Una primera batalla como antesala de la 'guerra'. Másmóvil ha remitido a la Comisión Europea la última operación de venta de medio millón de hogares pasados con fibra en España a Onivia, el gestor de infraestructuras controlado por los fondos internacionales Macquaire, Aberdeen y AIP, por unos 200 millones de euros. Este expediente, que se lleva a cabo por la vía rápida con algo más de un mes para la resolución, es previo al estudio a fondo sobre la 'joint venture' al 50% con Orange, que se debería alargar durante al menos un año.
La notificación de la operación de la fibra, tal y como queda reflejado en el registro oficial de la Comisión, se produjo este mismo lunes, un mes después de la firma entre las partes. Se ha hecho a través del procedimiento simplificado. El organismo plantea como fecha tope provisional para tener una resolución el próximo 23 de noviembre. Todo apunta a que acabará en 'luz verde' pues no se trata de una concentración excesiva en el mercado. La gestora cuenta con más de 3,6 millones de hogares.
El mercado de la fibra óptica ha vivido una clara explosión inversora en los últimos tres años con la irrupción de gestores independientes y otros surgidos desde el seno de los propios operadores. Onivia es, precisamente, uno de los primeros. Este grupo se conformó tras la venta de cerca de un millón de hogares de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga en 2019. Dos años después, superó los 2 millones de emplazamientos después de adquirir una participación mayoritaria en una red de 1,1 millones del cuarto operador. Ahora llega la última transacción. Con esos 3,6 millones actuales representa aún un porcentaje muy minoritario en cuota de mercado total. Por ejemplo, Orange controla algo más de 16 millones.
Con esta transacción, Másmóvil vuelve a hacer caja con su red de fibra, justo antes de su fusión con Orange. No es la única operación que ha llevado a cabo este año 2022 para tratar de reducir parte de su deuda financiera. En verano alcanzó un acuerdo para vender el 51% de EKT Cable a un consorcio de inversores participado, entre otros, por el fondo de capital riesgo Inveready -capitaneado por el 'cerebro financiero' del cuarto operador, Josep María Echarri- o el 'family office' Onchena, también accionista de la teleco. Esa compañía de nueva creación aglutina los 2,3 millones de hogares desplegados por Euskaltel en el norte de España -de esos, 1,2 millones aún tienen cable, una tecnología que se tendrá que actualizar-.
Fusión con Orange, prueba de fuego
La fiebre de las torres de telefonía, con Cellnex, American Towers y grandes fondos sacando la chequera, ha dejado paso a la de las redes de fibra. Las gestoras de capital riesgo han invertido miles de millones para participar en el despliegue y explotación de la red fija. Telefónica vendió el 45% de su fibra rural por más de 1.000 millones de euros a Vauban y Predica. Ardian compró Adamo por 1.200 millones de euros hace ahora justo un año. Avatel comprometió otros 1.000 millones de euros por el 100% de Lytia Access, operador neutro mayorista.
Orange y Másmóvil han hecho la 'pre-notificación' de su fusión a Bruselas y esperan tener una respuesta definitiva después del próximo verano
Este examen de los técnicos de Bruselas será sólo un anticipo de la prueba de fuego que vendrá después. Tanto Másmóvil como Orange han presentado lo que se conoce como una 'pre-notificación' de su fusión a la Comisión este mes de octubre. Queda por delante todo un año en el que sus ejércitos de equipos legales deberán demostrar que realmente no serán necesarias medidas correctoras ante la importante concentración de mercado que implicará la 'joint venture' de ambos.
Ambas partes buscan esquivar al máximo esos 'remedies', que podrían dar al traste con la transacción. Concentrarán los esfuerzos en lo que han ido repitiendo una y otra vez en los últimos meses: el mercado español es especialmente competitivo, habiendo al menos otros tres operadores más además de la fusionada, con Digi como 'aspirante'. Pero no será nada fácil que escapen de alguna de esas medidas. Las ventas de activos de red -móvil o fija- o dar acceso preferente a terceros con contratos mayoristas regulados son algunas de las que se podrían poner sobre la mesa.
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