Las renovables han puesto en marcha el reloj. El próximo enero vence el plazo para que los promotores puedan recuperar los avales de aquellos proyectos renovables que no hayan logrado cumplir con los hitos intermedios que fija la ley. El Gobierno dio oxígeno al sector el pasado diciembre al extender en nueve meses la meta para cumplir con estos requisitos, manteniendo el plazo de vigencia de 5 años de los permisos de acceso y conexión. Más del 85% de la capacidad verde que han logrado luz verde para el acceso a la red sigue a la espera de otras acreditaciones, una amenaza para todos estos proyectos que podrían desaparecer en los próximos cuatro meses.
Esta Espada de Damocles avivó el debate del IX Foro Solar que organiza esta semana la patronal fotovoltaica UNEF en Madrid. Según las cifras que baraja el sector, solo 20 gigavatios (GW) -de un total des 140GW con permiso de acceso- han obtenido la declaración de impacto ambiental (DIA) y otros permisos como la autorización administrativa previa y de construcción.
El debate saltó en la mesa que reunió a los responsables directos del negocio fotovoltaico de Iberdrola, Endesa, Greenalia, Grenergy, Lightsource BP y Vector Renewables. Todos ellos coincidieron en que el boom renovable ha sobrepasado a las administraciones, una situación que ha derivado en un escenario de "inseguridad jurídica". Las cifras aportadas en el debate -que coinciden con las que maneja Redeia- suponen que menos del 15% de esta capacidad renovable está lista para entrar en operación en tiempo y forma.
Los portavoces de los líderes del negocio solar advirtieron del riesgo de que este atasco burocrático se convierta en un problema de imagen para el sector. "Aunque nosotros ya acreditamos nuestra solvencia con los avales, la percepción de puertas para afuera es que los proyectos no se ejecutan", incidió Manuel Garcia, consejero delegado de Greenalia.
Algunos promotores pusieron sobre la mesa la posibilidad de priorizar la concesión de permisos a aquellos proyectos que demuestren estar más avanzados. "No es admisible que proyectos que están a punto de obtener la declaración de impacto ambiental pierdan el acceso por causas ajenas a los promotores", convino el panel de directivos.
El Gobierno ha legislado desde 2018 con la vista puesta en combatir la especulación en el negocio renovable, cercando la ejecución de proyectos con la aprobación de hitos intermedios y finales. Su incumplimiento supone la ejecución de los avales financieros aportados por estas empresas. "Al principio el sector temía no llegar a tiempo. La realidad ha sido la contraria, son las administraciones las que no están cumpliendo", aseveró Julio Castro, CEO de Iberdrola Renovables Energía.
Las fotovoltaicas reclaman al Gobierno soluciones para salvar 'in extremis' aquellos proyectos en fases administrativas más avanzadas
El maremágnum regulatorio que persiste en España ha llegado a oídos de Bruselas. Al clamor del bloque fotovoltaico, con UNEF como portavoz, se han unido otros gigantes del negocio energético -como Enel, Repsol, Acciona-. Todos ellos han llamado a la puerta de la Comisión Europea para denunciar las disfuncionalidades del modelo nacional de tramitación de permisos que frenan su ofensiva verde, como adelantó este medio.
Europa sufre una hecatombe energética por las constantes interrupciones del flujo de gas ruso desde el comienzo de la guerra en Ucrania. A las dudas sobre la seguridad del suministro se suma la escalada de precios de luz, gas y combustible, que ha disparado las factura de los ciudadanos europeos. Todo ello ha disparado la demanda de renovables y autoconsumo. Los líderes de la energía solar aprovecharon la cumbre anual de UNEF para reclamar "mayor estabilidad regulatoria" y nuevos esfuerzos de las administraciones para agilizar el despliegue renovable.
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