Orange acaba de sellar la paz con su plantilla a través de un acuerdo salarial de dos años. Telefónica ya ha asegurado que cumplirá con la cláusula que le obliga a compensar a empleados por la pérdida de poder adquisitivo y tratará los detalles tras la Navidad. Y ahora le toca a Vodafone. El tercer operador de telecomunicaciones en España arrancará en enero las negociaciones con los sindicatos para llevar a cabo una revisión salarial que absorba el impacto de la inflación en sus 4.000 empleados. Lo hará después de subir todas sus tarifas con el IPC y ser la única que lo vinculó.
El mes de noviembre fue un momento clave. Era la fecha tope para que tanto Vodafone como sindicatos denunciaran el convenio colectivo para iniciar una negociación con la que construir un nuevo marco de relaciones laborales en España. Ninguna de las partes movió ficha. Según explican a La Información fuentes sindicales, esto se hizo a cambio de que a partir de enero se sentaran ambas partes a la mesa para buscar una compensación salarial relevante. No hay una fecha concreta para arrancar las conversaciones, pero las mismas fuentes hablan de las próximas semanas.
Fuentes oficiales de Vodafone insisten en que su año fiscal va desde abril a marzo del año siguiente. Según su convenio ahora prorrogado automáticamente con las mismas condiciones, la revisión salarial se hace con efectos a partir del día 1 de julio. En teoría quedan por delante más de seis meses para que se haga efectivo. Pero desde los sindicatos presionarán para que se lleve a cabo algún tipo de gesto o compensación para estos meses. Lo más grave de la inflación se ha dado en esta segunda parte del año 2022 y se mantendrá durante los primeros meses de 2023.
“El presupuesto para el próximo ejercicio financiero no está cerrado y el incremento y condiciones que se pueden llevar a cabo aún no se han decidido”, explican las mismas fuentes oficiales de la operadora. Hay que tener en cuenta que existe cierta preocupación entre la plantilla porque la operadora británica es la única que no tiene ningún colectivo de su plantilla vinculada al IPC (Orange sí tiene a los empleados con menor salario y Telefónica debe compensar por la pérdida de poder adquisitivo). Está vinculado a dos parámetros financieros: los ingresos por servicio, es decir los que proceden de productos ‘tradicionales’ de conectividad, y la rentabilidad (Edit) en el ejercicio anterior. Como máximo se topó al 2,5% en caso de superar el 105% de cumplimiento.
No se hacen públicos los objetivos financieros fijados que servirán como base para esas subidas. En el primer semestre fiscal de la británica, que va de abril a septiembre, los ingresos por servicio menguaron un 4,5% hasta los 1.782 millones de euros. La compañía lo achacó a la guerra comercial y al giro hacia el 'low cost' del mercado español. El resultado bruto ajustado (Ebitda) se mantuvo estable después de las eficiencias en los costes y la devolución de impuestos correspondiente a una resolución judicial firme favorable en una pelea con Hacienda.
Orange ha sido la primera en estrechar la mano con los representantes sindicales ante la subida de los precios. Hace un par de semanas pactó con la representación de los trabajadores un incremento de hasta el 6% (para empleados con un sueldo fijo inferior a 37.500 euros) de los salarios con una prórroga de dos años del convenio colectivo. El acuerdo contempla que las ayudas por comida se extenderán a los trabajadores a tiempo parcial y aumentarán hasta los diez euros diarios en 2024 y el teletrabajo ocasional se extenderá hasta los 12 días. Por su parte, Telefónica se sentará también en enero para llevar a cabo la compensación planteada por convenio. Ante la preocupación de la plantilla, la empresa ha advertido que cumplirá con la cláusula y ajustará los salarios.
La entrada en vigor de la revisión salarial está fijada para julio de 2023, según el convenio, pero los sindicatos buscan compensaciones previas
La plantilla de Vodafone ha estado especialmente castigada durante los últimos años por los diferentes recortes ejecutados ante el estrechamiento de los márgenes de rentabilidad y la pérdida de ventas. En 2021 ejecutó su cuarto ERE en España: tras la negociación se quedó en 442 salidas con 50 días por año trabajado y el adiós a las tiendas propias que aún mantenían en el país. Su plantilla se situó a cierre de 31 de marzo de 2022 en algo más de 4.100 empleados. Dos años antes eran 200 más. Ahora, la compañía anuncia un plan de ajustes con los que pretenden recortar en 1.000 millones de euros el gasto a nivel global, no solo en España. Hay ciertas reticencias en los equipos locales ante la posibilidad de un nuevo 'tijeretazo'.
Otros ajustes en la gran empresa
Vodafone es la única de las cuatro grandes operadoras que ha anunciado que vincula sus tarifas a partir de 2023 a la inflación. Lo fue anunciando a sus clientes desde el pasado verano. Hace unas semanas comenzó a precisar el golpe: será una media de 4 euros al mes, con 5,5 euros en los paquetes convergentes de fibra y móvil. El baremo utilizado por la teleco es de un 6,5% de media, tomando como referencia el IPC promedio interanual entre octubre de 2021 y septiembre de 2022. Telefónica ha elegido otra fórmula: elevación por el incremento de los costes asociados al servicio. Lo hace sin una mejora de los servicios y con una media del 6,8%.
Además de las grandes telecos también ha habido medidas para tratar de paliar los efectos de la inflación en otras grandes compañías en España. Hay quien ha optado por controvertidas subidas lineales para toda la plantilla, como es el caso de Iberdrola que ha abonado este mes una paga extra de 1.000 euros. En el lado de la banca, la patronal pactó un incremento del 4,5% para 2023 (inicialmente se había previsto un 1,25%). En las energéticas, Naturgy pactó el nuevo convenio con subidas de hasta el 3% para el presente ejercicio, mientras que Repsol garantizó el incremento con el IPC
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