España arma su defensa en La Haya por el arbitraje de Banco Popular. El regulador bancario español ha fichado a dos peritos, uno económico y otro legal, para emitir sendos informes de cara al procedimiento arbitral interpuesto por el grupo de inversores MIG que capitanea Antonio del Valle frente al Reino de España. Del Valle trata mediante varias vías, una de ellas el arbitraje ahora en marcha, de recuperar el dinero que perdieron con la resolución del Popular y que se cifra en alrededor de 470 millones.
Ante el avance del procedimiento, la institución que encabeza Pablo Hernández de Cos ha reforzado su defensa con la contratación de Francesco Papadia e Ignacio Tirado. El primero de ellos, exDirector General de Operaciones de Mercado del Banco Central Europeo, llevará a cabo una pericial regulatoria, "de enfoque práctico", tal y como se recoge en el contrato, sobre la provisión de liquidez de emergencia por parte del Banco de España en la resolución de la entidad. Dicha labor ha sido adjudicada por 106.500 euros.
Por su parte, Tirado, Doctor en Derecho Procesal y Mercantil, se encargará de la parte legal. En concreto, el objeto del contrato señala que su papel será la elaboración de una pericial regulatoria de enfoque jurídico sobre la provisión de liquidez de emergencia por parte del Banco de España, "con especial énfasis en los requisitos legales para la movilización del colateral para garantizar la provisión de liquidez de emergencia". Esta última fue adjudicada por la misma cantidad que en el caso anterior, 106.500 euros.
Cabe recordar que Popular solicitó en dos ocasiones la concesión de una provisión de emergencia -ELA, en inglés- por parte del Banco Central Europeo (BCE) en apenas unos días. Ante la segunda solicitud, el regulador europeo decidió activar el proceso para su resolución y puso a la entidad que entonces presidía Emilio Saracho bajo la denominación de 'fail or likely to fail'. Con posterioridad, y en una carta que el BCE envió a uno de los accionistas, cargó sobre el regulador nacional la decisión de no conceder más liquidez a Popular. En este sentido, recordaba que las decisiones de conceder la provisión de emergencia a las entidades son adoptadas por los bancos centrales nacionales y no por el organismo supranacional.
El arbitraje presentado por Del Valle
Un grupo de inversores mexicanos, con Antonio del Valle a la cabeza, presentaron en 2018 dos recursos de arbitraje contra el Reino de España en compensación por la quiebra del banco. Estos argumentaron que en la resolución de la entidad se sucedieron errores y omisiones por parte de España antes, durante y después de la resolución. En 2019 estos dos procedimientos fueron unificados en uno solo que ahora estaría a punto de resolverse.
Hace solo unos meses, la presidenta del tribunal, Gabrielle Kaufmann-Kohler, solicitó al juez que investiga en la Audiencia Nacional la caída del banco alrededor de cuarenta ficheros determinantes en los que se pueda apoyar el mexicano Antonio del Valle en su arbitraje contra el Reino de España. En cambio, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el magistrado José Luis Calama Teixeira accedieron a tal petición. De esta forma, el tribunal de La Haya tendrá que esperar para acceder a los 37 documentos que reclaman hasta que el juez termine las pesquisas y decida si sienta o no en el banquillo a expresidentes y exconsejeros del Popular.
Esta no es la primera contratación que el Banco de España realiza para el citado arbitraje. El regulador bancario nacional ya contrató el año pasado la asistencia de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Versant Partners LLP y Rosa María de la Lastra Leralta como expertos para este procedimiento por un total de 2,8 millones de euros. Adicionalmente, con anterioridad, otras instituciones nacionales, como el FROB o la CNMV, también se armaron para dar la batalla en este procedimiento. En este sentido, el regulador de los mercados fichó a Netvalue Forensic por tramitación urgente y negociado sin publicidad.
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