El Estado español prosigue en su objetivo se controlar el 28% de Indra. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI ) ya posee más de una cuarta parte del capital de Indra, según ha comunicado este jueves la tecnológica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En total, Sepi se ha hecho con el 25,159% del capital social de Indra pocos días después de que se alzara con el 23,89% de participación en la compañía a raíz de que Corporación Financiera Alba, de la familia March, decidiera vender su parte en esta tecnológica, donde tenía el 3,21% del capital. Sepi tiene previsto ir ampliando su participación hasta alcanzar la citada cifra de las acciones de la sociedad, tal como se lo autorizó el Consejo de Ministros, mediante compras diarias a fin de que no afecten a la cotización del valor.
Tal y como avanzó La Información, SEPI arrancó las compras el 9 de abril, cuando la acción abría a 9,4 euros y cuenta con la autorización del Ejecutivo para consolidarse como su accionista de referencia. Desde entonces, y pese a las incertidumbres bursátiles, el valor de la acción ha crecido un 13,2%. La estrategia era hacerlo de manera selectiva para no influir en el precio de los títulos.
La empresa pública reconoció por primera vez en la convocatoria de la junta de accionistas del próximo 23 de junio su voluntad de sumar un tercer consejero en la compañía que se una al exministro de Industria, Miguel San Sebastián, y al exdiputado Antonio Cuevas tras rebasar el umbral del 23%. Hace algo más de un año, la entidad promovió un relevo al frente de la compañía que desembocó en la salida de Fernando Abril Martorell como presidente ejecutivo y un nuevo modelo de gobernanza con Marc Murtra como presidente no ejecutivo y dos consejeros delegados.
Con estos movimientos persigue demostrar la fuerza del organismo público, que busca tener una influencia mucho mayor en el futuro de la compañía en un contexto de más gasto público de Defensa y de mayor peso de los programas europeos. Ya dejaron claro que la decisión respondía al "propósito de dotar a Indra de una estabilidad accionarial y un apoyo eficaz para que pueda llevar a cabo con éxito los compromisos asumidos”. Después de esa declaración, y sin que se hubiera ejecutado una compra masiva de títulos, se produjeron dos dimisiones muy relevantes: la del responsable financiero, Javier Lázaro, y la de la consejera delegada del área tecnológica (Minsait), Cristina Ruiz.
La salida que no se ha producido aún es la de Ignacio Mataix, único consejero delegado y con poderes ejecutivos, pese a que se ha incrementado la presión interna para que suceda. La ministra de Industria, Reyes Maroto, lo dejó 'fuera de juego' la semana pasada después de insistir en no descartar a ninguna empresa, ni tampoco a Indra, para la entrada en el consorcio español de ITP Aero. El ejecutivo había defendido ante los analistas hasta en dos ocasiones que era una transacción que "no estaba sobre la mesa".
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