El acelerón del Gobierno para sosegar la escalada de la luz con una subasta renovable en octubre persigue un segundo propósito. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha incluido un guiño a los pequeños operadoras del sector a la hora de configurar el concurso exprés de 3.300 megavatios (MW) verdes que promete reactivar el apetito inversor por el negocio de las energías limpias. En plena batalla con las grandes eléctricas, la cartera ha decidido cambiar las reglas del juego y reservar una parte de la capacidad subastada a los generadores eléctricos independientes.
El ministerio sacó a consulta pública el borrador con las directrices de la próxima puja el pasado 17 de agosto, apenas un día después de su anuncio por parte de la vicepresidenta cuarta. El documento indica que habrá un cupo de alrededor de 300 MW reservado para plantas fotovoltaicas de hasta 5 MW. Esto es, para instalaciones solares de generación distribuida, modalidad ideada para atenuar la dependencia de los núcleos de población frente a las grandes centrales de generación, normalmente en manos de los gigantes de la industria nacional, según apuntan fuentes sectoriales.
Cuando anunció la megasubasta de octubre, Ribera hizo mención especial a esta medida en favor de la "democratización" del mercado eléctrico. Desde el ministerio explican que estos paquetes de capacidad se guardarán para aquellas ofertas procedentes de "pequeñas instalaciones que reclamaban contar con cupos específico". La iniciativa responde a una petición recurrente de los productores locales, que han denunciado la desventaja que supone para ellos la posición de dominio de los colosos del sector, que ha permitido a los grandes operadores liderar una agresiva guerra de precios en las distintas licitaciones de capacidad. Esta estrategia ha mermado los márgenes del negocio verde, un escenario que ha venido complicando la incorporación de los 'pequeños' a las subastas renovables.
El texto borrador especifica que, a la hora de asignar ese cupo para productores locales, la mesa de adjudicación ponderará factores socioeconómicas como la proximidad a los puntos de suministro o la repercusión en la economía local. De hecho, fuentes cercanas al ministerio han resaltado la eficiencia de estos operadores independientes frente a los grandes, dada su menor exigencia de imponentes infraestructuras de red que a menudo favorecen las pérdidas de energía.
La medida incluida en la que será la cuarta subasta renovable desde el año 2017, no se había valorado antes en ninguna de las dos convocatorias lideradas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Tampoco en la licitación que el departamento que dirige Ribera encabezó el pasado mes de enero. En estos seis meses, la relación entre el ministerio y el 'Ibex eléctrico' ha dado un vuelco, en el contexto internacional de creciente tensión por el descontrol sostenido de los precios del mercado mayorista de electricidad.
La tirantez entre el Gobierno y las principales energéticas del país se disparó a raíz de la decisión de Ribera de aprobar una minoración del bautizado como dividendo de carbono, ingresos extraordinarios que reciben las centrales no emisoras -nucleares e hidráulicas principalmente- por el coste de los derechos de CO2. En paralelo, el Ejecutivo ha encomendado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estrechar el cerco sobre las posibles alteraciones del precio de la luz que pudiera provocar cualquier mala praxis por parte de de las eléctricas.
Transición Ecológica también ha iniciado una investigación sobre el vaciado que se ha producido en los embalses de Ricobayo (Zamora) y Valdecañas (Cáceres), gestionados por Iberdrola, así como la similar evolución que han sufrido cuatro embalses gallegos en manos de Naturgy y de la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán. Con el telón de fondo de la sostenida subida de los precios de la luz, esta misma semana, el Ejecutivo ha confirmado su disposición a estudiar la propuesta de Unidas Podemos de limitar por decreto el precio de la energía nuclear y la hidroeléctrica.
La noticia de una nueva subasta verde trascendió en este clima de hostilidad entre varios de los grupos eléctricos cotizados y el Gobierno de coalición. La consulta pública del borrador de la convocatoria cerrará el próximo 31 de agosto, solo quince días más tarde del anuncio de Ribera. Después vendrán dos meses a contrarreloj, en los que se deberá poner a punto el proceso y tramitar la documentación de las candidatas, que podrán presentar sus solicitudes hasta el día 5 de octubre. El 14 del dicho mes se decidirá el concurso. Los plazos confirman la urgencia del Ejecutivo en ampliar la oferta renovable lo antes posible, el último 'as' que el Gobierno se ha sacado de la manga para tratar de amortiguar el impacto de la crisis del mercado eléctrico.
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