Los sindicatos se levantan en armas contra la hoja de ruta tomada por los fondos acreedores de Celsa. Los nuevos dueños de la siderúrgica están explorando la venta de filiales en el extranjero y los representantes de los trabajadores denuncian que se le restará valor al grupo y que se pondrá en riesgo su viabilidad, ya que el 50% del beneficio bruto de explotación (Ebitda) corresponde a Noruega, Polonia y el Reino Unido, según UGT y CC OO. Además, temen que las desinversiones lleguen a España y reclaman que se acelere la entrada del socio industrial nacional para que participe en el diseño del plan industrial de la compañía.
En concreto, los fondos han contratado los servicios de Citi para una valoración en el mercado de sus divisiones en Noruega, Polonia y el Reino Unido, tal y como adelantó La Información. "Celsa es una multinacional y si los fondos venden los bienes que tiene fuera se convierte en una empresa de ámbito nacional que se debilita muchísimo, y también a sus intereses económicos de futuro. El compromiso (de mantener activos) existía y lo que vemos es el claro funcionamiento de los fondos de inversión: tomar posesión y vender activos para hacer caja", señalan las fuentes sindicales consultadas.
Las mismas fuentes detallan que los fondos recuperarían su inversión incluso con vender menos de la mitad de los activos que se plantean ahora mismo. Las tres divisiones citadas al principio tienen un valor de mercado de alrededor de 1.300 millones de euros y la operación se enmarca dentro de la nueva estrategia que está llevando a cabo el fabricante de acero -para lo que ha contratado a la consultora consultora Bain & Company-, según fuentes financieras citadas por Expansión.
Polonia, una de las joyas europeas de la compañía
"Es una operación financiera más que industrial. Y todo se está haciendo sin ese colaborador necesario que para nosotros es un industrial español del sector. Sin los activos de fuera de España, Celsa se convierte en una empresa mucho más débil y dependiente", apuntan los sindicatos, quienes ponen en valor el papel que puede tener la acería de Polonia en la reconstrucción de Ucrania tras la invasión de Rusia -de la que se van a cumplir en marzo tres años-, "con unos incrementos económicos y de ventas importantes".
Por otro lado, las organizaciones sindicales temen que el camino iniciado por los fondos se traslade a España. "Empiezan por activos extranjeros, que parecen que tienen menos importancia, pero luego llegarán las desinversiones dentro porque no todos los activos del país son rentables o algunos los son más que otros. Trabajan con parámetros financieros más que industriales", argumentan.
Como se decía al principio, una de las condiciones que puso el Gobierno para aprobar la toma de control de la siderúrgica que pertenecía a la familia Rubiralta era la de dar entrada en el capital -con un 20%- a un socio español. El Ejecutivo y los fondos se dieron de plazo seis meses -hasta junio de este año-, sin embargo, los sindicatos consideran que los nuevos dueños no quieren compañía. "La prueba está en la toma de decisiones de este tipo. Estas decisiones tanto industriales como económicas tendrían que estar consensuadas con el socio español que se pactó con el Gobierno, y vemos que tienen cierta prisa para acometer determinadas cuestiones antes de la entrada del socio. Eso previendo de que haya alguien que quisiera entrar en un grupo que está haciendo estas desinversiones y al que se le está quitando valor", aseguran.
Fuentes de Celsa explican que la contratación de Citi se ha hecho para realizar una valoración de las filiales extranjeras del grupo y que la decisión responde a la voluntad que tiene la compañía de profundizar en el conocimiento y alternativas que ofrecen sus divisiones internacionales. "Se trata de un ejercicio de exploración y en ningún caso se ha tomado ninguna decisión concreta", afirman desde la compañía, que ha preferido no hacer comentarios sobre la postura de los sindicatos.
Las federaciones industriales de UGT y CCOO emitieron este miércoles un comunicado y consideraron que este tipo de operaciones "van claramente en contra de los intereses de las personas trabajadoras al provocar un alto grado de incertidumbre en el futuro industrial y laboral de todas las plantas del grupo en España", reza el escrito.
Reclaman reunión de urgencia con Industria y los fondos
Ambas organizaciones sindicales van a pedir, "a la mayor brevedad posible", reuniones con el Ministerio de Industria y los fondos propietarios, que son Deutsche Bank, SVP, Attestor, Cross Ocean, Anchorage, GoldenTree y Sculptor. Entre los siete controlan alrededor del 90% de la deuda 'jumbo' y convertible. "Reclamamos al Ministerio de Industria y al Gobierno que prohíban las desinversiones programadas y contemple la rápida entrada del socio industrial siderúrgico español para que participe en el diseño del plan industrial del grupo", sentencia comunicado.
Fue en septiembre de 2023 cuando el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona dictó la sentencia que daba el visto bueno al plan de reestructuración propuesto por los acreedores. El Gobierno dijo en su momento que respetaba la decisión judicial y ante eso los fondos solicitaron la autorización de las inversiones comprometiéndose a preservar la "españolidad" de la empresa, rescatada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con 550 millones de euros.
El propio Ejecutivo, que dio el visto bueno a la operación en Consejo de Ministros el pasado diciembre, pidió tranquilidad a los trabajadores y prometió negociar con los nuevos propietarios para garantizar la viabilidad de la empresa, la integridad de sus unidades de negocio, el mantenimiento de todos los empleos y su continuidad en España. Esos compromisos del Gobierno coinciden con las condiciones que se contemplaron en la sentencia judicial que avaló la operación, que hacía hincapié en la necesidad de preservar e incrementar el valor de la compañía.
