La inflación no perdona a ningún sector económico. El de la construcción está sufriendo el alza de costes en los materiales hasta el extremo de ver peligrar la continuidad de muchos de sus proyectos. El miedo se ha trasladado a las empresas que trabajan para la Comunidad de Madrid (CAM) y para el ayuntamiento de la capital, señalados por ser una excepción entre toda la administración al negarse a revisar los contratos firmados y actualizarlos al nivel de precios actual. En juego está ahora mismo continuar con las obras de 1.300 viviendas, según trasladan distintas fuentes consultadas por La Información.
La cifra corresponde a un total de 15 promociones que adjudicó en 2020 y 2021 la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de la Comunidad de Madrid a compañías que se presentaron en solitario o a través de uniones temporales. Estas obras se reparten principalmente entre dos distritos, el de Vicálvaro y el de Puente de Vallecas. La empresa pública dependiente del Área Delegada de Vivienda del consistorio ya ha sido informada de estas quejas por parte de las empresas encargadas de los proyectos (Nuestra Señora de los Ángeles o La Rosilla, por ejemplo).
Los contratos de estas obras, que suman más de 150 millones de euros en volumen licitado, podrían suspenderse o resolverse "por causas no imputables a los contratistas", argumentas las empresas. Esta decisión se traduciría en una pérdida de empleo significativa en el sector. Hay que recordar que la construcción representa casi el 10% del PIB en España y da empleo a cerca de 1,3 millones de personas.
La queja de las constructoras llega en una semana de tensión entre la patronal y el Ejecutivo regional. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) no dudó este martes en señalar que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está provocando el cierre de pymes constructoras que trabajan para sus entidades públicas y ayuntamientos. Negarse a compensar el alza de los precios de los materiales -tampoco lo ha hecho Cantabria y Navarra-, en su opinión, "pone en riesgo la ejecución de los contratos públicos".
A esta cascada de reproches también se han unido los partidos de la oposición. Vox y el PSOE han coincidido al llevar ante la Asamblea de la Comunidad de Madrid una proposición no de ley (PNL) para evidenciar que el Gobierno regional debe revisar los precios de los contratos públicos. La iniciativa salió adelante en el pleno del pasado 9 de junio, aunque no tiene fuerza jurídica.
La medida eficaz es que el Gobierno de Madrid se adhiera a las medidas del real decreto de revisión de precios en los contratos públicos de obras aprobado por el Gobierno de España el pasado marzo en el Consejo de Ministros. El texto fue defendido por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en el Congreso de los Diputados dos semanas después, cuando fue reafirmado. En opinión del Ejecutivo, esta medida provocaría tres efectos positivos: una disminución del número de resoluciones de contratos, una reducción de la litigiosidad y un incremento de la ejecución presupuestaria.
Licitaciones desiertas
Las empresas constructoras llevan tiempo alertando que la subida de precios les ahoga. A principios de año, la CNC presentó un estudio en el que demostraba que aproximadamente 500 licitaciones públicas se habían quedado desiertas en España durante los últimos meses por el desajuste entre las condiciones ofertadas y los costes del mercado. Por comunidades, Cataluña y Galicia encabezaban este ranking, con 200 y 96 licitaciones sin adjudicar, respectivamente, y les seguían Asturias y País Vasco.
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