Jarro de agua fría del Gobierno al mercado gasista. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, considera el gas natural como una energía de transición necesaria en el corto plazo, pero con fecha de caducidad. En el Congreso, Ribera ha pedido "cautela" frente a los "delirios" de quienes creen que una energía de transición puede extenderse "ad infinitum", lo que lleva a posibles excesos "tanto en la generación [de electricidad] como en infraestructuras".
El recelo de Ribera afecta especialmente a Repsol y a Naturgy, cuyos planes pivotan en torno al uso del gas como respaldo a las renovables. Afecta también al desarrollo de grandes infraestructuras como el gasoducto MidCat de interconexión con Francia a través de los Pirineos. "Ojo con pasarse de frenada", argumentó Ribera en referencia tanto al empleo del gas como al desarrollo de grandes infraestructuras porque, en su opinión, las preguntas pertinentes sobre el negocio gasista son "qué, para qué, cuándo y hasta cuándo".
La nueva Administración cree que el gas como fuente de energía, no como materia de uso industrial, tiene fecha de caducidad. El Ministerio de Transición no la concreta. Pero la ministra Ribera sí maneja ejemplos. En el Congreso utilizó el caso de Holanda para ilustrar el futuro que le espera el gas en el horizonte 2030. En el caso de aquel país, ese futuro será corto. Holanda ha aprobado el cierre del campo que abastece buena parte de sus necesidades desde hace medio siglo-Groningen- y se enfrenta a la rehabilitación de millones de edificios para reducir el consumo en los próximos años.
Ducha de agua fría
En el caso de España, la ducha de agua fría cae sobre todo en las empresas que ven en el cierre de centrales de carbón y nucleares una gran oportunidad porque el gas natural es más limpio que el petróleo -aunque no es una energía totalmente limpia-, tiene precios más estables que el crudo, requiere menos procesamiento y cuenta, además, con un poderoso lobby detrás para venderlo como un elemento de estabilidad en el mercado energético, tanto para los precios que paga el consumidor final como para la seguridad en el suministro.
El caso de Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, es claro. La compañía presidida por Francisco Reynés ha adelantado dos años la renovación de contratos de suministro de gas firmados con su socio y accionista argelino, Sonatrach. Se asegura 9 bcm de gas al año hasta 2030. También se obliga porque las compras las realiza en la modalidad de 'take or pay'. Tiene que pagar consuma o no el producto.
En el caso de Repsol, la apuesta por el gas también es importante. El consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, quiere convertir a la petrolera en un operador global con un punto clave: el gas. Un 75% de las reservas de Repsol -1.798 millones de barriles- y un 65% de la producción -449.000 barriles al día- son de gas.
Repsol tiene abundante materia prima y tiene también dónde emplearla. En España, su apuesta por la electricidad se ha concretado en la compra a Viesgo de dos centrales de ciclo combinado de gas, en Algeciras (Cádiz), y Escatrón (Zaragoza), que suman una capacidad de 1.650 MW.
Llueven preguntas
Sobre esos planes llueven las preguntas del nuevo Gobierno -para qué el gas y hasta cuándo el gas-. Son las grandes cuestiones de futuro. Porque el presente del gas en España es discreto. El consumo se desplomó entre 2007 y 2014 y la recuperación es muy lenta. Las centrales eléctricas de ciclo combinado -que producen electricidad con gas- están prácticamente paradas. Pese a todo, en el proceso de transición energética, según creen las empresas, el gas será insustituible.
Las cautelas del nuevo Ministerio de Transición Ecológica se extienden a infraestructuras de gas como el MidCat para conectar España con Francia a través de los Pirineos. El proyecto, cuestionado en Francia, pero con el apoyo del comisario de Energía europeo Arias Cañete registró un acelerón en marzo por parte del anterior Gobierno de Mariano Rajoy.
El anterior Ejecutivo abrió la mano y aprobó reactivar un tercer tramo del proyecto. La decisión, según lo publicado en el BOE el 15 de marzo, tuvo carácter "excepcional" y respondió a la necesidad de asegurar el suministro energético y, de paso, fomentar la competencia. La decisión del Gobierno Rajoy no fue acompañada de informes de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sobre la rentabilidad del proyecto y sus consecuencias para el bolsillo de los consumidores.
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