Sentencia histórica de la Audiencia Nacional. Los 34 acusados, incluido Rodrigo Rato, han sido absueltos de los delitos de estafa y falsedad contable. Pero las más de 400 páginas de sentencia dejan ver contradicciones en los testimonios que, durante más de 70 sesiones, se manifestaron en directo y por videoconferencia. Es precisamente a través de esta última modalidad por la que Luis de Guindos, actual vicepresidente del BCE y entonces ministro de Economía, señalaba que tenía una capacidad de influencia "inexistente" sobre las decisiones de los reguladores y supervisores y, como consecuencia, sobre algunos de los puntos claves que precipitaron la caída de Bankia. Pero el tribunal de la Audiencia Nacional que ha juzgado este caso y que encabeza Ángela Murillo contradice al entonces responsable de lo que en el sector financiero se considera "una operación de Estado".
De acuerdo con la sentencia hecha pública este mismo martes, el tribunal confirma que el informe clave que emitió el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que precipitó la caída de Bankia fue publicado mes y medio antes de lo que correspondía "a requerimiento del Gobierno español", afirmación totalmente contraria a la realizada por Guindos. El citado informe contenía una valoración negativa de Bankia, en la que se hacía alusión a su grupo de bancos en proceso de reestructuración y manifestaba que "es de vital importancia que estos bancos, especialmente el más grande, adopten medidas rápidas y decisivas para fortalecer sus balances contables y mejorar las prácticas de gestión y gobierno".
Pese a que en él no se nombraba directamente a la entidad financiera, el tribunal entiende que debido al contexto del momento, todos los observadores tenían claro que el banco señalado era Bankia. Para el momento en que se llevó a cabo este informe, la entidad que aún dirigía Rodrigo Rato ya había presentado el denominado 'Plan de Saneamiento' que había pasado por las manos del Banco de España en abril de ese mismo año. El supervisor consideraba entonces que dicho plan era "idóneo para lograr el cumplimiento" de los requerimientos fijados por el real decreto que vehículaba la restructuración.
Tras la difusión anticipada del informe del FMI que pidió el Gobierno de Mariano Rajoy, el Ministerio de Economía y Hacienda que encabezaba el propio Guindos solicitó del Grupo BFA/Bankia la presentación de un nuevo plan que estableciese una estrategia a corto plazo y que superaba al que hasta entonces había establecido Rodrigo Rato. Esta petición fue inmediatamente atendida mediante el ofrecimiento de un 'Plan de Desinversión, Saneamiento y Mejora de Margen' que establecía seis medidas para mejorar la situación, entre las que se encontraba la solicitud de una nueva línea de ayuda al FROB por importe de 7.000 millones de euros.
El tribunal se inclina también en este punto hacia el lado contrario al del hoy vicepresidente del BCE. La sentencia señala que las discrepancias existentes entre el Plan de Saneamiento del Grupo, que llevó a cabo el equipo de Rato y fue aprobado por el Banco de España, y las que se establecieron en el 'nuevo Plan de Desinversión, Saneamiento y Mejora de Margen' hecho a instancia al Ministerio de Economía, "obedecieron a criterios no suficientemente acreditados".
El papel de Guindos en las reuniones con FG, Fainé y Botín
El papel de Luis de Guindos fue determinante el mismo día que se presentó este plan y los inmediatamente posteriores. En la sentencia se da cuenta de las reuniones organizadas en la sede del Ministerio de Economía en los días 4 y 5 de mayo de 2012. En ellas se dieron cita el propio ministro, Rodrigo Rato y los presidentes de las entidades bancarias BBVA, Santander y La Caixa, Francisco González, Emilio Botín e Isidro Fainé. De acuerdo con el relato, la primera de ellas habría sido convocada por el propio Guindos y tenía como objetivo poner sobre la mesa un nuevo real decreto que obligaría a realizar mayores provisiones.
Sería el propio Rato el que en el curso de tal encuentro solicitaría una nueva reunión con los presidentes del resto de entidades y el propio ministro con el objetivo de exponerles el contenido del 'Plan de Desinversión, Saneamiento y Mejora de Margen' y defender la suficiencia de la nueva línea de ayudas a solicitar del FROB, por importe de 7.000 millones de euros. Esta medida estaba contemplada en el referido plan, pero aún pendiente de estudio y aprobación por el Banco de España y era la gran apuesta de Rato. Dicha reunión tuvo lugar al día siguiente y, de acuerdo con la relación de hechos, tanto Guindos como los tres banqueros consideraron "insuficiente" el plan que se estaba proponiendo.
El ministro de Economía entendió entonces que era necesario incrementar la cifra de ayudas públicas en una cuantía muy superior a la contemplada y que rondaría los 15.000 millones de euros. Rato habría entendido que estas cuantías eran "inasumibles y desproporcionadas", anunciando su dimisión al día siguiente y comunicándola a la CNMV como hecho relevante.
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