de suplantación de la identidad de ese operador para "viciar el consentimiento en proceso de portabilidad fija y móvil".
La propia Sala de Supervisión Regulatoria pidió archivar el caso el pasado mes de junio. Argumenta que, en primer término, no queda acreditado que entre agosto y octubre de 2019 el agente de televenta de Vodafone que llamó para solicitar cancelaciones de portabilidades hacia Euskaltel lo hiciera "sin el consentimiento de los clientes finales". "No constan incidencias en el nodo central por fraude y tampoco consta que se promoviera solución alguna por las vías informales de contacto habilitadas; ni constan denuncias de los titulares de las líneas ante las autoridades regulatorias", explica en sus conclusiones.
El otro punto 'caliente' de la denuncia tenía que ver con Telecable. Los consejeros de Supervisión insisten en que no ha podido determinarse el origen de las llamadas supuestamente fraudulentas, su atribución a Vodafone como responsable, "ni un patrón que permita determinar una correlación entre esas llamadas y procesos de portabilidad efectivamente lanzados por usuarios finales", apunta el texto. Insiste en que no se ha acreditado un "nexo, directo o indirecto". Por lo tanto, cree que no queda probada la conducta de suplantación de identidad de Telecable.
Ante estas conclusiones tan evidentes, el Consejo de la CNMC no puede concluir que existan actos de competencia desleal. Por tanto, decide no incoar un procedimiento sancionador. Contra este acuerdo no cabe recurso en vía administrativa, lo que supone una primera victoria de la operadora británica. Pero Euskaltel -ya bajo el paraguas del holding de Másmóvil- tiene la posibilidad de interponer uno contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, para lo que cuenta con un plazo hasta mediados de noviembre.
La batalla comercial por las portabilidades en España ha sido especialmente 'cruenta' en los últimos años en España, donde la competencia se ha intensificado y los cambios de operador han tocado máximos históricos por encima de los 700.000 durante un solo mes. En el año 2022, según datos del informe económico sectorial de la propia CNMC, se registraron en España 6,4 millones de 'robos' de numeración móvil (casi 550.000 de media al mes), una cifra algo inferior al ejercicio anterior, pero que mantiene al sector a la cabeza en el mercado europeo.
La venta de Vodafone
Hoy, Vodafone sigue en pleno proceso de "revisión estratégica" y viendo cómo los grandes fondos de inversión revolotean analizando potenciales ofertas de compra de su negocio en España. Los británicos Zegona admitieron ante sus inversores en la bolsa de Londres que estaba "en negociaciones" para una transacción, aunque estaba supeditada a la consecución de la financiación, la ejecución de la 'due diligence' y el acuerdo entre ambas partes. También están trabajando para esta particular 'subasta' Apollo y otras gestoras. Las valoraciones que se estarían barajando rondarían los 5.000 millones de euros.
En estas transacciones el Gobierno tendría voz gracias a lo que se conoce como 'decreto antiopas'. La actualización que se hizo de esa normativa en un decreto ley en julio no afectó a lo sustancial para este caso. Se trata de un inversor extranjero a todos los efectos y que compraría la mayoría accionarial en una compañía con contratos relevantes con el Estado y el resto de las administraciones públicas y que opera en el mercado de las telecomunicaciones, calificado entre los 'críticos'.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios