Las ayudas del plan de recuperación tienen en el foco la transformación de la industria del transporte. Bajo esta idea, España quiere apostar por la renovación de transportes poco contaminantes como el ferrocarril, donde la empresa pública Renfe jugará un papel protagonista. Así, una de las líneas de actuación de las ayudas del plan de Bruselas pasa por renovar las estaciones de la red de Cercanías, la modalidad que más pasajeros mueve a diario en España y cuya gestión ha despertado más críticas. La compañía dependiente del Ministerio de Movilidad ya se ha puesto manos a la obra y ha encargado un primer estudio de análisis a Ineco, la ingeniería pública que juega un papel clave en el estudio de las operaciones de calado de la operadora.
Fuentes conocedoras explican a La Información que el objetivo marcado de este proyecto, bautizado internamente como RS3, es alcanzar un total de 483 estaciones de Cercanías remodeladas en 2023. La meta conecta con el plan enviado a Bruselas este verano, en el que venía incorporado un cronograma en el que para 2026 el número de estaciones remodeladas deben ascender, al menos, hasta las 720, y la coordinación con el gestor Adif para realizar estas tareas. Los trabajos deben justificarse a tiempo ante la Comisión Europea, que pagará en función del cumplimiento de los hitos mencionados.
Sobre las iniciativas a implantar, las mismas voces enfatizan en labores de digitalización. El Gobierno especificó a Bruselas que dichas tareas iban dirigidas a los sistemas de seguridad (video inteligente, ciberseguridad y control de fraudes) o los de información al pasajero. También trabajos que mejoren el control de acceso a las estaciones, las máquinas expendedoras de billetes y, en general, la adaptación de las instalaciones.
Los primeros pasos ya se han dado. Renfe ha encargado a la ingeniería pública Ineco, con la que también trabajan habitualmente otras sociedades mercantiles estatales (SME) como Aena, Enaire o Adif, el análisis del impacto que tendría este proyecto. La entidad presidida por Isaías Táboas abonará aproximadamente cuatro millones de euros por este trabajo, cuya duración será de dos años. Ineco acostumbra a ser clave en todas las operaciones de Renfe. Sin ir más lejos, en mayo analizó el estudio de la implantación de los servicios de conexión wifi en la red de Cercanías. También ha participado en otras labores del grupo en divisiones distintas a la de viajeros, como el estudio de la compra de trenes de Mercancías a Stadler.
En el ministerio coinciden en que el papel vertebrador de Cercanías en el territorio es fundamental. Los últimos datos disponibles así lo prueban. Esta modalidad de transporte desplazó a 25,05 millones de viajeros durante el mes de junio, cifra que supera con creces a las de media distancia convencional (1,3 millones) o media distancia con alta velocidad (372.000 pasajeros). Se trata de un servicio "clave para la buena articulación de la población en el territorio", según explicó el propio Gobierno en la presentación del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
El tren, por delante del avión
La apuesta del Ejecutivo por el ferrocarril se observa en el distinto trato recibido frente al coche privado o el avión por parte de la administración. Mientras las ayudas europeas al tren ascenderán a 6.250 millones de euros, según el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el Gobierno estudia la implantación de un impuesto a los aviones o la introducción de peajes en las carreteras. Hay que puntualizar que esta última idea ha quedado en stand by en los últimos meses dentro del ministerio.
La sucesión de todas estas decisiones no es casualidad, sino fruto de otro eje de actuación en el que el Gobierno quiere trabajar: la descarbonización. La apuesta por energías limpias y renovables en contra de otras más contaminantes están llevando al Ejecutivo a mover ficha. El motivo: la industria del transporte es responsable del 27% de las emisiones de gases invernadero en la Unión Europea, pero de manera desigual, pues el tren es únicamente responsable del 0,5% de estas emisiones.
Ello no es óbice para que Renfe opere de espaldas a este problema. La compañía también ha trabajado en los últimos meses bajo un plan de acción climática, que le ha llevado, entre otras medidas, a paralizar la adjudicación millonarias destinadas a la renovación y compra de nuevos trenes. Con el objetivo de dar salidas a sus series obsoletas y poco eficientes, busca ahora un fabricante para adquirir 57 trenes eléctricos por 483 millones de euros.
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