La industria del transporte colectivo por carretera se enfrenta a un nuevo paradigma a partir del próximo domingo 23 de julio. De lo que determinen los españoles con su voto dependerá el futuro de un sector extremadamente regulado, que sufre una sangría de viajeros desde 2009 y que busca su encaje en el mapa de la movilidad del futuro. El sector del autobús busca fórmulas para romper sus propios límites y conquistar a públicos que se han ido a otras alternativas más cómodas o rápidas como el tren, que sigue ganando peso. Entre ambos medios sigue estando su verdadero y principal competidor, el vehículo privado, cada vez más limitado en las ciudades y que verá encarecidos sus costes ante la previsible implantación de peajes en autovías y autopistas.
Visto desde dentro, el sector del autobús está sumido en un mar de batallas que dejan entrever los muy distintos intereses de sus actores. Por un lado están las empresas dedicadas al transporte urbano e interurbano, dedicadas al reto de la electrificación de sus flotas y de lograr vehículos con suficiente autonomía. Por otro está el transporte discrecional, cuyas empresas ya compiten por los desplazamientos de estudiantes o personal de grandes empresas, pero que reclaman modificar la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (vigente desde 1987) para que no sea necesario contratar un autobús completo y así poder vender las plazas restantes.
Pero el principal conflicto afecta a los grandes actores, como ALSA o Avanza Bus, que buscan conservar el estatus logrado por el diseño del actual mapa concesional. Este sistema, que garantiza la prestación de servicios a prácticamente todo el territorio nacional, establece las rutas y horarios a cumplir por el adjudicatario, que son compensados por el Estado mediante subvenciones directas y que en muchos casos llevan más de un siglo en las mismas manos. Organismos como la CNMC han pedido acabar con este sistema, que se basa el modelo de subvención cruzada, alegando que incrementa artificialmente los precios de los grandes corredores para compensar las pérdidas de otros trayectos con menos viajeros.
Batalla de patronales
Las posiciones también divergen si hablamos en términos de asociaciones sectoriales, en las que se integran muchas de estas compañías. Confebús, que actúa de patronal, es proclive a actualizar el mapa concesional pero rechaza de pleno la liberalización total o parcial del sector. Acaba de hacer públicas sus reclamaciones para el próximo gobierno y entre ellas proponen acelerar la renovación de los contratos de prestación de estos servicios (subvencionados bajo la fórmula de la obligación de servicio público), un plan de incentivos o ejecutar más carriles bus.
En el lado contrario se sitúan otras compañías internacionales que tienen muy limitada su actividad en España, y que abogan por un modelo de negocio distinto, basado en acuerdos con pequeñas empresas. Esta fórmula es la que explotan gigantes europeos como Flixbus o BlaBlaCar Bus, que aportan su marca, tecnología a operadores más pequeños a cambio de una retribución y la garantía de un determinado número de clientes.
En los últimos tiempos, ambas compañías están tratando de aprovechar las bondades de la liberalización del transporte transfronterizo para poner en marcha nuevas rutas desde Francia o Portugal hasta los principales destinos turísticos españoles. Además de pedir la apertura a la competencia de las grandes rutas nacionales, reclaman que la administración les deje subir y bajar pasajeros en paradas intermedias de su ruta, algo conocido en el argot como "cabotaje".
De su lado tienen a asociaciones como Anetra, que propone liberalizar las rutas de largo recorrido pero mantener el sistema concesional para el corto y medio radio, aunque también debe ser renovado. "El sistema es poco competitivo, porque las líneas de largo recorrido están financiando la capilaridad. Con un sistema liberalizado bajaría el billete en esas rutas, las otras deberían sufragarse a través de los Presupuestos Generales del Estado", expresó Luis Ángel Pedrero, presidente de la asociación, en un debate celebrado en Madrid el pasado 5 de julio.
Resucitar o no la Ley de Movilidad Sostenible
La Ley de Movilidad Sostenible trataba de dar encaje a muchos de estos retos, pero la convocatoria electoral acabó con su tramitación parlamentaria. La norma puede ser retomada o acabar en la papelera, en función de lo que suceda este domingo. En el mencionado debate, el diputado socialista César Ramos se mostró partidario de sacar adelante la norma, que "supondría una pequeña revolución para el transporte de viajeros por carretera". A su juicio, las empresas y asociaciones del sector "tienen el miedo de perder parte de la tarta, del mercado que tienen actualmente. "Sin embargo nosotros creemos que esta se puede incrementar quitándole parte al coche particular", expresó.
De su lado, el secretario de movilidad del Partido Popular, Antonio Silván, se mostró más conservador respecto a los cambios legislativos: "Tenemos que ser valientes e innovar, pero sin romper el escenario que, con sus déficits, nos ha dado el modelo concesional por carretera", esgrimió. Su formación es favorable a resucitar la Ley de Movilidad Sostenible, pero pide que su diseño "sea fruto de un debate sosegado donde todos los actores implicados tengan su palabra". "Creemos que el sistema funciona, pero hay que meterle criterios correctores", defendió.
Paz Serra, candidata de Sumar, se mostró mucho más proclive a fomentar el tren como "el modo que más debe crecer para lograr estos objetivos de sostenibilidad", pero reconoció al autobús como pieza clave "para que exista una red mallada que compita con el vehículo privado". Aunque catalogan de "anacrónico" el sistema concesional y piden reformar el sistema actual, proponen "analizar más en profundidad" la posible liberalización del sector. La formación de Yolanda Díaz ha reclamado incrementar las frecuencias y rutas para lograr una red vertebrada "que vaya más allá de las rutas clásicas entre centros de trabajo y zonas residenciales".
Por último, la candidata de Vox, Patricia Rueda, defendió la necesidad de buscar un nuevo modelo, "pero hay que ver de qué manera se protege al sector". Los de Abascal rechazan por completo la Ley de Movilidad Sostenible, la cual califican de "sesgada con un tufo que sólo hablaba de restricciones a la movilidad". También se mostraron proclives a revisar el mapa concesional, la única medida que ha logrado la unanimidad de las cuatro grandes formaciones. Las urnas dictarán.
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