Pese a que las grandes navieras arrancan los mejores meses de su ejercicio, las previsiones no son tan positivas respecto a lo esperado. El motivo no es otro que el alza del precio del combustible. Y entre las afectadas ya hay voces discrepantes contra las decisiones de la Administración, que ha dejado fuera de su decreto de revisión de precios, en contra de lo que sucede con los contratos de obras públicas. La situación afecta a acuerdos millonarios -algunos renovados este mismo año- de líneas marítimas regulares entre distintos puntos de la Península y las dos islas, Canarias y Baleares.
Las rutas señaladas se dividen en tres lotes que adjudica el Ministerio de Transportes a través de la Dirección de Marina Mercante y en situaciones habituales movilizan a más de 13 millones de pasajeros cada año, según los últimos datos oficiales. El principal lote es el que une los trayectos entre la Península y las Islas Canarias (como Cádiz-Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas -Huelva o Santa Cruz de Tenerife- Las Palmas). Le siguen los de la Península con Melilla, desde el sur de España (Málaga, Motril y Almería) y los que unen Algeciras y Ceuta.
Las empresas afectadas son las dos principales del sector: Baleària y Transmediterránea, propiedad de Naviera Armas. Fuentes del sector consultadas por La Información aseguran que el alza de los precios del combustible hacen inviable ahora mismo estos viajes y que la exclusión de estos acuerdos de la actual normativa de revisión de precios (Real Decreto 3/2022) complica la situación. El precio de los billetes vienen fijados en el contrato, con un precio máximo que no se puede sobrepasar.
El conflicto ha llegado al Senado, donde el Gobierno ha contestado a una pregunta del senador Carles Mulet, que planteaba si el alza del combustible podía alterar sensiblemente la viabilidad económica de las operaciones marítimas subvencionadas. "El contrato excluye expresamente la revisión de precios, así como la realización de modificaciones", aclaró el Ejecutivo sobre la adjudicación que Baleària había acordado en febrero. En su respuesta, añadía que la alternativa para la compañía era "aplicar las tarifas máximas", una opción que en el sector no convence por la evolución que ha tenido el precio del combustible.
Las mismas voces añaden que los problemas pueden pasar a mayores a partir del mes de septiembre. El negocio de las navieras está marcado por la estacionalidad en el tráfico de pasajeros, si bien los ingresos por carga rodada son más constantes. Tras el verano, estas empresas experimentan una caída en la ocupación de sus barcos, lo que se traduce inmediatamente en una pérdida de rentabilidad por trayecto.
Contratos de servicios, fuera del Real Decreto
La reclamación de sectores económicos para revisar el Real Decreto para revisar los precios de las obras públicas empieza a ser una constante. Sin dejar de lado el transporte, a esta reclamación se ha sumado Confebús, que ha cifrado la subida del precio del combustible en un agujero de 504 millones de euros para todo el sector. Para la patronal es necesario trasladar a la Administración que esta subida "desproporcionada y continuada" revela que es necesaria una revisión extraordinaria de las tarifas.
La semana pasada fue el turno de Acex, dedicada a la conservación de infraestructuras. Esta asociación, que representa a empresas como Ferrovial Servicios, Copasa o Comsa, se ha quedado sin la posibilidad de reequilibrar contratos públicos pese a haber sufrido también la inflación de los materiales de construcción (aluminio, cemento, o plásticos, entre otros). Su presidente, Pablo Sáez, ya alertó en febrero de esta discriminación frente a otros servicios.
Se ha sumado a esta reclamación incluso el sector consultor. A través de la Patronal de las Consultoras de Cataluña (ACEC), las compañías de servicios profesionales reclamaron medidas urgentes que fueran encaminadas a reformar la Ley de contratos del sector público, porque precisamente no contempla la revisión de las tarifas en los contratos de servicios. Su presidenta, Isabel Ordoyo, afirmó que el coste de llevar a cabo estos trabajos ha aumentado un 30% en los últimos años por varios motivos, como el encarecimiento del talento tecnológico o la subida del IPC. Esto, en su opinión, ha provocado que los precios de los contratos estén "obsoletos".
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