El sindicato Semaf, el mayoritario entre los trabajadores de Renfe, ha afirmado que el acuerdo entre el PSOE y ERC para el traspaso de Rodalies anunciado esta semana "incumple totalmente" lo que se había acordado con los trabajadores. El sindicato ha añadido también que esta decisión generará mayor "ineficiencia" en el servicio.
El secretario general de Semaf, Diego Martín, ha asegurado que los trabajadores no quieren "dejar de pertenecer al grupo Renfe" en declaraciones a EFE. Martín también ha señalado que el sindicato propondrá movilizaciones, aunque no ha especificado cuáles.
El acuerdo entre las dos formaciones políticas contempla la creación de una empresa mercantil propia como heredera de lo que hoy es Renfe Viajeros en Cataluña. Esta nueva sociedad, que operará bajo el nombre de Rodalies Catalunya, hará uso de "los recursos materiales y humanos que hoy son utilizados y necesarios para la prestación de los servicios de Rodalies por parte de Renfe".
El traspaso no tiene todavía traslación legal
Martín asegura que lo pactado "incumple totalmente" un acuerdo cerrado entre Semaf y el Ministerio de Transportes el 8 de octubre de 2021, según el cual, apunta, el operador se comprometía a sentarse a negociar con los trabajadores "ante privatizaciones y transferencias", como sería el caso del traspaso a la Generalitat. Con todo, el pacto entre el PSOE y ERC no tiene por el momento traslación legal, lo que sería posterior a la investidura del socialista Pedro Sánchez, si esta se llega a producir.
Para Martín, la constitución de una nueva empresa mixta -Rodalies Catalunya- sería "un proceso muy traumático" para los trabajadores, que no quieren dejar de formar parte de Renfe para no perder los derechos adquiridos a los que han accedido tras superar una oferta pública de empleo.
Ante los mensajes de tranquilidad lanzados por el Govern por boca de la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, Martín ha señalado que "la confianza se ha boicoteado" al anunciarse el acuerdo y que, en cualquier caso, con quien ellos quieren hablar es con el Ministerio de Transportes, de quien depende Renfe. Por otro lado, ha asegurado que el traspaso "no aportará ningún beneficio a la operativa de los servicios", sino que "va a causar mayor ineficiencia".
Semaf cuenta con cinco representantes en el Comité General de Empresa del grupo Renfe, frente a los tres de CCOO, tres de UGT, uno de CGT y uno del Sindicato Ferroviario. Precisamente ayer, el Sindicato Ferroviario avisó de que ya prepara "una hoja de ruta de movilizaciones de todo tipo", incluidas posibles huelgas, que trasladará a partir del martes al resto de sindicatos.
Hasta 315 trenes y 2.500 empleados
Actualmente son 270 los trenes que circulan por la red de Rodalies, si bien Renfe ha encargado recientemente la construcción de 101 nuevos trenes precisamente para este servicio: 56 para sustituir a convoyes antiguos y 45 para sumar a la flota actual. De modo que el traspaso contemplaría un mínimo de 270 trenes, que podrían ser 315. Al tiempo, en Cataluña trabajan 2.500 empleados de Renfe, que pasarían a formar parte de la nueva empresa Rodalies Catalunya. En cuanto a viajeros, las previsiones son que Rodalies logre multiplicar el número de usuarios en los próximos años, hasta alcanzar los 600.000 en 2030, frente a los 410.000 de 2018.
El acuerdo entre PSOE y ERC prevé el traspaso "al menos" de la R1 (que discurre por el Maresme), de la R2 Sur (Sant Vicenç de Calders-Barcelona) y de la R3 (Papiol-L'Hospitalet-Vic-Puicerdà). Estas tres líneas suman un total de 80 estaciones (31 la R1, 15 la R2 Sur y 34 la R3), si bien más complicado es cuantificar el total de kilómetros.
Con todo, el acuerdo deja abierta la puerta a "posibles traspasos futuros de tramos distintos" a los mencionados, que serán determinados a partir de un "análisis de toda la red ferroviaria en Cataluña sin excluir ningún tramo". Fuentes del Govern apuntan a EFE que pedirán el traspaso prioritario de la R4 (Sant Vicenç de Calders-Manresa) y de la R8 (Marorell-Granollers).
Déficit tarifario y otras deudas
Otro punto del acuerdo prevé el traspaso del Estado a la Generalitat de los recursos para hacer frente al déficit tarifario, es decir, la parte del coste del servicio que no se sufraga mediante la venta de billetes sino con aportaciones de las administraciones: en 2022 el montante se situó en 335 millones.
En virtud del pacto, asimismo, el Estado asumirá la deuda contraída por la Generalitat con Renfe por las mejoras suplementarias que se han requerido en el servicio, lo que resulta en 132,72 millones de euros, incluidos 80 millones por actuaciones entre 2016 y 2019 que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) determinó que la Generalitat debía abonar al operador.
Además, el ministerio asumirá el coste de, "al menos", el refuerzo del servicio entre Lleida y Manresa, unos cuatro millones anuales. También se hará cargo del incremento de cánones ferroviarios de Adif llevado a cabo a mediados de 2017: en 2021 y 2022 la Generalitat abonó 27 millones por año por este concepto.
