Las plantillas de Orange y Másmóvil se mantienen en guardia después de la autorización del Gobierno de España a la fusión que creará el mayor grupo de telecomunicaciones de este mercado por número de clientes. El 'pacto' para el mantenimiento del empleo en la futura fusionada con el Ejecutivo no implica de manera directa un veto a despidos. Los sindicatos siguen con inquietud y se muestran "expectantes" ante lo que significará en la práctica esos "compromisos suficientes" acordados con el Gobierno. Desde CCOO en España transmitieron su preocupación a la dirección del grupo Orange la pasada semana. Los equipos conjuntos de ambas firmas rondarán los 8.300 empleados.
Esta 'luz verde' regulatoria en base al llamado 'escudo antiopas' ha venido precedida de un proceso en el que no se han planteado unas concesiones específicas como sí se presentaron ante la Comisión Europea -venta de espectro o acuerdo de 'roaming' con la rumana Digi-. De las palabras del ministro de Transición Energética, José Luis Escrivá, se deduce que ha sido consensuado, con diversas reuniones en las que el departamento planteaba su visión sobre las inversiones a medio y largo plazo. Esto convertía el plan de inversión previsto en un 'remedie' en sí mismo.
Dentro de ese plan se incluye un compromiso de mantenimiento del empleo, pero que no se ha hecho público. El ministro optó por no desvelar más datos y lo calificó como "suficiente". Fuentes del Ministerio insisten en que no van a entrar en más detalles alegando la misma razón: son decisiones privadas de las empresas que, por confidencialidad, no se van a hacer públicas. En ningún momento se ha hablado de plazos, ni de vetos totales a despidos en los próximos años. Y esto ha hecho que los representantes de los trabajadores sigan manteniéndose alerta ante los movimientos que se sucedan en los próximos trimestres.
Desde CCOO en Orange ya trasladaron al departamento de Competencia de la Comisión Europea meses atrás la necesidad de exigir una garantía cuantificable de empleo para evitar los temidos despidos. También trasladaron por carta la inquietud tanto el ministerio dirigido por Escrivá, como al Banco de España y otros organismos. No sólo ante potenciales recortes de personal, sino ante la necesidad de mantener las condiciones laborales pactadas en los últimos años. Desde la dirección de la operadora francesa siguen insistiendo en que no hay nada sobre la mesa, al menos en el corto plazo. En UGT se muestran "expectantes" ante la traducción en el día a día de ese "compromiso suficiente".
Hace unas semanas, el consejero delegado de Orange en España y futuro responsable financiero del grupo fusionado, Ludovic Pech, intentó calmar a la plantilla. Señaló que los ahorros de 450 millones de euros a partir del año 2028 sólo se circunscribían a temas "industriales" -desde la unificación de redes a reducción de costes operativos- "y no sobre temas de empleo ni de plantilla". Pero en ningún momento se hablaba de potenciales recortes extra de trabajadores. En el caso de la teleco francesa firmó una garantía de que no se abordaría un proceso de despido colectivo durante los dos años siguientes al ERE pactado con los sindicatos a mediados de 2021 por lo que no existe limitación en este sentido.
En la plantilla de ambos grupos había una esperanza: que hubiera una fusión 'fría' a través de la joint venture. Los empleados se agarraban a que se mantenga esa unión con independencia de equipos y estructura, que evitaría duplicidades que llevarían a justificar una oleada de despidos. Queda por ver si no habrá integración relevante. Al menos el mensaje que se ha lanzado por parte de la consejera delegada global de Orange, Chrystel Heydemann, es que las sinergias en el terreno de los costes laborales arrancarán en el equipo directivo -donde precisamente habrá solapamientos importantes por esa unión-.
Ajustes directivos
Esos ajustes en las capas altas de los equipos se harán en esta primera fase de la unión. Hay que tener en cuenta que la 'joint venture' como tal empezará a funcionar previsiblemente entre finales de este mes de marzo y el mes de abril después de ejecutar los trámites menores aún pendientes. La sociedad holding para la fusión ya está constituida. A partir de ese momento se llevarán a cabo las integraciones de los equipos directivos de las diferentes áreas. No hay una previsión de cuántos de estos ejecutivos acabarán saliendo de la disciplina de ambos grupos. Los dos únicos movimientos que están cerrados y anunciados formalmente serán la designación de Meinrad Spenger -hoy CEO de Másmóvil- como primer directivo de la fusionada y de Ludovic Pech -hoy 'primer espada' de Orange- será el responsable financiero.
No hay datos totalmente cerrados y públicos de los empleados que convivirán bajo el techo de la 'joint venture'. Desde CCOO Orange estima que se situaría en los 8.300 trabajadores, sumando los 2.000 de Másmóvil con los de las filiales implicadas de la compañía francesa. La plantilla será muy relevante y se acercará a los algo menos de 13.000 de Telefónica a través de sus tres principales sociedades con las que opera en el país. Pero la realidad es que pasarán a gestionar una cartera mucho más grande de clientes -más de 30 millones de móviles y más de 7 millones de banda ancha- y un volumen de ingresos de más de 7.600 millones de euros en conjunto.
Los antecedentes de las últimas transacciones corporativas relevantes no invitan al optimismo entre los empleados. En el caso de Orange, la compra de Jazztel a mediados de la década pasada acabó en despido colectivo, al igual que sucedió con el mismo movimiento de Vodafone con ONO. La única excepción es Euskaltel, adquirida por Másmóvil tras una OPA en 2021. El cuarto operador se cubrió en el folleto de la oferta pública de adquisición y vinculó la ausencia de un ERE a las "condiciones de mercado". Finalmente sólo ha habido ajustes en los equipos directivos pero no se ha abordado en estos dos años y medio ningún recorte.
Zegona, el siguiente
El proceso seguido con Orange y Másmóvil va a convertirse en un 'estándar' de los procedimientos que se irán ejecutando a partir de ahora. El siguiente será el de la compra de Vodafone España por parte del fondo de inversión británico Zegona. En esta ocasión no es una fusión que implique el movimiento o la unión de redes y de infraestructuras críticas, sino el cambio de manos pero, eso sí, a un accionista internacional y de fuera de la UE.
En las últimas semanas se han mantenido contactos con el equipo directivo de la gestora para limar esos compromisos en un plan de inversión del mismo estilo -aunque obviamente con cifras muy diferentes- del pactado con Orange y Másmóvil. Y aquí habrá que ver qué compromisos de empleo se plantean. La operadora británica ha vivido cuatro EREs en la última década y desde los sindicatos temen que la presión de la deuda con la que se ha financiado la adquisición obligue a despidos relevantes -la futura dueña hablaba de salidas "selectivas" en su folleto-.
