El conglomerado francés Vivendi, el mayor accionista de la operadora Telecom Italia (TIM) ha denunciado el pacto al que llegó el pasado 5 de noviembre la compañía transalpina para la venta de NetCo., su filial de red fija, al fondo Kohlberg Kravis Roberts (KKR). El importe máximo de la operación es de 2.000 millones de euros, aunque la firma francesa no ha pedido medidas cautelares. Así, la operación seguirá adelante según estaba previsto.
A través de un comunicado, TIM ha confirmado haber recibido una citación ordinaria de Vivendi cuestionando la legitimidad del acuerdo para la venta de NetCo. "Cabe señalar que Vivendi no formuló solicitud alguna de medidas cautelares, ni solicitó amparo urgente para impedir la ejecución de la resolución y los consiguientes actos de negociación", destaca la italiana. TIM ha subrayado que las actividades previstas en los acuerdos con KKR destinados al cierre de la transacción "continuarán según lo previsto", sin demoras ni interrupciones.
La venta a KKR
El 5 de noviembre, el consejo de administración de TIM anunció la aprobación por una mayoría de 11 votos contra 3 de la oferta vinculante sobre NetCo. presentada por KKR, que valoraba los activos en 18.800 millones de euros, con la posibilidad de alcanzar los 22.000 millones si concurren ciertas condiciones. Se espera que el cierre de la transacción se producirá en el verano de 2024, una vez que se completen las actividades preparatorias y se cumplan las condiciones precedentes.
La operadora italiana señaló que esta venta permitirá a la compañía reducir su deuda financiera en alrededor de 14.000 millones de euros, además de brindar a TIM la oportunidad de operar en el mercado interno beneficiándose de la reducción de una serie de restricciones regulatorias y también contribuirá a mantener la flexibilidad estratégica prevista en su plan estratégico.
Vivendi expresó su intención d impugnar
En noviembre, Vivendi ya expresó su intención de impugnar la decisión del consejo de TIM de vender su filial de red fija al fondo Kohlberg Kravis Roberts (KKR) por un máximo de 22.000 millones de euros al considerar que los derechos de los accionistas "han sido pisoteados" y que la resolución adoptada por el consejo de administración "es ilegal".
