Repsol se ha salido con la suya. La petrolera que preside Antonio Brufau forzó al Ministerio de Defensa a repetir la adjudicación de los lotes 1 y 2 del 'megacontrato' de suministro de combustible al alegar que no pudo participar en la subasta electrónica, tal y como publicó La Información, y ha terminado saliendo vencedora. En concreto, se ha hecho con el acuerdo de suministro de gasolinas y gasóleos tipos A, B y C para para las instalaciones de la Península e Islas Baleares por valor de 91,6 millones de euros. UTE Estaciones de Servicio Guipúzcoa se lo adjudicó en primera instancia, mientras que Disa mantiene el lote 2 (Canarias) por 2,43 millones de euros.
Fue el 19 de junio de 2021 cuando se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio previo del "Acuerdo Marco de suministro de combustibles líquidos para el Ministerio de Defensa en ámbito nacional", pero no fue hasta de mayo del año siguiente cuando salió el anuncio de la licitación (mediante procedimiento negociado con publicidad). El plazo para presentar solicitudes de participación finalizó el 21 de junio de 2022, a las 12.00 horas. El contrato estaba dividido en 12 lotes, que suman un valor estimado de 767,6 millones de euros (94 millones los lotes 1 y 2).
Según el pliego de cláusulas administrativas particulares, el procedimiento de selección de empresas y de adjudicación del contrato se estructura en cuatro fases, que son presentación de solicitudes de participación, invitación a presentar ofertas, negociación mediante subasta electrónica y clasificación de ofertas, adjudicación y formalización. El lío vino en la segunda, cuando todas las empresas remitieron acuse de recibo de la invitación por parte del de la cartera que dirige Margarita Robles, excepto Repsol.
Vuelta a empezar
De este modo, el 27 de julio de 2022 se realizó (sin contar con Repsol) la subasta de prueba para asegurar que todos los participantes admitidos al procedimiento tuvieran un conocimiento adecuado de las reglas sobre la puja electrónica real. Un día más tarde se celebraron las subastas electrónicas para los lotes 1, 2 y 5 (combustible diésel naval destilado en bases navales) y después de que el asesor técnico del expediente emitiera el informe con la propuesta de adjudicación de los lotes, Repsol interpuso un recurso contra la falta de notificación de invitación a la subasta y contra la celebración de la misma. Este primer intento fue inadmitido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales "por no haber en el momento de la interposición acto recurrible".
No obstante, una vez publicada la adjudicación a UTE Estaciones de Servicio Guipúzcoa y a Disa de los lotes 1 y 2, respectivamente, Repsol insistió agarrándose a la imposibilidad de conocer la notificación de la invitación a la subasta. En opinión de la empresa, el fallo vino por incumplimiento de la Administración de las formalidades previstas en materia de notificaciones y de las circunstancias concurrentes en cada caso, lo que conllevaría la infracción de los derechos a la igualdad y a la proscripción de indefensión.
Reactivada otra contratación
El Tribunal acabó aceptando el recurso y acordó la anulación de los contratos. El proceso se tuvo que repetir desde el momento inmediatamente anterior a la invitación a participar en la correspondiente subasta electrónica. Asimismo, ha levantado la suspensión del procedimiento de contratación para la conservación y explotación de diversas áreas de servicio gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), una vez visto el recurso interpuesto por Cepsa contra la adjudicación a Repsol.
En concreto, la SEITT otorgó a la petrolera que dirige Josu Jon Imaz la gestión de las áreas de servicio Atalaya, La Sagra y Mazarrón. El canon anual es de 2,39 millones de euros (1,97 millones de base y 415.170 euros de IVA al 21%), siendo el canon total del contrato de 12 millones de euros (9,88 millones de base y 2,07 millones de IVA al 21%), con un plazo total de duración de cinco años.
A la licitación solo concurrieron Cepsa Comercial Petróleo y Repsol Comercial de Productos Petrolíferos y la primera entiende que la adjudicación "es indebida por vulneración de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y de la Resolución de 12 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se determina el listado anual de operadores al por mayor de productos petrolíferos con una cuota superior al porcentaje establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 8/2015, de 21 de mayo, y por entender que la oferta está incursa en anormalidad".
Según la resolución del Tribunal de Cuentas consultada por este medio, Cepsa sostiene que Repsol se halla incursa en la prohibición de ampliar su cuota de mercado en la provincia de Toledo y, en consecuencia, no podría suscribir nuevos acuerdos que supongan un incremento de su cuota de mercado en dicha provincia. Los operadores al por mayor de productos petrolíferos no pueden tener una cuota superior del 30% y, aunque Repsol supera el umbral en dicha provincia, el órgano entiende que "puede modificar en cualquier momento el número de instalaciones para el suministro de combustibles y carburantes a vehículos que forman parte de su red de distribución". "No resulta impedimento para que Repsol pueda presentarse al presente procedimiento de contratación y resultar adjudicatario", justifica.
Según el Tribunal, puede darse el caso de que en el momento de concurrir a la licitación un operador del mercado esté incluido en el listado de operadores con una cuota superior al porcentaje establecido y que de resultar adjudicatario prescinda de la gestión de una o más instalaciones en una provincia, "intercambiándolas" por la nueva instalación adjudicada. "Se trata, en definitiva, de no superar el umbral establecido por la normativa, pero nada impide al operador prescindir de la gestión de unas instalaciones para hacerse cargo de otras nuevas en el caso de que resulte adjudicatario", insiste.
Por otro lado, Cepsa se aferra a que la oferta de Repsol está incursa en presunción de anormalidad. La compañía justificó posteriormente su oferta económica, pero Cepsa considera que no se encuentra debidamente motivada. Alega que no se ha justificado ni motivado suficientemente el incremento de ventas en un 17%, respecto de lo indicado por SEITT, ni el incremento de los márgenes de ventas (26%) y de tienda de conveniencia (45%).
Sin mala fe
"No puede convertirse en parámetro para decidir sobre la viabilidad o no de la oferta de Repsol, lo que la empresa Cepsa haya considerado en su oferta, en cuanto a los márgenes de ventas de combustibles, y de tiendas de conveniencia. Y en cuanto a la alegada desviación de la previsión de ventas del 17%, respecto de lo previsto por el órgano de contratación, además de tratarse de previsiones, que, como todas, estarán expuestas a lo que suceda en la realidad, no prueba la recurrente en qué medida la oferta de Repsol resultaría inviable por este motivo", sentencia la resolución.
Al considerar que no hay concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por parte de Cepsa, no se le impondrá ninguna multa. El artículo 58 de la de Contratos del Sector Público recoge sanciones de entre 1.000 y 30.000 euros, en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los restantes licitadores, así como del cálculo de los beneficios obtenidos. Dentro de la misma licitación había un segundo lote para las áreas de servicio de Meco, Tambora y Polvoranca, pero este quedó desierto. El presupuesto base de licitación es de 13,5 millones de euros (sin impuestos).
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