El Tribunal Supremo tumba un recurso de dos sindicatos minoritarios del comité de empresa de la división de defensa de Indra y respalda el acuerdo marco laboral pactado por la compañía a finales de 2020, bajo la presidencia de Fernando Abril-Martorell, tras cerrar el plan de salidas que implicó 135 prejubilaciones y 85 salidas voluntarias. La Sala de lo Social rechaza los dos motivos alegados y blinda la sentencia de la Audiencia Nacional que ya cerró cualquier posibilidad de conflicto colectivo. El aval se produce a dos meses de su pérdida de vigencia. Ya a principios de 2022 los magistrados del Alto Tribunal también avalaron el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ejecutado en la división tecnológica.
En un primer momento, la compañía planteó un ERE para la división de defensa, al igual que para Minsait. Sin embargo, tras la negociación con las organizaciones sindicales, optó por retirar el despido colectivo y aprobar 135 prejubilaciones y 85 salidas voluntarias. A este plan de bajas se unía un acuerdo marco laboral, que tiene rango de convenio colectivo, con el que se mejoraban algunas de las condiciones de trabajo de la plantilla en España. Ese fue respaldado por CCOO, UGT y USO, que ostentaban once de los trece representantes de la comisión representativa. Pero fue rechazado por CGT y STC que acudieron a los tribunales.
En la Audiencia Nacional reclamaron la nulidad del acuerdo marco en su conjunto al entender que se había acordado desde una "mala fe negociadora" y que se había vulnerado la libertad sindical. De manera subsidiaria, las organizaciones también reclamaron anular algunos puntos de ese pacto que tenían que ver por ejemplo con la comisión de seguimiento u otros aspectos, pues sólo se incluía a los sindicatos firmantes. Argumentaban que se excluían su capacidad negociadora. Los magistrados no acogieron los argumentos y desestimaron la demanda de CGT, a la que se unieron Cobas y STC, frente a Indra y el resto de organizaciones sociales.
Como cabía recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tanto CGT como STC presentaron su escrito. El Alto Tribunal unificó ambos y arrancó todo el procedimiento que acabó el pasado 11 de octubre cuando se votó y se emitió el fallo con el que tumban la denuncia, como queda reflejado en la sentencia consultada por La Información. Pese a que existe un único motivo articulado por los denunciantes, que habla de infracciones del convenio del metal o del Estatuto de los Trabajadores, se plantea la nulidad de dos apartados del marco laboral.
Antes de entrar en el fondo, el Tribunal enfatiza que el acuerdo se lograba tras un periodo de consultas, en el que la empresa y los sindicatos intercambiaron propuestas, discutiendo sobre las causas motivadoras del proceso de reestructuración. El objetivo era evitar la aplicación de "medidas traumáticas" que tuvieran un impacto negativo relevante sobre el empleo y sobre la estabilidad "en un momento de crisis en el que era preciso reforzar y optimizar los recursos disponibles, pero también fortalecer la formación y recualificación de los empleados".
Los dos apartados que pretendían tumbar era el del 'Servicio Lanzadera' y el de la distribución irregular de la jornada. Respecto al primero, los magistrados del Supremo entienden que no implica una vulneración del convenio del metal de Madrid. También desechan, como ya lo hiciera la Audiencia Nacional, el argumento de que la 'bolsa de horas' pactada en el acuerdo tenía peores condiciones que las del propio convenio y, por tanto, debía prevalecer ese último.
Dos meses para su finalización
Este acuerdo marco laboral tenía un periodo de vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Según queda reflejado en el texto se puede prorrogar año a año "salvo que sea denunciado por la empresa o por la mayoría de la representación social" con un mes de antelación a la fecha de la terminación de la vigencia. Por tanto, quedan apenas tres semanas para que se cumpla ese límite. Aún no se ha comunicado ningún movimiento en este sentido.
Pese al tamaño relevante de la plantilla, la compañía ha apostado tradicionalmente por vincularse al convenio del metal e ir negociando con los sindicatos diferentes medidas 'extra'. El acuerdo marco que ahora se confirma por el Tribunal Supremo -que había estado estancado desde el año 2019- regulaba algunos derechos más para la plantilla como esas bolsas de horas o las compensaciones salariales. A principios de 2023 se anunció que se incrementaban los salarios del equipo de Indra Sistemas conformado por cerca de 6.000 empleados en apenas un 2,07% en 2022 y del 1,25% para 2023 sin establecer ninguna compensación 'extra' para corregir la pérdida de poder adquisitivo ante la subida del IPC:
