No ha habido sentencia, sino un acuerdo previo entre las partes. Uber Eats ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT ante la Audiencia Nacional por el cual admite que la desconexión de los 4.400 riders en el verano de 2021 tras la entrada en vigor de la nueva ley es un despido colectivo. Por tanto, se le abonará una indemnización de 45 días de salario por año de servicio, con unos mínimos dependiendo de la antigüedad y la retribución percibida. "Es un acuerdo histórico, ya que se reconoce en sede judicial un despido colectivo de personas repartidoras", apunta UGT.
Los hechos se remontan al verano de 2021. Portier Eats Spain, la división de reparto de Uber, desconectó unilateralmente a 4.400 personas ante la entrada en vigor de la Ley Rider que venía a endurecer la regulación de esta relación entre los repartidores y las plataformas. UGT y CCOO acudieron a la Audiencia Nacional para iniciar un proceso de despido colectivo. La Audiencia decidió que las organizaciones carecían de legitimación para impugnarlo debido a que no tenían implantación en esta empresa El Supremo revocó esta decisión, lo que obligaba a repetir el juicio que estaba previsto para hoy 13 de diciembre.
Finalmente hoy se ha anunciado el acuerdo. Un portavoz de Uber asegura que este pacto compensará a los repartidores que fueron desconectados y que se produce tras el cambio de modelo con un nuevo sistema de tarifas, en el que el 'rider' coloca un precio a su servicio y elige entre los repartos disponibles. Según la compañía, esta estructura permite esquivar esa relación de laboralidad entre ambas partes.
En concreto, en el acuerdo la empresa reconoce que se produjo un despido colectivo y que el mismo "no resulta ajustado a la ley española", según explican desde UGT. De esta manera, se compromete a abonar una indemnización a cada uno de los riders afectados de 45 días por año de servicio. Los mínimos de indemnización han sido establecidos dependiendo de la antigüedad y la retribución recibida en el último año.
Para UGT es un "acuerdo histórico" pues por primera vez se reconoce en sede judicial un despido colectivo de personas repartidoras de plataforma
Ahora debe ser la empresa la que remita en los próximos cuatro meses a cada uno de los 4.400 afectados un mensaje en la que se comunicará el acuerdo alcanzado y la cuantía que le corresponda. El repartidor tendrá un plazo de un mes para aceptar y confirmar los datos. "Se trata de un acuerdo histórico, ya que por primera vez se reconoce en sede judicial un despido colectivo de personas repartidoras y garantiza el cobro de las indemnizaciones por cada uno/a de los/as afectados/as, en cuantías que mejoran las establecidas en la ley", asegura la organización.
Nuevo modelo
La directora general de Uber Eats en España, Courtney Times, aseguraba recientemente que más allá de otras modificaciones en el sistema, como la incorporación como voluntarios algunos de los servicios como el seguro, el "gran cambio" de ese nuevo modelo que ahora establecen es la definición del precio por servicio. "Lo estamos lanzando por primera vez a nivel global desde España", apunta. "Hemos hablado mucho con el Gobierno para crear puentes y para tratar de ser 'compliance' con la ley; fuimos a verles antes de lanzarlo para presentarles el nuevo modelo", apostilla.
En base a la sentencia del Tribunal Supremo de hace dos años que 'tumbó' el modelo rider inicial, la "fijación de las condiciones esenciales para la prestación del servicio" era determinante para determinar que la relación de la plataforma con el repartidor es de "naturaleza laboral". Pero en esa sentencia también planteaban otro de los aspectos claves: el hecho de que la empresa sea titular de los activos esenciales que son necesarios para la realización de la actividad, como la aplicación móvil. Y esa aplicación sigue siendo necesaria para la prestación del servicio.
Pese a todo, desde la empresa defienden que estos cambios son suficientes para mantener el "modelo híbrido" que tienen en marcha, en el que combinarán con porcentajes variables entre repartidores y plataformas. La última palabra la tendrá la Inspección de Trabajo que aún no ha movido ficha en el marco de la nueva ley. Uber se había quejado ante el Ministerio de Trabajo tras la decisión de Glovo de mantener su sistema de autónomos por el impacto que estaba teniendo en su operativa.
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