A contrarreloj. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) aprieta los dientes en su plan para ganar poder y ser el principal accionista de Telefónica “lo antes posible”. Lo hace a algo más de dos semanas de que se celebre de la junta general ordinaria de accionistas de la operadora de telecomunicaciones presidida por José María Álvarez-Pallete que servirá para renovar el cargo a un tercio de los consejeros, entre independientes y dominicales. La entidad pública llegará ejerciendo galones de socio muy relevante si, como es previsible, mantiene el ritmo de compras de las últimas semanas, aunque no podría modificar el orden del día con antelación por los plazos estatutarios.
“En el menor tiempo posible”. Las palabras de este martes de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, despejaron cualquier duda sobre una potencial dilatación de los tiempos para la llegada al 10% del Estado en la teleco española. No hay intención de eternizar la transacción. Si a finales de febrero se estaba ultimando la contratación con el banco asesor, como apuntaban fuentes del Ejecutivo, y el 25 de marzo se superó el umbral del 3% que le obligaba a notificar a la CNMV, quiere decir que la adquisición se ha hecho relativamente rápido. Quedan 16 días para que se celebre la junta. Para situarse al nivel de STC, Caixabank o BBVA necesitará en torno a un 2% ‘extra’.
El contexto en el que se acelera este movimiento accionarial está marcado por varios factores. En lo político, las elecciones catalanas y vascas representarán un importante examen para el Ejecutivo de Pedro Sánchez y de su resultado dependerá lo que suceda en la segunda parte del año. En lo empresarial, la saudí STC sigue aún ‘agazapada’ mientras reclama la autorización para llegar al 9,9% del capital de la operadora de telecomunicaciones. Los saudíes aún no han movido ficha y no han demostrado una prisa excesiva -se ha dado un año para obtener todas las autorizaciones-, pero sí que han dejado claro que no pretenden quedarse en el 4,9% como se habría llegado a plantear en meses anteriores. Y mientras tanto, las acciones no dejan de revalorizarse. En el último mes han subido casi un 7% y están en máximos desde mayo de 2023.
Esa posición de en torno al 5% ya le podría permitir a Sepi pedir un sillón en el consejo, habida cuenta de su compromiso reflejado en la autorización del Consejo de Ministros de llegar hasta el 10%. Para que la designación de un representante en el órgano de decisión se formalice en la junta ordinaria de abril habría en principio dos opciones pero supondría una actitud relativamente hostil por parte del ente público. Una está descartada por plazos: el complemento al orden del día. Esto fue lo que sucedió en Indra con Sapa, que pidió ampliación para sumar la llegada de Jokin Aperribay. Esta modificación se puede hacer si tienes más de un 3% pero ha de formalizarse, según queda reflejado en los Estatutos de Telefónica, en los cinco días siguientes a la convocatoria. Ésta se hizo a principios del mes de marzo. La otra es a través de la incorporación de este punto el mismo día de la junta, como hiciera el fondo Amber Capital en la destitución de los consejeros independientes de Indra en el año 2022. Fuentes oficiales de Sepi descartan hacer comentarios.
Aunque finalmente no se pueda consumar ese aterrizaje en la junta general y haya que convocar una extraordinaria en semanas posteriores, la Sepi llegará si mantiene el ritmo de compras con una participación accionarial muy relevante al próximo 12 de abril con la que marcar posiciones. Desde el Gobierno no se hace ninguna referencia -como sí que se hacía por parte de STC- a la gestión del equipo directivo en la defensa de esta transacción, que implica una ‘renacionalización’ parcial de la teleco. Sólo se insiste, en boca de la portavoz del Gobierno, en que se va a proporcionar “una mayor estabilidad accionarial salvaguardando las capacidades estratégicas de una compañía que es estratégica para los intereses nacionales”.
En este baile de sillas, Telefónica ha intentado jugar sus cartas. A mediados de diciembre, el consejo adelantó dos renovaciones de consejeros para así defenderse ante potenciales nombramientos futuros de representantes independientes con sensibilidades diferentes. Juan Ignacio Cirac Sasturain y Peter Erskine presentaron su dimisión como consejeros independientes y fueron sustituidos por Solange Sobral y Alejandro Reynal. La primera ya era consejera de Telefónica Brasil. El segundo fue hasta el año 2019 CEO de Atento, compañía de servicios de gestión de relación con clientes y de externalización de proyectos entonces controlada por Telefónica. Ambos son conocidos y cercanos a la operadora. A esto se suma la renovación de los cuatro independientes veteranos que se votará en la junta (Javier Echenique, Peter Loscher, Verónica Pascual y Claudia Sender). Dos de ellos afrontan el tercer mandato de cuatro años a partir del cual no podrían ser independientes.
Este movimiento es relevante debido a la aritmética para encajar todas las piezas en el consejo. Hoy el órgano cuenta con quince miembros después de que hace dos años Caixabank y BBVA se avinieran a reducir de dos a uno sus representantes para así poder cumplir con la recomendación de buen gobierno de la CNMV. Ampliarla otra vez a dieciséis o diecisiete para dar entrada a Sepi y STC sería una medida peliaguda. Por tanto estas renovaciones de consejeros, tanto las adelantadas como las que se hacen en plazo, suponen una medida relevante.
Posición de Pallete
En este contexto, Telefónica ha mantenido una posición de cierta frialdad sobre los movimientos de la Sepi. El propio presidente ejecutivo, José María Álvarez-Pallete, aseguró tras la presentación de resultados anuales a finales del mes de febrero sobre esta irrupción de la sociedad estatal: “No tenemos novedades”. “No valoramos, pues no es una decisión nuestra; no podemos influir en el momento, en la forma en la que la Sepi vaya a ejecutar la decisión tomada por el Consejo de Ministros. No sabemos qué instrumentos utilizaría. Hay que preguntárselo a ellos”, apuntaba el primer ejecutivo. Después de que la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda defendiera que su compra de títulos tenía como objetivo dar estabilidad, Álvarez-Pallete puso énfasis en el peso de los inversores minoristas españoles en la teleco es significativo y son “los que nos han dado estabilidad en los últimos años”.
Mientras tanto, los dos asesores de voto internacionales han mostrado respaldo sobre los asuntos a tratar en la asamblea. Tanto Glass Lewis como Institutional Shareholder Services (ISS) recomiendan el apoyo a todos los puntos que se incluyen en el orden del día, incluidas las ratificaciones de los consejeros independientes cercanos a la operadora, la renovación de los otros cuatro o la aprobación del nuevo plan de incentivos de hasta 200 millones de euros para los directivos.
