La sombra del Castor es alargada y pende sobre otro proyecto polémico relacionado con la energía: la explotación de una mina de uranio en Salamanca que impulsa desde hace diez años el grupo australiano Berkeley. La Audiencia Nacional está a punto de hacer pública su decisión sobre el recurso contencioso administrativo que interpusieron Equo y Ecologistas en Acción en 2016 contra la autorización previa de instalación que concedió el Ministerio de Industria al proyecto el 17 de septiembre de 2015. Entonces estaban al frente del departamento José Manuel Soria (PP) como ministro y Alberto Nadal como secretario de Estado de Energía. En el caso de que la Audiencia fallara a favor de los recurrentes, Berkeley podría reclamar cantidades millonarias al Estado español como ha sucedido en el caso de la clausura del almacén de gas Castor.
Berkeley ya ha demostrado en el pasado que se mueve al menos tan bien en los tribunales como en Bolsa. En 2012, el grupo australiano llevó a la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA) ante la Corte de Arbitraje Internacional por haberse echado atrás en el proyecto de explotación conjunta del uranio salmantino. Entonces reclamó 200 millones de dólares (150 millones de euros). El caso se cerró con un acuerdo sobre derechos de explotación en la zona, pero demostró que Berkeley defiende hasta el final el terreno conquistado.
En el terreno administrativo, el terreno conquistado por Berkeley se traduce en una autorización previa de Industria (año 2015) como instalación radioactiva de primera categoría de combustible nuclear, una declaración favorable de impacto ambiental de la Junta de Castilla y León y un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de julio de 2015, bajo la presidencia de Fernando Marti (PP) para el emplazamiento de la planta de fabricación de concentrados de uranio. El informe del CSN no fue unánime. Se abstuvo la entonces consejera Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE.
Inversión de 70 millones
Todo el entramado se puede venir abajo en la Audiencia Nacional con la decisión que adopte la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Si estima el recurso de Equo y de los ecologistas, cabe la posibilidad de que el grupo australiano intente hacer valer ante los tribunales la autorización que recibió de Industria en 2015 y sobre la que, según sus cuentas, habría invertido ya más de 70 millones de euros.
La posibilidad de una repetición del caso Castor llevó a los recurrentes a plantear un acuerdo tanto al Ministerio de Transición Ecológica como al abogado del Estado en el recurso de la Audiencia. Propusieron retirar la demanda para no perjudicar al Estado a cambio del compromiso del Gobierno de retrotraer el procedimiento administrativo del proyecto Berkeley al comienzo. Vuelta a la casilla de inicio sin anular el procedimiento.
El abogado responsable del recurso, Manuel Serrano, explica que se trataba "no de anular la autorización, sino de volverla atrás". Entre otras cosas para consultar la opinión del Gobierno de Portugal sobre un proyecto con material radiactivo desarrollado a pocos kilómetros de sus fronteras. La ausencia de consultas con el Gobierno portugués es un problema del plan de Berkeley que reconoció en el Congreso la actual ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera.
Informe del CSN
A la espera de que la Audiencia Nacional haga pública su decisión, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), renovado en marzo, sigue evaluando la solicitud de Berkeley para construir la planta de procesado del uranio. Teóricamente, el informe debería estar concluido antes de fin de año. Pero no hay fecha concreta prevista para tomar la decisión, según precisan fuentes del organismo.
El de Berkeley es un asunto espinoso. La mayoría de los partidos políticos son favorables a la paralización del proyecto y así lo manifestaron en junio de 2018 en la ponencia del Congreso para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Pero el grupo Berkeley, que cotiza en las Bolsas de Londres, de Sidney (Australia) y desde hace un año en el mercado continuo de España, ha realizado inversiones y solicitado permisos que hacen muy complicado desmontar el mecano administrativo trenzado en los últimos años.
La situación de Berkeley tras diez años de polémica es incierta. La propia empresa lo admite. En el prospecto de salida a Bolsa en junio de 2018, advirtió de que su principal riesgo era político porque su actividad está vinculada al 100% a los permisos administrativos para poder operar, y sin los cuales no podrá extraer el uranio de la mina salmantina. Berkeley asegura que su proyecto en Salamanca es rentable, hasta el punto de "generar resultados a largo plazo a nivel mundial, capaz de suministrar más de cuatro millones de libras de uranio al año, equivalente al 10% del total requerido en Europa".
El polémico proyecto se complica porque, además, Berkeley ha ampliado el abanico del negocio en Salamanca y tiene en marcha trece sondeos para buscar metales que se utilizan en la fabricación de baterías para móviles y vehículos eléctricos. En concreto, espera encontrar litio, cobalto, tungsteno, estaño y tierras raras. Son anuncios que el exdiputado de Equo, Juantxo López de Uralde, pone en cuarentena porque, según sostiene, proyectos como el de Salamanca están ligados a la especulación financiera y no vinculados a la explotación de minerales.
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