Es una plantilla especialmente castigada por las reducciones de costes. Los trabajadores de Vodafone España temen el quinto Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en una década. Crece la incertidumbre entre los equipos con la llegada de Zegona tras la compra a la matriz británica de la filial local por 5.000 millones de euros. Los nuevos propietarios hablan de "creación de valor" a través de importantes ajustes de costes. Evitan hablar de un nuevo despido colectivo, pero entre los sindicatos se tientan la ropa después de acumular más de 3.000 salidas desde el ejercicio 2013.
La plantilla de la compañía es la tercera más numerosa entre las operadoras españolas, por debajo de la de Orange y Telefónica. Pese a los ajustes progresivos vividos especialmente en los últimos tiempos, se sitúa por encima de los 3.900 puestos de trabajo. Hoy por hoy cuenta con un comité de empresa liderado por UGT seguido por STC y CCOO. Este último ya avisó este martes de que las consecuencias laborales que la transacción pueda tener "serán el foco de nuestra acción".
El consejero delegado de Zegona, Eamonn O´Hare, quería calmar los ánimos ante la plantilla en su comparecencia pública tras el anuncio de la adquisición. Todos tienen en la retina lo sucedido en Euskaltel. La llegada a la teleco vasca del directivo de confianza de los británicos -y que está llamado a dirigir Vodafone España tras el cierre de la transacción-, José Miguel García, implicó la salida de 25 empleados, casi una veintena de directivos y la externalización de otros 40 en una primera tacada. El ejecutivo británico trató de tirar balones fuera asegurando que no persiguen "medidas rápidas" para rentabilizar las operaciones.
Pero a renglón seguido, en la documentación oficial de la transacción, Zegona no dejó de insistir en que su obsesión es "reducir la burocracia" y simplificar las estructuras operativas. En el argot empresarial, esto suele desembocar en ajustes de plantilla, lamentan fuentes cercanas a los sindicatos. Hace una comparación controvertida precisamente con Euskaltel. Apunta a que, dada la diferencia de tamaño, expansión geográfica y 'mix' de productos de Vodafone y el operador en manos de Másmóvil, no sería posible lograr los mismos márgenes de flujo de caja operativo que los vascos. Si esa diferencia de márgenes se recortara un 50% representaría "un ahorro de costes de aproximadamente 320 millones de euros".
Ruido interno
Ya existía cierto ruido interno en la empresa sobre un potencial ajuste de plantilla. Dado que, prácticamente, cada dos años se han ido ejecutando los ERE desde 2013, los empleados llevaban tiempo con inquietud ante la evolución del negocio de la empresa -sin la recuperación comercial y de ingresos que se perseguía tras el cambio en el puesto de consejero delegado-. Pero la irrupción de Zegona como nuevo propietario ha puesto en guardia a los equipos, según explican diversas fuentes internas. No ha habido comunicación interna de ningún plan específico.
Desde Comisiones Obreras ya avisan de que los despidos podrían estar sobre la mesa. "No sería descabellado pensar que esta nueva vuelta de tuerca en el mercado de las telecomunicaciones podría provocar cambios en las redes, precios y plantillas del mercado", admiten en un comunicado enviado a la plantilla. Y el mensaje es que ellos tendrán el foco en "las consecuencias laborales" que la transacción pueda tener en el futuro. "CCOO considera que un grupo empresarial de esta envergadura no puede permitirse dinámicas de simplificación de gastos donde el factor humano sea una de las variables a manejar", apuntan.
Aunque no habría medidas de este tipo hasta que no se cierre definitivamente la transacción tras las autorizaciones regulatorias entre el primer y el segundo trimestre del próximo año, hay un primer escollo que hay que salvar. Y es que, como ya avanzó La Información, el convenio colectivo decae tras el final de su prórroga el próximo 31 de diciembre. Lo lógico es que se posponga la negociación de un nuevo documento. Pero la realidad es que habrá que pactar un nuevo marco de relaciones laborales. Y esa podría ser la prueba de fuego inicial.
Una plantilla castigada
La plantilla de Vodafone es la más castigada por recortes -Telefónica ha llevado a cabo tres planes de bajas, pero con condiciones muy superiores a los ERE de la británica-. En concreto, según las cifras hechas públicas, desde el año 2013 se han ejecutado algo más de 3.200 despidos entre los cuatro Expedientes de Regulación de Empleo ejecutados desde el año 2013. Ese ejercicio salieron 620 trabajadores -14% de la plantilla-; en 2015, tras la incorporación de la 'cablera' ONO por 7.200 millones se recortaron 1.059 puestos de trabajo; en 2019 salieron en torno a un millar -un 20%-, y en 2021 hubo 442 afectados.
En caso de que en esta ocasión se ejecutara otro recorte laboral, la clave también estaría en las condiciones que se pondrían sobre la mesa por parte de nueva dirección de la empresa. En el de 2021 se abonaron indemnizaciones brutas de 50 días por año trabajado con un máximo de 33 mensualidades (muy similar a 2019 y mejores a las de 2015 que se firmó con 45 días hasta 2012 y 33 días por año para el resto). Para los empleados con salarios inferiores a 30.000 euros se le ofrecía un complemento indemnizatorio de 6.000 euros. Además para los mayores de 55 años se planteaba una prejubilación. En total hubo 356 adscripciones voluntarias y 47 salidas forzosas.
Entre los directivos también se tientan la ropa ante los potenciales movimientos. El primero que saldrá será el actual consejero delegado, Mario Vaz, que aterrizó en el primer trimestre de este año en sustitución de Colman Deegan. En el resto habrá cambios, según explican fuentes del mercado. En el caso de Euskaltel se ejecutó una 'purga' de más de una veintena de directivos con la llegada de José Miguel García, colocando a personas de su confianza. El comité de dirección llega con hasta una decena de cambios con todo un 'éxodo'.
Además de los recortes laborales, la compañía ha puesto sobre la mesa una serie de prioridades y medidas a afrontar tras su toma de control en 2024. Primero con la puesta en marcha de medidas de eficiencia como el recorte de los costes de adquisición de cliente; la implementación de mayores controles en la distribución; la renegociación de los contenidos audiovisuales; el uso de Lowi en el segmento de bajo coste para expandir la base de clientes, o la rebaja de la deuda incobrable. A esto suman también la venta de servicios mayoristas sobre su red -casi abandonados hasta ahora- o, en su caso, la venta o fusión de esa infraestructura fija a otro inversor. Entre ambas medidas prevén que, en el mejor de los casos, podrían recibir 3.500 millones de euros.
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