El plan de renovación de flota de Renfe ha chocado de bruces contra el muro verde de la nueva Ley del Clima. El consejo de administración de la empresa que pilota Isaías Táboas va a abordar la conveniencia de dejar en vía muerta todo su programa de compra de trenes, según trasladan fuentes sindicales consultadas por La Información, debido a que la disposición del plan rodante no sigue el compás marcado por el Ministerio para la Transición Ecológica. La suspensión afecta a la reposición de los convoyes Regionales y de Cercanías de toda España, a excepción de Madrid y Barcelona que ya fueron adjudicadas a Stadler y Alstom el mes pasado. Pendientes quedan contratos por un importe conjunto de hasta 2.000 millones.
El frenazo era inevitable. Renfe inició una ola de licitaciones en 2019, con el ambicioso objetivo de acometer el mayor plan de renovación de material rodante en décadas. Pero la luz verde del Congreso de los Diputados a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética el pasado 8 de abril ha dejado al descubierto lo que algunas voces del entorno de la empresa pública venían proclamando: las aspiraciones de sostenibilidad de la nueva flota de Renfe no eran lo suficientemente ambiciosas como para adecuarse a la meta nacional, ahora con rango de ley, de alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.
El programa de renovación en los hangares de Renfe incluía pedidos por un valor conjunto de alrededor de 5.100 millones de euros, con un componente tractor que permitiría crear más de 50.000 nuevos puestos de trabajo. Pero en el caso de la reposición de la flota nacional, fuera de la capital y la Ciudad Condal, los pliegos de la licitación incluían la compra de trenes híbridos, esto es, de tracción diésel y eléctrica, que Renfe explotaría, a fin de rentabilizar su inversión, durante años, con toda probabilidad, hasta la década de los sesenta. De cerrarse este megacontrato la empresa pública estaría hipotecando su futuro al uso de hidrocarburos.
La primera de las pujas en marcha, objetivo de la marcha atrás de Renfe, es la del abastecimiento de los primeros trenes de Cercanías híbridos, capaces de combinar la tracción diésel y eléctrica por 365 millones. El pedido del grupo de Táboas abarca el suministro de 29 trenes más una opción para poder hacerse con nueve unidades adicionales. El monto total de la licitación se situó en los 474 millones al sumar los servicios de mantenimiento de la empresa adjudicataria de once de estos trenes por un periodo de 15 años. Todas las unidades serían de eje variable lo que les otorgaría la capacidad de circular también por líneas AVE.
En paralelo, Renfe abrió el concurso para suministrar hasta 105 trenes Regionales (de media distancia). En este caso el presupuesto de licitación alcanzaba los 1.320 millones. De ese centenar de unidades, el contrato incluyó la producción de 43 trenes en firme más una opción para adquirir otros 62 junto a las piezas. Como en el caso anterior, la compañía incluyó en los pliegos de licitación el mantenimiento de dichos trenes por parte del fabricante durante los quince años siguientes a la adjudicación.
El frenazo en Renfe deja en el aire los concursos para el suministro de 105 trenes Regionales y 38 Cercanías por valor de 1.320 millones y 474 millones, respectivamente
En ambas pujas el operador ferroviario incluyó un aliciente verde. "La compañía valorará los vehículos que presenten los menores consumos energéticos y cuyos índices de emisiones sean más respetuosos con el medio ambiente", indicó la empresa. Esta declaración de intenciones no ha sido suficiente para cumplir con la nueva ley climática. En principio, Renfe preveía completar la adjudicación de su plan de renovación de flota antes de julio de 2021, pero la culminación del proceso tendrá que esperar.
El apremio que ha impulsado la aprobación de la nueva ley de transición ecológica -que, entre otras cosas, prohíbe las nuevas exploraciones y proyectos de extracción de hidrocarburos en territorio nacional desde su entrada en vigor- no es menor que el que ahora mete presión a la empresa pública. Muchos de los trenes que Renfe se había propuesto 'jubilar' con esta iniciativa han dejado atrás los 30 años de antigüedad, lo que aproxima estos convoyes a la edad de 40 años, o lo que es lo mismo, a su límite operativo.
La marcha atrás de las licitaciones en curso supone dos años en blanco para Renfe y un importante retraso en sus objetivos. Todo hace indicar que la compañía abrirá en el menor tiempo posible la nueva puja. Previsiblemente, el operador adaptará los nuevos pliegos para adquirir tanto trenes eléctricos como unidades a base de hidrógeno. El plazo entre la adjudicación de los contratos y la incorporación de los trenes, ya homologados, a la flota de Regionales y Cercanías de la empresa pública podría dilatarse alrededor de cuatro años, si se toman como referencia otros procesos similares del sector. Aun si el grupo lograse agilizar los trámites de forma notable, la puesta a punto en los hangares de Renfe tendrá que esperar.
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