Másmóvil zanjó una inspección abierta por Hacienda a una de las filiales del grupo, hasta este el pasado mes de marzo controlado por los tres fondos de capital riesgo KKR, Cinven y Providence. La teleco abonó más de 7 millones de euros por el acta de liquidación levantada por la Agencia Tributaria y que fue firmada en conformidad. La compañía ha recibido una compensación de los antiguos accionistas de Lycamobile, protagonista del procedimiento, por la práctica totalidad de la cantidad. El grupo dirigido por Meinrad Spenger está a la espera del cierre en este segundo trimestre de una inspección más amplia para varias compañías del holding.
Durante el año 2022, la autoridad fiscal inició investigaciones fiscales en diversas compañías del grupo sobre los principales impuestos. No especifica, pero habitualmente se incluye aquí Impuesto sobre Sociedades e IVA junto a otros. Cubren varios periodos fiscales en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2020 -este último año fue el de la oferta pública de adquisición de los tres grandes fondos que acabó con su exclusión de la bolsa española-. Durante el pasado año se incorporaron al proceso otras firmas del holding, según queda reflejado en el informe anual consultado por La Información.
En una de esas inspecciones se puso el foco en Lyca, la operadora que adquirió en el año de la pandemia por 372 millones de euros y que está especializada en líneas de prepago. El dinero exigido suma 7,6 millones de euros entre el acta de liquidación y la multa. “Fueron aceptados por el grupo y totalmente pagados a 31 de diciembre”, aseguran en esa documentación. Desde la compañía aseguran que esa cantidad ha sido compensada en buena parte por los anteriores accionistas de la adquirida, pues previsiblemente se trata de impuestos no abonados principalmente en el periodo previo a la transacción.
El procedimiento general de la AEAT sigue su curso y, a cierre de las cuentas anuales presentadas ante el Registro Mercantil británico a mediados del pasado mes de marzo, aún no se había finalizado. El cuarto operador esperaba que estuviera concluido antes del próximo verano. No hace ninguna mención a qué impuestos corresponde este primer desembolso ni si del resto de la inspección esperan que surjan nuevos pagos. En las cuentas no se refleja ninguna provisión respecto a los temas fiscales.
Otros dos frentes
Hoy por hoy cuenta con otros dos frentes fiscales relevantes abiertos. Uno de esos frentes procede de una inspección de 2015 a la filial Xtra Telecom -adquirida por Másmóvil un año antes-. Esta no está cuantificada, pero básicamente porque corresponde a un periodo previo a la compra y, por tanto, es responsabilidad de sus anteriores administradores. Sucede algo parecido al caso de Lyca. No tendría impacto en las cuentas.
El otro arrancó en febrero de 2021. Correspondía también a Xtra Telecom y a Quantum -también adquirida en 2014- sobre el IVA. La AEAT corrigió el impuesto por compensaciones. En mayo de 2022, el grupo interpuso recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo español que no accedió a sus reclamaciones sobre los acuerdos de liquidación y sancionadores correspondientes a las dos empresas. Para la primera sumaban 2,2 millones de impuestos no abonados y 980.000 euros de sanción, mientras que los de la segunda eran de 1,3 millones más 578.000 euros.
Tanto este último proceso respecto al IVA de Xtra Telecom, cuya sentencia aún no se ha formalizado por parte de los magistrados de la Sala de lo Contencioso, como las potenciales consecuencias del resto de la inspección al grupo que se cerrará próximamente se tendrán que dilucidar y abordar ya bajo el paraguas de la nueva entidad fusionada, que ha tomado el nombre de Masorange. Esos 7,6 millones de 2023 fueron saldados antes de completar esa ‘joint venture’.
En contraste con estas pugnas, el grupo logró a mediados del año pasado su primer gran victoria del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), como avanzó La Información. Recibió la primera sentencia favorable, lo que permitía acariciar una devolución fiscal de casi 7 millones de euros. Como hicieran otros de sus rivales, alegó que el epígrafe de 'Servicios de Telefonía Móvil' constituye un tributo sectorial específico sobre esa actividad que, por su características, incide en el régimen de autorización general regulado en la directiva europea, al establecer condiciones adicionales para el acceso al mercado. Esto obliga a ajustarse a unas limitaciones, algo que no sucede. "Es arbitrario por discriminatoria", concluye. Los jueces le dieron la razón al igual que al resto de operadores en un goteo incesante de sentencias.
Antes de la fusión
Al margen de los pleitos fiscales, la compañía preparó a mediados del mes pasado el terreno societario para la fusión con Orange. Convirtió en reservas distribuibles algo más de 2.000 millones de euros de prima de emisión antes de la distribución del ‘megadividendo’ entre sus accionistas aprobado en la joint venture -y el bonus a la cúpula y parte de la plantilla-. Colocaba en la rampa de salida este dinero para que pudiera ser distribuido entre los accionistas, entre los que están los fondos de capital riesgo y otros socios históricos como la familia Ybarra o la gestora de capital riesgo española Inveready.
La pasada semana ya se formalizó la unión de las dos compañías bajo el paraguas de Masorange. El nuevo grupo, líder absoluto por número de clientes con más de 30 millones de líneas móviles y 7 millones de fijo, se ha comprometido a la inversión de 4.000 millones de euros en los próximos tres ejercicios, especialmente destinados para el despliegue de fibra, pues espera alcanzar otros 5 millones de hogares en el país. La compañía, dirigida por Meinrad Spenger, ha elevado hasta los 500 millones de euros las sinergias previstas a partir del cuarto año y ha decidido no repartir más dividendos en el medio plazo en su compromiso para reducir los 12.500 millones de euros de deuda bruta con los que nace.
